“Mi nombre es Zoraida L. Rodríguez Calzada, de 71 años, y deseo por medio de la presente comunicar que desde el mes de julio de 2018 solicité al Bufete Colectivo de Trinidad los Actos de última voluntad de mi fallecido esposo, para tramitar la Declaratoria de herederos, y hasta hoy no he podido conseguirlo”.
Así escribía a finales de julio pasado la citada lectora, quien reside en el Edificio No. 14, apartamento No. 11, en el reparto Armando Mestre de la sureña villa. Agregaba que, según le informaron, la demora obedecía a un error en el documento enviado a dicha institución por porte de la Notaría, lugar donde fue redactado.
“Pero pasa el tiempo y no resuelvo nada a pesar de la gran necesidad que tengo de que esto termine, pues quiero permutar para estar cerca de mi hijo, a quien tanto necesito. Si me acerco a ustedes, y de antemano les doy las gracias por su ayuda, es en busca de que la espera acabe”, explicaba la remitente, y aclaraba que la solicitud estaba a nombre de Osmany Gutiérrez Rodríguez, el hijo del cual habla.
Escambray gestionó el asunto con la Unidad de Bufetes Colectivos de Trinidad, cuyo director, Pável Peterssen Padrón, tras indagar los detalles al respecto, explicó a este órgano de prensa todos los pormenores. El centro que dirige, explicó, realizó el trámite, paso por paso, dentro del plazo establecido para ello. Y a modo de demostración expuso que la solicitud fue formulada ante la abogada el día 14 de noviembre del 2018, a tenor del Contrato No. 1206; se hizo la solicitud al notario el día 24 de ese propio mes, y el día 3 de diciembre fue presentada y pagada el acta. “Ahí termina el servicio nuestro”, apuntó la fuente.
Pero sucede que había un error en el apellido del solicitante, del cual no se percató el abogado debido a que “solo escucha, pero no ve el contenido del acta cuando le es presentada por el notario”, amplió Peterssen Padrón. Entonces ya tomaba cuerpo la traba que tenía en ascuas a Zoraida y vino lo que era de esperar: el Registro Central de Actos de Última Voluntad, en La Habana, no inscribió la Declaratoria y la devolvió a la Notaría trinitaria. Allí fue posteriormente rectificada y enviada otra vez al centro en la capital del país.
Largos fueron los viajes de los datos a través de las redes de computadoras, según infiere esta reportera, pues solo el pasado 30 de julio —cuando ya la queja a Escambray estaba escrita— la Notaría de esa localidad espirituana recibió la Declaratoria de herederos corregida. Según atestiguó el Director de la Unidad de Bufetes Colectivos de Trinidad, el lunes 12 de agosto la misma le fue entregada allí al interesado. Entonces, aún quedaba otro paso como parte del servicio al cliente, que no cuenta con errores ni demoras y aspira a que se le sirva bien.
Es cuestionable la extensión de un trámite de esa índole, y hablo no del error humano, sino de la morosidad en la corrección del mismo. ¿Cómo se entiende que desde comienzos de diciembre, cuando el documento fue pagado, haya habido que esperar más de ocho meses para poder hacerlo efectivo?
Quizás la lentitud no sea achacable al aparato jurídico de la provincia y haya radicado en el Registro Central. En todo caso vale la pena la alerta y, de forma general, el análisis del problema con miras a evitar su repetición.
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