Todo indica que los frutales dejaron de ser un cultivo más dentro de la campiña espirituana y mucho ha tenido que ver en ello la creación del movimiento que integra las 19 cooperativas con mayores potencialidades para su desarrollo, las que siembran el 32 por ciento del área total destinada a esos renglones en el territorio.
A nivel nacional este programa figura entre las prioridades del sector agrícola e, incluso, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el país siguen de cerca su comportamiento a raíz de la importancia económica y nutritiva de las frutas, toda vez que integran la nómina de los alimentos más sanos, cuentan en el abastecimiento del mercado turístico en virtud de reducir compras en el exterior y está en pie el interés de exportarlas como vía directa para obtener ingresos.
De dicha prioridad derivó la creación del Grupo Nacional de Frutales, estructura del Ministerio de la Agricultura encargada de encauzar el fomento de los diferentes cultivos y evaluar a escala territorial los aciertos y vicisitudes del programa, tal como aconteció recientemente en Sancti Spíritus al recibir la primera mirada oficial a dicho esquema de trabajo y de donde se derivó que esta actividad en la provincia fuera calificada de Regular.
Para empezar, puede decirse que dicha nota guarda cierta correspondencia con la realidad de los frutales a nivel de campo, pero me atrevo a asegurar que si la evaluación hubiese mirado a fondo la arista de la inestable comercialización destinada al pueblo, los altos precios que pagan los clientes para comerse una guayaba, una piña o una frutabomba y pulsado los criterios al pie de las tarimas, tal vez la calificación hubiese sido más baja.
Si bien Sancti Spíritus no está en cero en materia de producir frutas para el Turismo, garantizar pulpas y reducir la importación de conservas, también es cierto que falta mejorar el manejo tecnológico de los cultivos, rejuvenecer las plantaciones, acercar insumos y regadío a los campos; propósitos que no dependen solo del territorio, de ahí que el país da pasos para dotar al programa de un aseguramiento de recursos que, hasta ahora, ha sido discreto.
Mientras llegan las mangueras, las motobombas, los fertilizantes, los tractores y las tijeras de podar, por solo citar algunos ejemplos, muchas acciones pueden acometerse a nivel de terreno, entre ellas el riego por aniego, que no es lo más saludable para el suelo, pero del lobo un pelo.
Particular énfasis pusieron los especialistas en la agrotecnia de los cultivos, en el manejo de la poda para buscar mayor rendimiento de la planta y facilitar la recolección. Inclusive, prevaleció un criterio técnico: “Es preferible detener la siembra de nuevas plantaciones si no hay recursos para podar”.
De manera que avivar los frutales para consumirlos con más regularidad —como sucedió en décadas anteriores—, abastecer mejor el sector turístico y exportar no será asunto que pueda resolverse de hoy para mañana; sin embargo, hay que prestar más atención al escalonamiento de los cultivos, a los niveles productivos actuales, sus destinos y evitar que se pierdan inexplicablemente producciones en los campos, como reconocen directivos y especialistas del territorio.
Se impone mejorar la eficiencia de la cosecha y, sobre todo, la comercialización, pues basta el ejemplo que conoció Escambray en fincas productivas de La Sierpe, donde se quedan en los campos o se envían a provincias vecinas de Sancti Spíritus producciones de guayaba y frutabomba “porque Acopio solo recoge la pintona o la rayona —respectivamente—; las maduras, no”, según alegaron directivos de la Empresa de Granos Sur del Jíbaro. En cambio, en muchas tarimas estatales de la provincia esas ofertas están muy deprimidas.
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