Nueva opción para legalizar su vivienda

Cerca de 3 100 interesados ya han iniciado los trámites en las direcciones municipales de Planificación Física de toda la provincia para aprovechar una nueva oportunidad de legalizar sus viviendas, en el caso de que hasta ahora se mantuvieran a nombre de una entidad estatal o permanecieran sin documentación que certificara la titularidad del inmueble.

“Este proceso de ordenamiento y legalización, que dispone de seis años para ser cumplido, incluye tanto las viviendas estatales ocupadas por arrendatarios o usufructuarios como las construidas por esfuerzo propio, que carecen de propiedad, ya sea en zona urbana o rural. No tiene que ser una casa propiamente, puede ser un cuarto, una habitación o un local”, preció a Escambray Ciro Rodríguez, subdirector de Control en la Dirección Provincial de Planificación Física.

Según el último levantamiento realizado en el territorio, aquí existen por lo menos 11 000 familias en esta circunstancia, quienes a partir de ahora tienen la posibilidad de comenzar a cambiar ese estatus ilegal, pues si su casa se encuentra habitable y no viola las regulaciones urbanísticas puede comenzar a poner en regla los documentos.     

“En caso de que el inmueble no reúna los requisitos de habitabilidad, a los dueños se les notifican las regulaciones para que los arquitectos de la comunidad preparen un proyecto y entonces les otorgamos la licencia de construcción”, detalló el especialista.

En el caso de los locales considerados medios básicos o vinculados a entidades estatales que se han convertido en hogares, sus habitantes deben presentarse en las direcciones municipales de la Vivienda con una solicitud de titularidad y un documento que acredite su ocupación o asignación —en caso de poseerlo—, además de un sello de 10 pesos para iniciar los trámites correspondientes.

De este proceso para ordenar y legalizar se exceptúan aquellas viviendas sometidas a procesos jurídicos por violaciones de la legalidad en lo concerniente al enriquecimiento ilícito, hechos relacionados con drogas y actos de corrupción; así como las casas construidas en tierras entregadas en usufructo y denominadas bienhechurías.