En medio de marchas, gobierno de Ecuador mueve su sede a Guayaquil

A la ciudad portuaria de Guayaquil se trasladó este lunes la sede del Gobierno de Ecuador, donde se cumplieron ya cinco jornadas de protestas contra medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.

El anuncio lo hizo, en cadena de radio y televisión, el mandatario desde la urbe costera, donde se encuentra junto al vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

La decisión se tomó en momentos en que este país andino vive una situación tensa, debido a paros y manifestaciones resultantes del anuncio, el pasado 1 de octubre, de un paquete de reformas tributarias y laborales, en su mayoría, perjudiciales para las personas con menos ingresos.

En su alocución, el jefe de Estado reiteró que no dará marcha tras en la determinación de poner fin al subsidio de la gasolina extra y el diésel, principal medida que provocó la salida a las calles de organizaciones sociales, gremios de trabajadores y estudiantes universitarios.

‘La eliminación del subsidio es una decisión histórica que quita de las manos a contrabandistas cientos de millones de dólares (?) Esa decisión asegura que la economía esté sana y la dolarización protegida’, aseguró.

Al respecto, insistió en que, según él, aunque parezca duro, el Gobierno ‘hizo lo correcto para el país’.

En su mensaje a la nación, Moreno se refirió además a actos de violencia y saqueo, reportados durante las cinco jornadas de movilizaciones, los cuales, dijo: ‘demuestran una intención política de desestabilizar al gobierno y romper el orden democrático constituido’.

El cambio de sede del gobierno tuvo lugar pocas horas después de que las Fuerzas Armadas evacuaron el Palacio de Carondelet, donde radica la presidencia, según dijeron a trabajadores y comunicadores que esperaban una rueda de prensa del mandatario, por motivos de seguridad.

Corte Constitucional reduce lapso del estado de excepción

La Corte Constitucional de Ecuador resolvió reducir de 60 a 30 días el estado de excepción declarado por el presidente Lenín Moreno, a nivel nacional, en medio de protestas contra disposiciones económicas recientemente anunciadas.

La medida fue oficializada mediante un informe de constitucionalidad del Decreto 884, luego de ser analizada y contar con el aval de los ocho jueces que forman parte de la instancia.

‘La declaratoria regirá únicamente por un plazo de 30 días. En consecuencia, las medidas de limitación y suspensión se aplicarán con respecto a los derechos a libertad de asociación, reunión y libre tránsito, así como las requisiciones necesarias’, indicó el reporte.

Según el texto, las disposiciones serán necesarias, idóneas y proporcionales, si permiten cumplir los objetivos del estado de excepción, no afectan el derecho a la protesta pacífica, reconocido en la Constitución y se desarrollan en el marco del uso de la fuerza, de manera necesaria, proporcional y progresiva por la policía y, complementariamente, las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, la Corte demandó a ambas instituciones, ‘el cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derechos de los periodistas y medios de comunicación, de los organismos e instituciones de asistencia humanitaria, así como la de la ciudadanía en general’.

Finalmente, recordó que de acuerdo con la carta magna, los servidores públicos serán responsables por cualquier abuso cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del Estado de Excepción’.

En Ecuador se viven días de tensión desde el pasado 1 de octubre, cuando el jefe de Estado anunció reformas tributarias y laborales, algunas de las cuales serían oficializadas mediante decreto, mientras el resto estaría sujeto a la aprobación de la Asamblea Nacional.

La situación empeoró el jueves 3 de octubre, con la entrada en vigor del Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y el diésel, lo cual desató un paro de transportistas y manifestaciones populares, que se han extendido hasta esta jornada y prevén mantenerse, inicialmente hasta el miércoles, cuando está pactada una huelga nacional.

Movimientos sociales, gremios de trabajadores, estudiantes universitarios y población en general, unidos a las movilizaciones, coinciden en que las medidas responden a condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para conceder un crédito de cuatro mil 200 millones de dólares al Estado y las definen como neoliberales y un paquetazo contra los más pobres.