A la par de la aprobación de una ley electoral transitoria y las maniobras para legitimar el golpe de Estado, las autoridades de facto arrecian hoy la persecución contra figuras del depuesto gobierno de Bolivia.
El Ejecutivo
de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez ordenó este lunes a
través de la Fiscalía la aprehensión del exministro de la Presidencia Juan
Ramón Quintana, a raíz de una denuncia presentada en su contra por los
supuestos delitos de terrorismo, instigación a delinquir y sedición.
Las autoridades golpistas responsabilizan a Quintana de promover hechos de
violencia, en referencia a las espontáneas manifestaciones populares suscitadas
en varias regiones de la nación sudamericana en rechazo a la asonada
cívico-militar que dio al traste con el mandato de Evo Morales.
Apenas tres días después del fatídico 10 de noviembre en que Morales anunciara
su renuncia bajo coacción de las Fuerzas Armadas, y para evitar enfrentamientos
fratricidas en el país, el nombrado ministro de gobierno Arturo Murillo anunció
el inicio de una ‘cacería’ contra Juan Ramón Quintana, cuyo paradero actual se
desconoce.
La orden de aprehensión contra quien fungiera como ministro de la Presidencia
de Evo Morales durante tres períodos (2006-2010, 2012-2017, 2019), además de
embajador en Cuba (2017-2019), confirma las pretensiones de los golpistas de
criminalizar a los exponentes del anterior gobierno, incluido el depuesto
mandatario.
Tras la ruptura del orden constitucional en Bolivia, Morales devino objetivo de
la persecución política y judicial por parte de las autoridades de facto, que
adelantó un proceso penal contra el líder indígena por los presuntos delitos de
sedición y terrorismo, entre otros.
La administración de Jeanine Áñez basó su acusación en la grabación de una
supuesta conversación telefónica entre el dignatario y un dirigente social.
‘Denuncio al gobierno de facto en Bolivia por crear un montaje con intención de
hacerme un juicio internacional’, precisó Morales a través de la red social Twitter.
‘A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía
les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y
grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no
hay investigación, responsables o detenidos’, agregó.
Un juzgado de instrucción penal envió a la cárcel al vicepresidente del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, por supuesto uso indebido de
bienes del Estado, ‘sin pruebas ni argumentos jurídicos’, de acuerdo con la
denuncia formulada por Morales en las redes sociales, en otro evidente caso de
persecución política.
De acuerdo con analistas, todo apunta a una estrategia de restar liderazgo y
organización a las fuerzas progresistas de cara a un eventual proceso
electoral, en fecha aún por definir.
‘En Bolivia habrá elecciones, Áñez prolongará usurpación más tiempo, persiguen
a dirigentes (…), se pide garantías para Morales que Áñez niega ¿Cómo rearmar
fuerzas y unidad para las elecciones y ganar?’, señaló el sociólogo y
periodista argentino Marco Teruggi.
La persecución de los líderes sociales y la criminalización de las protestas
contra el golpe de Estado, contrasta con la impunidad reinante en torno a la
ola de violencia desatada por la derecha tras los comicios del 20 de octubre,
así como la brutal represión que dejó al menos 30 fallecidos tras el
derrocamiento de Evo Morales.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció este
lunes el testimonio de víctimas en la localidad de Sacaba, Cochabamba, donde el
empleo desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el Ejército ?con
el empleo incluso de armamento letal- ocasionó la muerte de nueve personas el
15 de noviembre.
El vicepresidente de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba, Andrónico Rodríguez, aseveró que se trató de una ‘masacre’, como la
ocurrida después en la localidad de El Alto, otro de los principales focos de
resistencia popular contra la asonada golpista.
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