Jornada de paro nacional en Colombia por políticas de Iván Duque

Colombia vive una jornada de paro nacional, acompañada de multitudinarias marchas que ya comienzan a reunir a miles en varias ciudades del país suramericano. Los colombianos movilizados este 21 de noviembre rechazan las políticas del presidente Iván Duque.

En Medellín, capital del departamento de Antioquia, los primeros en salir a las calles fueron los estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, quienes realizaron un plantón.

A los estudiantes se sumaron representantes de la sociedad, entre ellos, gremios de maestros, trabajadores, jubilados, artistas, que colman las calles de la ciudad de manera pacífica. En Medellín, el gran plantón fue convocado para la 13H00 hora local.

Entretanto, en Bogotá (capital colombiana) las movilizaciones populares comenzaron con algunos bloqueos de vías y la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

En otros departamentos de Colombia se suman los indígenas, campesinos, obreros y otros sectores populares a la jornada de paro nacional.

En jornadas previas a la movilización, las organizaciones sociales denunciaron las medidas del Gobierno de Duque para evitar la protesta social.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los decretos, circulares e instructivos que permiten a los alcaldes y gobernadores declarar toques de queda y solicitar apoyo militar en el marco de las protestas.

Por ello, recordó que los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento, y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

Los límites y condiciones para la intervención de las fuerzas militares, según los estándares internacionales, son: que esta debe ser temporal, restringida, subordinada y fiscalizada por autoridades civiles y regulada mediante protocolos sobre el uso de la fuerza, recalcó.

La Oficina expresó que la protesta pacífica es un derecho humano cuyo ejercicio fortalece la democracia.

Instó a quienes participen en las marchas a ejercer sus derechos de manera responsable, de acuerdo con los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.

De acuerdo con las organizaciones sociales, convocaron al paro nacional en rechazo a la reforma laboral de Duque que plantea la reducción del salario para los jóvenes, así como la reforma de pensiones que pone en riesgo este derecho de los adultos mayores. Por su parte, el mandatario colombiano niega que existan estas reformas.

Asimismo, los marchistas cuestionan la corrupción en el país, las privatizaciones, así como la intención de rebajar impuestos a las grandes empresas y multinacionales y imponer tributos a la clase media y trabajadores.

Exigen un salario mínimo que permita vivir en condiciones dignas y el cumplimiento por parte del Gobierno de acuerdos alcanzados con diferentes gremios.

En este contexto de creciente tensión, precisó que recibió información sobre 27 allanamientos en Bogotá, cinco en Cali y cuatro en Medellín a domicilios y oficinas, algunas de ellas de organizaciones de la sociedad civil y medios alternativos de comunicación.

Estos allanamientos aparentemente provienen de diferentes investigaciones, abiertas en distintas fechas, con respecto a hechos ocurridos en diferentes momentos, y cuya orden de ejecución coincide 48 horas antes del inicio de las marchas, apuntó.

La Oficina confía en que estas investigaciones cumplirán con las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el debido proceso y la presunción de inocencia, puntualizó mediante un comunicado.

Asimismo, recordó que la Fundación para la Libertad de Prensa, en cuanto al allanamiento de medios alternativos, señala que estos procedimientos obstruirían el libre ejercicio del periodismo.