Informe oral de Bachelet sobre Venezuela genera preocupación

La actualización oral del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, generó hoy preocupación por la subestimación de los efectos de las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela, destaca la cancillería.

Organizaciones sociales como Sures expresaron que el reajuste del documento, presentado la víspera por Bachelet ante la Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, volvió a invisibilizar la voz de muchas instituciones, cuyas opiniones son más imparciales que aquellas con grandes financiamientos por parte de gobiernos y fundaciones extranjeras.

De acuerdo con Sures, la alta comisionada insiste en que las medidas coercitivas unilaterales contra la población venezolana son recientes, cuando en realidad comenzaron a ejecutarse hace cinco años, con la aprobación en diciembre de 2014 de la Ley 113-278 del Congreso de Estados Unidos, la cual impuso el bloqueo económico, financiero y comercial contra el Estado venezolano.

La organización social de derechos humanos manifestó también que Bachelet comentó sobre la situación económica venezolana sin incluir referencia alguna al impacto de las medidas unilaterales sobre las actividades petroleras, auríferas y financieras del país sudamericano.

De igual forma, llamó la atención la referencia de Bachelet a ciertos casos de afectación al derecho a la salud, con la omisión de señalar el impacto de las medidas coercitivas en la protección de este derecho.

Al respecto, la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, reiteró su preocupación por los niños con leucemia que no han podido recibir sus trasplantes de médula ósea.

Lo anterior sucede debido a que los bancos se niegan a hacer las transferencias necesarias para el pago de estos tratamientos por temor a ser sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Durante su intervención, Bachelet mencionó que de los 39 casos presentados por Fundalatin sobre los niños con necesidad de trasplantes de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica.

Por otra parte, la presidenta de Fundalatin exhortó a la alta comisionada a exigir justicia para Orlando Figuera -joven linchado y quemado vivo por sectores antigubernamentales- pues las autoridades de España se niegan a extraditar a la persona señalada como responsable de su asesinato, con lo cual promueven la impunidad de este caso.

La Asociación Americana de Juristas, representada por Gianfranco Ferrer, apuntó a su vez que los organismos de los sistemas de tutela de los derechos humanos deben esforzarse por evitar el uso instrumentalizado de esos derechos que terminen por justificar bloqueos económicos y comerciales, medidas coercitivas unilaterales e intervenciones armadas.

En tal sentido, Ferrer reiteró que la injerencia en asuntos internos de los países viola los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena.

‘El bloqueo económico impacta la seguridad alimentaria, la salud y la capacidad productiva, en detrimento de la calidad de vida’, recalcó.