Un juez no puede aceptar ni un lapicero

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Me cede una silla en el estrado. Por supuesto, momentáneamente. Y recuerdo a mi padre, quien me soñó estudiante de Derecho. Aquí, ella puede entrar con los ojos vendados; pero no yo, que, aun con los míos salidos de las cuencas como los de la lechuza, casi pierdo una rodilla contra el banquillo de los acusados. Mas, el reportero no cuenta en esta historia; sí, Carmen Rosa Rojas Álvarez, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal desde 1992, perteneciente al Tribunal Provincial Popular, localizada a escasos metros del Paseo de Cabaiguán, desde donde nos llega lo mismo el pregonar de un manisero que los resuellos de un tractor de paso.

Asegura que en sus 38 años en la administración de justicia nadie ha osado sobornarla en busca de la reducción de una posible condena. “Un juez no puede aceptar ni un lapicero”, advierte la primera integrante del sistema de Tribunales en Sancti Spíritus en alcanzar la medalla de Reconocimiento al Mérito judicial, recibida por ella en el 2013.

El Derecho se le cruzó en el camino sin presagiarlo. Cuando ya rondaba por su cabeza ser ingeniera agrónoma, le propusieron estudiar Leyes en la modalidad de Curso Para Trabajadores, y la joven, entonces oficinista de la empresa tabacalera cabaiguanense, de un día a otro se vio en las aulas de la Universidad Marta Abreu de Las Villas conociendo cómo los romanos impartían justicia, y adentrándose en el Código Penal, que hoy recita artículo por artículo si alguien la conmina a hacerlo.

DE MECANÓGRAFA A JUEZA

Contrario a lo que este reportero suponía, vestir la toga no fue lo que inicialmente hizo Carmen Rosa al ingresar en los Tribunales, en específico en el Municipal Popular de Sancti Spíritus. Entró como mecanógrafa de la Sección Civil y Laboral, y cada 15 días cogía el primer carro que se le aparecía con destino a Santa Clara. Aún sin graduarse, en 1980 la eligieron jueza profesional de ese órgano.

¿Por qué optó por ser jueza y no fiscal o abogada?

Ante todo, porque ya estaba en el Tribunal. El juez es más integral; decide, frente a un conflicto, quién tiene la razón si es en la materia civil o laboral, o si la persona resulta o no culpable en el caso de la penal. En la decisión quizás influyera también el principio de justicia inculcado por mis padres.

Salvando distancias geográficas y, sobre todo, ideológicas, a usted algunos la han comparado con la expresidenta británica Margaret Thatcher. ¿Viene al caso el apelativo de la Dama de Hierro que también le han endilgado?

Para nada; no soy la Dama de Hierro, como dicen (ríe pues hasta su hija a veces la llama “Margaret” para aludir a ella en diálogos de pasillo). He trabajado siempre para aplicar a cada individuo que he sancionado lo que le corresponde. No considero que me haya excedido en las condenas; el sancionado siempre piensa que esta pudo ser menor. Tengo mi conciencia tranquila.

¿Algún sancionado o familiar de este la ha amenazado luego de dictar una sentencia en su contra?

Nunca he sido amenazada por ninguna persona, ni por carta o llamada telefónica. Hago mi vida normal; voy a la bodega, a la feria… Que yo sepa, en la provincia ningún juez ha sido amenazado por su trabajo.

Cuando su Sala ha impuesto la pena de muerte, ¿lo ha hecho contra el acusado o contra el delito cometido por él?

Cuando dictamos pena de muerte, que es excepcional, ha sido en defensa de los intereses de la sociedad por la gravedad de los actos cometidos.

Cuba ha declarado moratoria a la pena de muerte. ¿Coincide usted con tal decisión?

Sí. Ha sido acertada la decisión de la máxima dirección del país. Esa sanción se mantiene en el Código Penal, aunque no se está aplicando. Tenemos otros recursos como la privación perpetua de libertad; una condena muy severa que nuestra Sala ha impuesto una sola vez ante un delito de asesinato múltiple.

Hay quienes opinan que el Código Penal cubano es benevolente con determinados delitos…

El Código Penal será objeto de modificaciones para atemperarlo a la nueva Constitución. Hay delitos cuyos marcos sancionadores son severos; por ejemplo, los económicos, como la malversación; los de corrupción de menores (violación); el tráfico de drogas. Los marcos sancionadores aprobados son los que pueden enfrentar esas tipicidades delictivas por la gravedad de los hechos y los daños que acarrean. Nuestras sanciones no son únicamente para reprimir, sino para evitar que otros se vean involucrados en esos delitos.

¿Reeduca el sistema penitenciario? Algunos piensan que no.

