Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Aunque Donald Trump manifestó durante su campaña presidencial que si era electo a la Casa Blanca cambiaría muchas de las cosas hechas por la administración de Barack Obama, y que entre ellas se incluían aspectos de la política hacia Cuba, pocos pensaron que el millonario ultraderechista llegaría tan lejos en el torpedeo de las relaciones entre la ínsula antillana y la superpotencia, en parte ya restablecidas.
Pero Trump, mal asesorado por un entorno donde se mueven personajes como Marco Rubio, acérrimo anticubano de ese origen; Mario Díaz-Balart, también congresista cubano-americano de extrema derecha, y otros que en fecha reciente se sumaron al actual gobierno, como el ultra halcón John Bolton, asesor de Seguridad Nacional, y Mauricio Claver-Carone, a cargo de las relaciones hemisféricas, ha dado un giro de 180 grados al enfoque del tema Cuba, sustituyendo la negociación por la confrontación.
De ahí sus medidas restrictivas hacia los viajes de norteamericanos a la isla, las trabas interpuestas al incipiente comercio, las sanciones hacia un grupo de entidades cubanas, el caso prefabricado de los supuestos ataques sónicos a personal diplomático norteamericano en La Habana y la retirada de la mayor parte de esos funcionarios, sin que se haya podido precisar la magnitud de los virtuales daños físicos, ni conversar con los hipotéticos afectados, etc., etc.
En este contexto de actos hostiles sucesivos, se ha añadido una amenaza aún más grave: la de poner en vigencia el título III de la Ley Helms-Burton, de marzo de 1996, cuya aplicación sucesivos presidentes, incluido William Clinton —el cual la promulgó—, habían venido postergando cada seis meses, debido a su reconocido carácter extraterritorial, rechazado incluso por aliados cercanos de Estados Unidos, que amenazaron con habilitar leyes antídoto para blindarse de sus perniciosos efectos.
Pero, a mediados de enero del 2019 el señor Trump decidió reducir ese plazo de suspensión hasta una cuarta parte; es decir, de 180 días a 45, amenazando de paso con dejar que se torne plenamente vigente, lo que arreciaría el bloqueo a niveles prácticamente inaceptables, incluso para naciones muy allegadas a la superpotencia.
La medida, como es lógico, fue rechazada inmediatamente en duros términos por el Gobierno cubano, cuyo canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, la calificó de “chantaje político y hostilidad irresponsables” con el objetivo de fortalecer el cerco que por casi 60 años le ha costado a la isla perjuicios cuantificables por más de 134 499 800 000 dólares, aproximadamente. Según la agencia noticiosa Prensa Latina, el ministro cubano de Relaciones Exteriores también la consideró un “brutal ataque al derecho internacional y a terceros Estados”.
El veneno contenido en esta ley destinada a infligir daños enormes a un pequeño país vecino por medio del cierre económico casi total —solo concebible en tiempos de guerra y diseñada para provocar su colapso y cambiar su régimen—, se pone de manifiesto cuando se conoce que, según este engendro jurídico extraterritorial, cualquier ciudadano estadounidense afectado por las nacionalizaciones realizadas en Cuba en los años 1959 y 60 puede demandar en tribunales norteamericanos a nacionales y empresas de terceros países que “trafiquen con propiedades” que algún día fueron suyas o de sus ancestros.
Pero esta ponzoñosa ley aparece aún más disparatada y cavernícola cuando se conoce que entre las personas naturales que pueden reclamar ante cortes yanquis la devolución de lo que fueron sus propiedades en la isla figuran aquellas que cuando sus bienes resultaron confiscados aún no tenían la nacionalidad yanqui, lo que significa una aberrante trasgresión jurídica, puesto que a la luz del derecho internacional no se acepta el carácter retroactivo.
Es evidente que con la reducción del período de suspensión del Título III de la Helms-Burton a solo 45 días se busca presionar a entidades foráneas que tienen lazos económicos e inversiones en Cuba para que salgan de ellas o dejen de invertir en el país, mientras se disuade a otras para que no inviertan en el promisorio archipiélago para torpedear sus planes de desarrollo económico.
Para los observadores internacionales resulta más que evidente que la actual administración de la Casa Blanca se ha embarcado en una campaña a fondo contra todo lo que signifique democracia y progresismo en el continente, llevado por una proyección monroísta que, en el caso de Cuba, revive el llamado Destino Manifiesto y la anacrónica política de la fruta madura, basado todo en el fatalismo geográfico.
¿Pensarán Trump y compañía que pueden lograr en los tiempos actuales de renacida multipolaridad lo que no lograron Reagan y Bush durante sus gobiernos extremistas? ¿Creerán Trump y su pandilla que el pueblo cubano estará dispuesto a volver a ser parias en su propio país, los campesinos a perder sus tierras, los obreros a perder sus talleres y fábricas, los niños a perder sus escuelas, los jóvenes a que les cierren las universidades, los ancianos, desvalidos y pobres a ser dejados en la indefensión para que vengan millonarios yanquis a pisotear por doquier derechos y libertades inalienables? Eso es impensable.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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