El Gobierno venezolano apuesta hoy por una salida pacífica a la crisis política que vive el país, frente a la presión de las fuerzas opositoras, empeñadas en desafiar al poder por encima de las leyes vigentes.
En ese sentido, el Ministerio Público del país sudamericano reveló esta semana las cifras de implicados en el intento de magnicidio contra el alto mando político y militar, en 2018, y en el fallido golpe de Estado de abril de este año.
De acuerdo con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, la lista asciende a 72 procesados e incluye nombres de diputados, líderes opositores y otros calificados como desertores.
Como resultado de las pesquisas del atentado contra presidente Nicolás Maduro, el 4 de agosto último, se han imputado 38 personas, 31 privadas de libertad y siete con medidas sustitutivas, reveló en conferencia de prensa.
Por otro lado, apuntó, por las acciones golpistas permanecen otros 34 individuos bajo investigación, de los cuales 17 están detenidos e imputados por su vinculación en la denominada Operación Libertad, comandada por los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
Este año ha estado marcado por acciones desestabilizadoras, subrayó Saab durante un balance de la gestión del Ministerio Público, a la vez que enfatizó que cada uno de los responsables serán juzgados por dichas acciones.
Los señalamientos del fiscal coinciden con el reclamo de las autoridades gubernamentales, quienes advierten la necesidad de respetar las leyes constitucionales para lograr un acercamiento político transparente.
En este complejo escenario, este viernes la cancillería de Caracas confirmó la visita oficial al país sudamericano de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entre el 19 y 21 de junio.
La también expresidenta chilena había anunciado desde el mes de marzo su intención de viajar a Venezuela, fecha en que un equipo de expertos de su oficina arribó al país como enviados.
Tras el anuncio, el Gobierno recordó en un comunicado que la llegada de la alta funcionaria responde a la invitación realizada por el propio Maduro desde el pasado 26 de noviembre de 2018.
De acuerdo con el texto, Bachelet podrá constatar las repercusiones negativas generadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, en clara violación del derecho internacional y de los instrumentos de derechos humanos.
Por su parte la Oficina de la alta comisionada adelantó que su agenda prevé encuentros con figuras del Gobierno y la oposición para tratar la crisis política, agravada con la autoproclamación como mandatario encargado de Juan Guaidó en enero último.
Bachelet tendrá reuniones con autoridades del poder jurídico, la Asamablea Nacional -Parlamento en desacato desde 2016- y la Asamblea Nacional Constituyente.
Asimismo, el ente añadió que el itinerario incluirá contactos ‘con víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos y con sus familiares’.
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