En la mayoría de los casos sí reeduca. Mi Sala conoce de los incidentes de ejecución con los sancionados que cumplen en libertad o que se les concede de la libertad anticipada. El juez de ejecución es un eslabón fundamental para lograr la reeducación de esa persona, proceso que comienza en el sistema penitenciario. Quizás este pudiera adoptar otras medidas; pero sí existen los mecanismos, los programas en función de lograr la reeducación.

Sin embargo, hay personas que cumplen su sanción y reinciden.

Esas personas reinciden porque están deformadas. Muchas pertenecen a familias disfuncionales. Hay quienes no pueden vivir en sociedad; por supuesto, son los menos.

¿Cuáles acusados despiertan más aversión en usted?

Quienes cometen violación, corrupción de menores. Esos hechos nunca quisiera procesarlos; laceran mucho, porque son contra seres indefensos, contra niños.

¿Cuántas veces ha absuelto a un acusado que usted sabe que cometió el delito, pero le faltaron pruebas para incriminarlo?

He tenido algunos casos. Recuerdo uno de delito lascivo que sí me marcó mucho. Nos quedamos desarmados, sin pruebas. Para mi yo interno, el hombre era culpable; pero no teníamos todos los elementos para probarlo. La duda siempre favorece al reo. Es mejor absolver a un delincuente que sancionar a un inocente.

Usted ha realizado juicios muy complejos, de gran connotación. ¿Ha sentido la presión popular o de las autoridades de la provincia a la hora de dictar sentencia?  

Esa presión se siente en el plano interno de uno; pero, cuando vamos a decidir no tenemos influencia de nadie. Adoptamos la decisión atendiendo a las normativas del Tribunal Supremo Popular (TSP). Los jueces nada más le debemos obediencia a la Ley.

¿Cuántas veces se ha equivocado en imponer una condena?

No le puedo cuantificar. El TSP sí nos ha corregido en mi Sala, pero no actuando yo como juez ponente, sino como parte integrante del tribunal. Las decisiones son colegiadas.

Por supuesto que duele en el plano profesional cuando el TSP rectifica la sanción, pero es en busca de la justicia. Siempre nos enseña algo; los jueces no tenemos la verdad absoluta. Y como juzgamos de todo, es necesario tener conocimientos mínimos de todos los asuntos que juzgamos. Los jueces tenemos en nuestras manos dos cuestiones esenciales de la persona: la libertad y la vida.

Como ser humano que pisa esta tierra, ¿ha pensado que algún día pudiera estar en el banquillo de acusados?

No he pensado estar en el banquillo de acusados. Una vez sí vine a un juicio como testigo porque, mientras yo presidía uno en Yaguajay, el acusado trató de evadirse. Cuando lo procesaron por ese delito, tuve que testificar. Me puse nerviosísima delante del tribunal, que eran mis compañeros.

ANTE TODO, MADRE

Su voz, que por momentos esta mañana escucho en parpadeo, me dice que los nervios no se han marchitado en esta mujer. Y es razonable. “No me gusta la publicidad”, aclara quien presidió el Tribunal Municipal Popular de Cabaiguán por más de seis años, integra el equipo de supervisión del TSP desde 1999 y posee un vasto currículo de participación en posgrados y en eventos de carácter provincial, nacional e internacional.

“Le he dedicado mi vida al Tribunal. Cuando trabajaba en Sancti Spíritus, atendíamos los ocho municipios y en ocasiones  terminábamos juicios en Trinidad a las dos de la mañana. La suerte eran mi mamá, mis hermanos, mis cuñadas; nunca tuvieron un ‘pero’ y me ayudaron”, reconoce Carmen Rosa, quien lamenta no haberle destinado más tiempo a su hija en la niñez. “Hoy sí disfruto a mi nieta Lauren; juego con ella en el parque…”, agrega en un tono distendido, que no me recuerda a la jueza sobria y segura que he visto conducir una vista oral en más de una oportunidad.

No le pregunté a esta sobresaliente profesional, quien en sus tiempos de lectora insaciable leía lo mismo Los miserables, de Víctor Hugo, que Juan Quin Quín en Pueblo Mocho, de Samuel Feijóo, si soñaba que su hija le siguiera los pasos en el Derecho. De lo que sí estoy seguro es que la periodista Dayamis Sotolongo Rojas ahora mismo, en la Redacción, se desvive por saber qué escribo sobre su mamá; por ello, de cuando en cuando mira de soslayo al monitor de mi computadora.

“Por si Margaret no te lo dijo…”, me advierte la colega y veo el final de la entrevista retratado en los ojos avispados de la joven. Una de las pocas veces que su mamá ha perdido la mesura en el estrado —confiesa— fue cuando una “madre” se retractó y encubrió, ante el perplejo tribunal— la violación de su hija por un vecino. Y aunque Carmen Rosa jura y perjura que los jueces son imparciales, una MADRE, jamás.