El Gobierno de Estados Unidos sumó este martes otra acción como parte de su agresividad hacia Venezuela con sanciones a tres individuos y 16 entidades en diferentes países.
Washington impulsa diversos pasos para sacar del poder al presidente constitucional venezolano, Nicolás Maduro, reelecto en mayo de 2018 con el 68 por ciento de los votos.
Desde enero pasado, la administración del gobernante norteamericano, Donald Trump, reconoce a Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional venezolana, parlamento en desacato, y quien se autoproclamó mandatario en funciones.
Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por siglas en inglés) del Departamento del Tesoro agregó a su unilateral lista de castigados a los colombianos Amir Luis y Luis Alberto Saab, y David Enrique Pulido.
Los dos primeros y el último son hermanos e hijo, respectivamente, del empresario Alex Saab Morán y Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por dicha entidad.
Según señaló entonces un comunicado de la OFAC, Saab Morán es un ‘aprovechador que orquestó una vasta red de corrupción la cual permitió a la administración de Maduro beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela’.
También, conforme a la misma fuente, entregó presuntamente dinero a otros castigados (Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores) a cambio de acceder a contratos con el Gobierno venezolano, incluido su programa de subsidios alimentarios.
La mayoría de las empresas perjudicadas este martes, con vínculos con Saab Morán, son de Colombia, incluidas Manara S.A.S., Alamo Trading S.A., Antiqua del Caribe S.A.S., Avanti Global Group S.A.S., y Global Energy Company S.A.S.
Igualmente en la relación de afectadas aparecen la italiana Gruppo Domano S.R.L., y las panameñas Fundación Venedig, Inversiones Rodime S.A., Techno Energy, S.A., y Dimaco Technology, S.A.
Por tal medida, impuesta antes a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Maduro, incluido el propio presidente, estos individuos y entidades tendrán bloqueados sus supuestos activos en territorio estadounidense.
Asimismo, se prohíbe a los ciudadanos y los organismos norteamericanos tener relaciones con ellos.
Reiteradas veces, el Gobierno constitucional de Caracas denunció la injerencia de Washington y sus esfuerzos para derrocar a Maduro, así como la guerra económica contra el pueblo venezolano.
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