La mano subversiva de Colombia contra Venezuela

A la larga relación de actos hostiles de Estados Unidos y la oligarquía interna contra el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, ha venido a sumarse el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el 28 de agosto, de la decisión de abrir una oficina especial en Santa Fe de Bogotá para atender los asuntos venezolanos.

Tal engendro, que será encabezado con rango de Encargado de Negocios por un tal James Story, tiene apoyo de republicanos y demócratas bajo la tutela de un Congreso liderado por alguien tan repudiable como el recalcitrante senador cubano-americano Marco Rubio. La Oficina, según Pompeo, continuará trabajando “por la restauración de la democracia y el orden constitucional y para la seguridad y bienestar del pueblo venezolano” y agradece el apoyo del gobierno de Colombia.

Desde su mismo anuncio, este centro de subversión y guerra encubierta ha levantado una serie de protestas en Venezuela, Cuba y otros países, porque para nadie es un secreto que se trata de una especie de nido de víboras, como en su tiempo lo fue la estación CIA en Miami dedicada a subvertir a Cuba bajo la denominación en clave de J.M. Wave, la cual dirigió el apoyo a la contrarrevolución interna expresada en bandas armadas, sabotajes y terrorismo, causantes de más de 3 000 muertos, miles de mutilados y daños económicos por cientos de millones de pesos.

Ya sin la creación de esta cacareada Oficina, llueven los actos hostiles desde Colombia contra Venezuela y sus autoridades, como los repetidos intentos de asesinar al Presidente Maduro, cuyo más reciente ciclo empezó hace algún tiempo con el atentado de drones cargados de explosivos durante una parada militar, y que en días recientes se expresó con el descubrimiento de un plan genocida contra el jefe de Estado basado en la utilización de paramilitares colombianos infiltrados.

En concreto, y según había denunciado el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, el grupo terrorista pretendía demoler con explosivos las sedes del Palacio de Justicia y de las Fuerzas de Acciones Especiales.

Lo más grave de estos proyectos en fase de tentativa es que, según la vicepresidenta morocha Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, tales planes se deben al propio Presidente colombiano Iván Duque, quien auspicia bandas armadas para desestabilizar a la nación venezolana. Dada la gravedad de estos actos hostiles que vulneran las leyes internacionales, Arreaza expresó su decisión de denunciarlos ante Naciones Unidas.

Preciso es recordar que, según práctica establecida, por las zonas limítrofes con Colombia se infiltran a menudo comandos armados desde el país vecino para perpetrar asesinatos de líderes locales, campesinos y personas adictas al chavismo, llegando a concretar varias masacres.

Aun así, y con todo el apoyo masivo que han tenido desde Estados Unidos y la oligarquía que gobierna en Bogotá, estos elementos armados no han podido establecer focos permanentes de alzados contra el Gobierno de Maduro, a pesar de existir entre los dos países una frontera de miles de kilómetros, lo que denota que son como tumores implantados desde fuera que hasta ahora han sido repelidos por los mecanismos de defensa venezolanos, sin mayores tropiezos.

Algo que llama la atención sobre el actuar irresponsable del gobierno de Iván Duque es su ignorancia del principio que reza: “Si tienes tejado de vidrio, no lances piedras al techo del vecino”, porque sus esfuerzos por crear guerrillas en territorio venezolano para abrir un frente de guerra —otro más— contra Caracas no le cuadra bien al régimen que a fuerza de permitir asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros de las FARC ha provocado que una parte disidente de ese movimiento insurgente vuelva a empuñar las armas.

¿Cómo se va a resolver el conflicto?, no se sabe. Duque y su entorno, quienes se pasan el tiempo acusando al Gobierno de Maduro de apoyar a la guerrilla del ELN y ahora a los de las FARC-EP, debían intentar por todos los medios revivir el acuerdo de paz, de forma que les garantice a esos combatientes la seguridad física y política que hasta ahora no disfrutaron, porque estaban siendo aniquilados uno a uno, como en el pasado ocurrió con los miembros del desalzado Movimiento M-19 y con los del Partido Unidad Patriótica, y sus líderes respectivos (*).

De lo contrario, el pupilo del expresidente Álvaro Uribe no tendrá autoridad moral alguna para reclamarle a Caracas por el supuesto apoyo a los grupos guerrilleros colombianos, pues es él el culpable de provocar una escalada de la guerra contra su vecino, que ya deja de ser encubierta.

Duque debería recordar —él que no para de mencionar el éxodo de venezolanos hacia Colombia a través de la frontera— que, si los morochos en la tierra de Santander suman cerca de millón y medio, son casi 6 millones los colombianos que viven en Venezuela, a donde llegaron huyendo del hambre, y la acción de sicarios y escuadrones de la muerte, todo con la anuencia bochornosa de su gobierno y otros de igual ralea que le antecedieron del Bogotazo (**) a esta parte en los últimos 70 años.

(*) Carlos Pizarro y Jaime Pardo Leal fueron asesinados por la oligarquía mediante sicarios, al igual que miles de sus correligionarios. (**) Alzamiento popular en enero de 1948 en Bogotá por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán previo a unas elecciones que debió ganar.