La ley de la esclavitud, otra vuelta de tuerca

Rebasando todos los límites impuestos por la política internacional, las leyes que rigen el comercio en el orbe y las relaciones con sus aliados, Estados Unidos pasa la línea roja con activación del Título III de la Ley Helms-Burton

En Miami, donde el finado expresidente John Kennedy acogiera en el estadio local a los derrotados remanentes de la Brigada mercenaria 2506, recién llegados desde Cuba en 1962 luego de ser cambiados por tractores, medicinas y compotas, ha sido proclamada por el asesor de Seguridad Nacional John Bolton la entrada en vigor, el próximo 2 de mayo, del Título III de la extraterritorial Ley Helms-Burton, en presencia de los veteranos sobrevivientes de aquella primera gran derrota del imperialismo en América.

Curiosamente, la fecha escogida ha sido la del 17 de abril, día que marcó en 1961 el inicio de la agresión a Cuba bajo el nombre codificado de Operación Pluto, como si se quisiera retomar 58 años después aquel zarpazo, en su momento inicial y bajo otras formas, en el supuesto de que esta vez puede resultar victorioso, lo cual evidencia que no se tiene en cuenta lo que piensa el pueblo cubano, que el tiempo ha pasado y que la Ley Helms-Burton es capaz de unir más a ese pueblo que ellos quieren dividir.

Si Kennedy no pudo cumplir entonces la promesa de festejar con sus pupilos en una Habana “liberada”, y terminó sus días víctima de la confabulación en la que aparecían en primer término la mafia cubano-americana, la CIA y el Complejo Militar Industrial, muy pocas esperanzas deberán tener Trump, su vice Mike Pence, John Bolton, el secretario de Estado Mike Pompeo, el senador Marco Rubio y compañía de celebrar en ninguna parte una victoria que jamás habrá de producirse a costa de la soberanía de Cuba y la libertad de su pueblo. 

La Helms-Burton ha sido declarada por Carlos Fernández de Cossío, director general de la cancillería cubana para Estados Unidos, como totalmente ilegal y no aplicable a Cuba, pese a que ahora entrará plenamente en vigencia. El alto funcionario explicó que en el primer título se ofrece marco legal al bloqueo y se establece la extraterritorialidad de ese bloqueo, pues se exige a otros países el cumplimiento de esa norma. En el segundo se traza el programa tras el supuesto fin de la Revolución cubana para restaurar el dominio imperialista en Cuba.

Por su parte, el tercer título que ahora se hará vigente plantea que los demandantes de las propiedades que le reclaman al país tras ocurrir un cambio de régimen en Cuba pueden obtener tres veces el valor original de la propiedad, más una tasa adicional. Por último, el Título IV prevé sancionar a entidades cubanas y foráneas que trafiquen con propiedades de compañías o personas naturales estadounidenses que en su momento fueron nacionalizadas. 

Como consecuencia derivada de este arbitrario, prepotente, ilegal y extraterritorial Título III, se espera una avalancha de demandas en las cortes yanquis, reclamando desde un hotel hasta un lupanar y desde un casino de juego hasta una fábrica de detergentes. Todo virtual, por cuanto las leyes de Estados Unidos no rigen en Cuba, ni aquí quedan garitos ni nada que se les parezca.

Los mandamases estadounidenses, liderados por su principal cabecilla, Donald Trump, saben que esas reclamaciones no proceden, por cuanto Cuba actuó en su momento de acuerdo con la Constitución de 1940 y las normas aceptadas en el mundo en cuanto a la potestad de los estados de nacionalizar las propiedades que considere necesarias en sus planes de desarrollo interno. Lo saben, pero lo ignoran ex profeso en su voluntad de torcer el brazo al Gobierno y al pueblo de Cuba. Saben también que con esa medida generan el caos en el sistema judicial del país norteño.

Pero lo hacen con la intención manifiesta de disuadir a los ciudadanos de terceros países que ya tienen inversiones en Cuba para que se marchen o no realicen ninguna nueva inversión, e inhibir a los nuevos posibles inversores de emprender proyectos en la Mayor de las Antillas, para que no reciba dinero fresco, imprescindible para su desarrollo.

Se intenta colapsar a Cuba llevándola a una presión extrema en el campo económico, con el falso pretexto de que este archipiélago constituye una amenaza a la seguridad de los EE.UU., cuando ocurre todo lo contrario, pues esa república imperial demuestra cada día con sus agresiones en los cuatro puntos cardinales que es la principal amenaza para el mundo.

Sobre todo este entramado se impone recordar que el Parlamento cubano aprobó, el 24 de diciembre de 1996, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana en respuesta a la Ley Helms-Burton, sancionada con su firma en marzo de ese año por el entonces Presidente Bill Clinton, en un aquelarre de políticos ultraderechistas estadounidenses y cubano-americanos en Washington, paso que el citado mandatario reconoció como erróneo y parte de su campaña electoral para la reelección en aquel momento, a raíz del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas cubanas.

Situados en este punto, cuando el imperio ha echado mano al que representa quizá su último recurso en el campo económico para poner de rodillas a la Revolución, como parte de sus esfuerzos por derrocar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela —al que supuestamente Cuba mantiene en el poder—, solo falta por ver la reacción de los posibles afectados.

Por lo pronto, ya se tienen las primeras expresiones de países y organismos internacionales, las cuales fluctúan desde las de tono firme y claro, hasta más matizadas, entre estas últimas merece incluirse la de Alberto Navarro, representante en Cuba de la Unión Europea (UE), quien, refiriéndose al paso anunciado este miércoles en Miami, ha dicho: “Lamentamos profundamente (…) Esto va a crear aún más confusión para la inversión extranjera”.

Navarro ha calificado la aplicación extraterritorial del gobierno estadounidense contra Cuba de “ilegal”, “inmoral” y “contraria al derecho internacional”, pues, en su opinión, solo consigue el “sufrimiento al pueblo cubano”.

Horas después llegó un cable con el reporte de una carta remitida desde la Comisión Europea al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que le advierten que la UE “se verá obligada a recurrir a todos los instrumentos a su disposición, incluida la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses”. “La posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)» es otra de las advertencias que contiene el texto enviado. 

Según el cable de la AFP, Federica Mogherini, alta representante de la UE para Exteriores, y Cecilia Malmstrom, comisaria de Comercio de la Unión, explican los mecanismos que podría activar la UE para permitir que las empresas europeas compensen cualquier daño económico que les puedan ocasionar las sanciones derivadas de la activación del Título III de la Helms-Burton.

El mensaje resulta severo, por cuanto advierte a Estados Unidos que, por ejemplo, si una cadena de hoteles estadounidense reclama a una similar ante tribunales de EE.UU., la europea podría exigir la misma compensación a la norteamericana ante un tribunal del Viejo Continente. En otras palabras: sería el inicio de disputas interminables que constituirán “un ciclo autodestructor de reclamaciones” mutuas, si el Gobierno de Trump permite darles curso a tales pedidos.

En la misma cuerda se mueve la nota del sitio ruso Sputnik, con la declaración del Gobierno español a partir de las palabras de su portavoz, Isabel Celaá, de que “España va a respaldar absolutamente a las empresas españolas en Cuba y entendemos que la Unión Europea también lo va a hacer”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid ha reconocido que España es el principal inversor en la isla en sectores tales como el turismo, industrias varias, servicios financieros, fabricación de cemento y suministro de agua, y que la nueva vuelta de tuerca al bloqueo, representado por el Título III de la Helms-Burton tiene potencial para dañar las relaciones de EE.UU. con España y con la Unión Europea en su conjunto.