El paso en falso de Bachelet

El debate en torno al Informe sobre la situación en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitó ese país en la última decena de junio al frente de una comisión del organismo, peca de parcializado, injusto y subjetivo y ha recibido al menos 70 señalamientos críticos y objeciones por parte de las autoridades de la República Bolivariana, las que dejan entrever la mala fe de la ex-mandataria chilena.

Para este redactor, no se trata de ejercer crítica gratuita desde una distancia de miles de kilómetros, pues si bien nunca hemos tenido la oportunidad de ir a la patria de Bolívar y Chávez, hemos conversado en cambio con infinidad de parientes y amigos que han cumplido misión en la nación suramericana y han servido de fuentes de primera mano para hacernos un juicio lo más objetivo posible acerca de lo que ocurre en la nación suramericana. Por si fuera poco, venimos siguiendo el tema desde hace años y utilizando distintas fuentes.

Por contraste, si se suman todas las estadías de la Bachelet en la tierra de Rómulo Gallegos, no llegan siquiera a 15 días, período harto exiguo para conocer la realidad de un país de 24 millones de almas y 900 000 kilómetros cuadrados de extensión, sumido en una problemática harto compleja, donde la oposición de derecha es hoy día dirigida y financiada desde el exterior.

La alta funcionaria, proveniente de un sector “moderado” de la burguesía chilena, en cambio, ha pasado últimamente gran parte de su tiempo, exceptuando sus dos períodos presidenciales, en funciones en el exterior, entre Ginebra, Suiza; París, Londres y Nueva York, “nutriéndose” día a día de la basura mediática que cunde las cadenas informativas en Europa y Estados Unidos con una montaña de calumnias, mentiras y tergiversaciones acerca de lo que ocurre en Venezuela, lo que pudo haber influido en los prejuicios que la animaban cuando pisó tierra en Maiquetía.

En lo que toca al informe elaborado por Bachelet y sus asesores —habría que ver con lupa quiénes son estos burócratas—, se observan ya de inicio dos aspectos básicos que sobran para incitar a su cuestionamiento: uno es que el 82 por ciento de las entrevistas que le sirvieron de base fueron realizadas fuera del país a emigrados morochos, los que, por razones obvias se sitúan entre los opositores del gobierno y basan la ayuda que reciben en la proyección de su papel de víctimas del chavismo; el otro es que la Bachelet y compañía apenas tuvieron en cuenta los datos que les aportaron las autoridades.

Mejor dicho, si tuvieron en consideración esas informaciones y estadísticas, pero solo en la parte en que el gobierno reconoce cifras de víctimas de las guarimbas, los desórdenes, intentos de golpe de estado, sabotajes y demás, que esa oposición que ella defiende, viene realizando casi impunemente, prácticamente desde el momento mismo del triunfo chavista hace dos décadas.

Si fuésemos a fundamentar esa impunidad que ha rodeado los graves actos de sedición y atentado contra los poderes estatales y la seguridad nacional de la oposición extremista, iniciados ya en los primeros años del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y que culminaron con el intento de golpe de estado en abril del 2002, diríamos que con muy pocas excepciones —si hubo alguna— los confabulados, empezando por el “presidente” Pedro Carmona Estanga escaparon al castigo y huyeron al exterior, como fue el caso de muchos altos militares y el entonces titular de Fedecámaras.

Otros como el eterno candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Enrique Capriles, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma y Leopoldo López, liderzuelo del Partido Voluntad Popular, han estado presos con sanciones variables y distintos grados de rigor, para terminar liberado en el primer caso y fugitivos en los dos ejemplos restantes, en abuso de la condición de prisión domiciliaria de que disfrutaban últimamente.

Siempre utilizando de manera sesgada los datos oficiales, Bachelet y su equipo documentaron 66 muertes durante las protestas opositoras ocurridas entre enero y mayo del 2019 y alegan: “de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos —grupos de militantes oficialistas—, de acuerdo con un comunicado que acompaña la publicación del Informe.

La subjetividad llega al cénit cuando la Alta Comisionada se refiere a presuntas ejecuciones extrajudiciales —que no le fueron informadas por autoridad alguna— que ella atribuye a las fuerzas de seguridad, en especial a Fuerzas Especiales, y comenta que su proporción “ha sido sorprendentemente elevada”.

Pero los señalamientos críticos alcanzan alturas olímpicas cuando el citado documento plantea que “en 2018 el Gobierno registró 5287 muertes”, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones, y añade que “entre el primero de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno”.

Lo primero que salta a la vista es la omisión que hace Bachelet del hecho de si se trata de opositores ultimados en el curso de guarimbas, saqueos, y desórdenes armados provocados por la oposición recalcitrante, como el operativo en el cual resultaron muertos el expolicía que bombardeó el Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero hace algún tiempo, y algunos de sus secuaces; o, por el contrario, se incluyen también los fallecidos por riñas, crímenes pasionales, robo a mano armada, vendetas entre mafiosos y otros procederes que clasifican como delitos comunes.

Resulta preciso hacer notar que, en el caso de Venezuela — como en el de Colombia, como en el de Brasil, como en Honduras, Guatemala, México y el Salvador—, existe un alto índice de criminalidad, derivado de la violencia imperante y de las difíciles condiciones de vida, pero a ella eso no le importa cuando plantea que la profunda crisis económica que atraviesa Venezuela “ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros”.

El informe señala que, si bien la crisis “comenzó mucho antes” de que se le impusieran al país sanciones, las últimas, vinculadas a la exportación de petróleo, “están agravando aún más sus efectos”, pero en cambio la Alta Comisionada no pide ni exige por ningún lado que esas criminales medidas de estrangulamiento, que incluyen la apropiación de la empresa venezolana Citgo en Estados Unidos y el congelamiento de activos por valor de más de 30 000 millones de dólares, sean restituidos a Caracas para que pueda invertirlos en aliviar su economía y mejorar la alimentación y la salud del pueblo.

Conjuntamente, la Bachelet debe exigir al Reino Unido que le devuelva a Venezuela los 1 200 millones de dólares en oro congelados en el Banco de Inglaterra en un guiño de complicidad servil a Washington —como en el caso de Assange—, y a Portugal que haga lo propio con otros 1 200 millones retenidos en una de sus principales casas bancarias. ¿Acaso sería pedir mucho a alguien que cuando estuvo en la presidencia de su país y definiéndose socialista reprimió con saña a los estudiantes y al pueblo mapuche mientras convivió con la herencia pinochetista, olvidando que su padre, el general Bachelet, murió torturado en las mazmorras del régimen de Augusto Pinochet a poco del 11 de septiembre de 1973?