La legitimidad del presidente Nicolás Maduro

Venezuela acogerá hoy el segundo mandato del Presidente Nicolás Maduro Moros, tras ganar las elecciones del pasado 20 de mayo con más del 67 % de los votos. El dignatario juramentará su responsabilidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al estar en desacato judicial la Asamblea Nacional.

También este 10 de enero, el Jefe de Estado reelecto será reconocido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y se reunirá con sus simpatizantes. Al siguiente día, el mandatario acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para ser reconocido por el Poder Originario, que convocó a las elecciones presidenciales de mayo. Ante la ANC presentará el Plan de la Patria 2019-2025 y dará su mensaje anual con el balance y los logros de 2018.

Varias personalidades estarán en la ceremonia de investidura, como el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y sus homólogos de Bolivia, Evo Morales Ayma; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; y de Nicaragua, Daniel Ortega. Según las confirmaciones expresadas en la víspera, se hará presente, además, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Sanussi Barkind. Se conoció también que el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay; la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gleisy Hoffman; Han Changfu, ministro de Agricultura de China, en nombre de su Gobierno, y delegaciones de México y Uruguay, concurrirán al importante momento.

Sin embargo, la asunción de Maduro para su nuevo periodo está siendo blanco de los más feroces ataques de la derecha internacional e interna, auspiciada y organizada por Estados Unidos y sus apéndices, el Grupo de Lima y la OEA.

En tal sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, entregó este miércoles una nota protesta a los países del autodenominado Grupo de Lima por su declaración injerencista realizada en el marco de la investidura del presidente Maduro. En ella se establece el rechazo de su país a las acciones de esa agrupación.

Esas naciones, junto a Canadá y Estados Unidos, en franco ejercicio antidemocrático y desconociendo la voluntad popular de Venezuela, emitieron el pasado viernes una resolución en la cual solicitan al jefe de Estado venezolano no asumir su nuevo mandato y transferirlo a la Asamblea Nacional (en desacato judicial actualmente), para que esta llame a nuevas elecciones presidenciales.

De acuerdo con un reporte de Telesur, Maduro agregó que cualquier intento contra la democracia deberá enfrentar la justicia, la Constitución y el poder de la unión entre civiles y militares.

Durante una rueda de prensa en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores, la casa de Gobierno, en Caracas, el líder bolivariano afirmó que el pueblo se encuentra en un momento de definiciones, y denunció a los medios y a los países opositores a su Gobierno de convertir una toma de posesión formal y normal, en una guerra mundial.

«Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene parangón, se han desatado las fuerzas extremistas contra Venezuela», dijo, alertando de que «el único objetivo de estas operaciones son desestabilizar y llenar de violencia, de confusión y de caos a Venezuela para apoderarse de sus riquezas y cambiar el rumbo de la historia».

Maduro responsabilizó al Grupo de Lima de ser un «cartel de intereses mafiosos», comandado por EE. UU., y de violar las reglas de convivencia internacional, al emitir la declaración del pasado 4 de enero, que catalogó como una «orden» para la oposición venezolana.

Al plantear la posición de su pueblo, el Presidente ha dicho en su cuenta de Twitter que «en ese camino la Revolución Bolivariana tiene la fuerza moral, espiritual, el poder, la capacidad y legitimidad para defender la Constitución y a Venezuela, y hacer que triunfe la paz».
LO QUE NO QUIEREN RECONOCER

Si algo no quieren reconocer las oligarquías latinoamericanas acariciadas por el imperio es la legitimidad del proceso que llevó nuevamente a Maduro y a la Revolución Bolivariana a continuar conduciendo su modelo de desarrollo.

Pero olvidan, o quieren olvidar, que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron parte de una exigencia de las fuerzas opositoras venezolanas para abrir un nuevo ciclo de diálogo, en el marco de las negociaciones hechas en República Dominicana.

Narra Telesur que de esa manera, los comicios que normalmente se habrían realizado a finales de 2018, fueron adelantados. La Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto para convocar a las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió con el ciclo electoral de renovación de poderes públicos iniciado en diciembre de 2015.

El proceso contó con todas las exigencias de transparencia y seguridad en el ejercicio del voto, lo cual reconocieron los candidatos opositores que participaron y también los observadores internacionales. Maduro fue reelecto con 5 823 728 votos (67,7 %). En segundo lugar quedó Henri Falcón, de Avanzada Progresista (AP), con 1 millón 820 552 votos (21,1 %).  Mientras que Javier Bertucci y Reinaldo Quijada se ubicaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente.
EL PLAN DE ESTADOS UNIDOS CONTRA VENEZUELA

Durante los últimos años diferentes administraciones estadounidenses han venido implementando contra Venezuela un sofisticado plan de desestabilización para derrocar a un gobierno elegido democráticamente a través de un sistema electoral considerado uno de los mejores del mundo, tal como lo calificó el propio expresidente estadounidense Jimmy Carter, se lee en la declaración de la Red en Defensa de la Humanidad, firmada por más de 600 intelectuales del mundo.

Y así ha sido. En marzo del año 2015, bajo Decreto Ejecutivo, el Gobierno de EE. UU. declaró a Venezuela como «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos», declarando una «emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza». Otra Orden Ejecutiva en agosto de 2017 exigió al Departamento del Tesoro implementar sanciones «irreversibles» contra la economía y el sistema financiero venezolanos, un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, inaceptables en el derecho internacional. Con estos marcos legales, se activó el cerco económico contra los planes de recuperación de la economía venezolana, afectada producto de la caída de los precios del petróleo a partir del verano de 2014.

Estados Unidos y la OEA parieron al Grupo de Lima para hostigar al proceso revolucionario bolivariano ante el respaldo que el pueblo le ha dado a su proyecto. Lo ha hecho mediante el bloqueo económico a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), uno de los horcones de la economía de ese país; con medidas financieras que afectan directamente el comercio y la adquisición de productos de primera necesidad, con lo cual busca flagelar la calidad de vida de la población.

Bastaría solo con citar al exembajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, quien recientemente expresó: «en este momento quizá la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizá años a la población».

Ojo, cualquier semejanza con el documento secreto del subsecretario de Estado del presidente Dwight Eisenhower, respecto a Cuba, del 6 de abril de 1960, no es pura coincidencia: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…). No existe una oposición política efectiva (…). El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno (al gobierno) es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…). Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica (…) negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno». Estados Unidos está imponiendo sobre Venezuela una matriz mediática, sembrando la pauta de una crisis humanitaria para justificar una intervención militar, con ropaje de ayuda humanitaria. Ejercitemos la memoria, pues tras el texto de Mallory vino la agresión imperialista a Cuba, en abril de 1961. Precisamente sobre una escena similar alertó el vicecanciller ruso, según un despacho de Russia Today. Serguéi Riabkov expresó su preocupación por los intentos de Washington de consolidar un frente antiChávez entre los Estados latinoamericanos. «Esta es una tendencia alarmante. A pesar de la dura confrontación, incluso los gobiernos latinoamericanos con posturas más críticas hacia Caracas excluyen una intervención militar en los asuntos de Venezuela», dijo, y subrayó que «apelar a la fuerza militar tendría un desarrollo desastroso. Advertimos contra este tipo de tentaciones a las cabezas calientes en Washington», afirmó. No le falta razón al diplomático ruso, máxime cuando en septiembre pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los medios, en la Organización de Naciones Unidas, que en torno a Venezuela, «todas las opciones están sobre la mesa».