La coalición Engage Cuba instó hoy a las partes interesadas en el acercamiento a la isla a tratar de influir en las nuevas medidas que prepara el Gobierno estadounidense contra el país caribeño.
El grupo,
que promueve el fin del bloqueo impuesto por Washington a la nación vecina hace
casi 60 años, ofreció este jueves una conferencia web sobre las acciones
anunciadas por la administración de Donald Trump el pasado 17 de abril, su
posible impacto y cómo los diferentes sectores se pueden involucrar para
limitar sus efectos.
James Williams, presidente de la coalición, recordó que ese día el asesor de
Seguridad Nacional, John Bolton, pronunció un discurso en Florida en el que
anunció nuevas restricciones relacionadas con Cuba como limitar los viajes no
familiares e imponer un máximo de mil dólares trimestrales al envío de remesas.
Normalmente cuando una administración realiza anuncios de ese tipo, como
sucedió con las medidas sobre Cuba dadas a conocer en junio 2017, ocurre
después de un proceso interagencias, y luego del discurso se dice cuáles serán
los cambios regulatorios, manifestó el titular.
De acuerdo con Williams, eso no se comportó así en el caso de lo divulgado por
Bolton, ya fuera porque el ejecutivo no estaba preparado, porque tenía temor de
una filtración o porque internamente no había consenso entre las agencias y
departamentos.
No sabemos con certeza, pero estamos en un punto crítico, porque significa que
estas regulaciones no estaban escritas en el momento del discurso y que hay una
oportunidad de realizar trabajo en torno a este proceso, consideró.
El presidente de Engage Cuba se refirió en particular a las regulaciones sobre
las visitas a la isla como una de las áreas importantes en las que las personas
interesadas pueden volverse activas, dado su impacto en la industria de viajes
de Estados Unidos.
Los estadounidenses tienen prohibido ir a la mayor de las Antillas como
turistas, y para viajar al país vecino deben hacerlo bajo 12 categorías
autorizadas por el Gobierno norteamericano, de las cuales Williams señaló la de
pueblo a pueblo como significativa por el flujo de personas que mueve.
Instamos fuertemente a las partes interesadas, la industria de viajes,
estadounidenses y cubanoamericanos a, involucrarse en este tema, añadió el
titular de la agrupación, quien sostuvo que el lenguaje usado por Bolton con
respecto a este asunto fue vago.
En cuanto a lo relacionado con las remesas, estimó que pueden darse argumentos
sólidos de por qué los límites propuestos no son solo arbitrarios sino dañinos
para sectores en Cuba que necesitan esos envíos, como el sector privado que la
administración de Trump dice querer ayudar.
Williams señaló que una de las formas de tomar parte en este proceso es
hablando con funcionarios del ejecutivo del republicano, sobre todo en el
Departamento de Estado, pero también en el Departamento del Tesoro y Comercio,
o la propia Casa Blanca, y hacerles ver el interés en el tema y su importancia
para el país.
En el caso del Congreso, señaló que aunque no tiene un papel directo en
elaborar las nuevas regulaciones, sí tiene el rol de supervisar lo que hace la
administración. ‘Además de buscar contactos en el Gobierno, pueden llamar a sus
miembros del Congreso, tanto en sus distritos como en Washington DC’, apuntó.
Ante una pregunta de Prensa Latina, el titular de Engage Cuba respondió que hay
muchas personas monitoreando la situación, tratando de educar a la
administración y a los legisladores en el Capitolio, ‘pero necesitamos más,
todos necesitamos involucrarnos’.
Desde su punto de vista, el momento de estar implicados en el tema es ahora,
‘porque en unos pocos meses puede ser muy tarde para influir en este proceso’.
El presidente de la coalición también abordó la decisión del Gobierno de Trump
de activar desde el 2 de mayo el Título III y ampliar la aplicación del Título
IV de la controvertida Ley Helms-Burton, una normativa que codifica el bloqueo
a Cuba y remarca su carácter extraterritorial.
A través del Título III, ciudadanos de Estados Unidos pueden entablar demandas
en las cortes de esta nación contra aquellas personas o entidades, incluso de
terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades
nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
El IV, en tanto, permite a Estados Unidos negar visas a empresarios extranjeros
que participen en inversiones con propiedades nacionalizadas en el territorio
vecino.
Williams llamó la atención sobre el hecho de que las administraciones previas,
e incluso la de Trump en un primer momento, se negaron a activar el Título III
al verlo como un paso extremo que además es rechazado por aliados
internacionales de Washington.
Asimismo, señaló que el acápite da la posibilidad de presentar reclamaciones
incluso a cubanoamericanos que en el momento del triunfo revolucionario no eran
ciudadanos de Estados Unidos, lo cual ‘no tiene precedentes en la ley
internacional o de este país’.
Manifestó que esta medida afecta a empresas norteamericanas que ya tienen
actividad en la nación caribeña, algo que no se tomó en cuenta cuando se aprobó
la Helms-Burton en 1996 dada la ausencia de compañías estadounidenses en la
isla, y perjudica el ambiente para negocios futuros.
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