Nuevas manifestaciones populares están previstas para este 11 de agosto en Ecuador en el marco de la resistencia permanente declarada por movimientos indígenas contra medidas económicas, calificadas de neoliberales, que afectan a amplios sectores de la población.
Mientras en la ciudad de Loja está convocada una movilización de nacionalidades y organizaciones sociales, en Quito se espera la llegada de un contingente de diversos pueblos ancestrales, quienes se unirán a los miles de indígenas que desde el miércoles último lideran las protestas.
Bajo la consigna de ‘El Paro Sigue’, se mantienen las acciones en las calles, tomadas desde el pasado 3 de octubre por miles de personas, distribuidas en numerosos puntos del territorio nacional, para decirle al gobierno liderado por Lenín Moreno que debe responder a las necesidades de la población y no a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las principales demandas son: derogar el Decreto 883, que liberó el precio de la gasolina extra y el diésel, así como dar marcha atrás en un paquete de reformas tributarias y laborales, perjudiciales para quienes perciben menos ingresos.
También exigen al ejecutivo, poner fin a la represión policial desatada contra los movilizados, que han dejado al menos cinco muertos y numerosos heridos.
Decididos a mantenerse en pie de lucha, quienes se oponen a las acciones recientes de la administración nacional rechazan toda posibilidad de diálogo, ante la negativa del ejecutivo a suspender la disposición que eliminó el subsidio a los combustibles.
Para sentarse a la mesa de negociaciones, los sectores populares piden también la renuncia inmediata de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes responsabilizan con la ola represiva, y la salida del FMI del país.
La entrada en vigor de esa disposición, disparó, de inmediato, los precios de alimentos de la canasta básica y elevó el valor de los pasajes en el transporte público.
El llamado ‘paquetazo’, incluye además reducir en 20 por ciento el salario para contratos temporales renovados y disminuir el período vacacional de empleados de empresas públicas de 30 a 15 días.
Asimismo, propone reducir aranceles, eliminar el anticipo del impuesto a la renta y bajar el arancel a la salida de divisas, regulaciones que benefician a los más pudientes en este territorio andino.
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