Regulación de precios en Cuba busca también preservar el equilibrio financiero

Las nueva política de precios en Cuba busca proteger la capacidad de compra para los trabajadores del sector presupuestado tras el aumento salarial con el que fue beneficiado.

La ministra de Finanzas y Precios (MFP) en la isla, Meisi Bolaños, puntualizó en conferencia de prensa que la primera fuente del financiamiento del aumento se halla en todas las reservas y potencialidades que en materia de aportes al presupuesto se generan en la economía nacional.

Igualmente, recalcó, el mayor compromiso en el plan de contribución presupuestaria del Estado, e incluso la identificación de las reservas de los potenciales ingresos lo tiene la empresa estatal socialista, tributaria del 85 por ciento de los aportes al presupuesto.

También, añadió, se han adoptado otras medidas que coadyuvarán este año a lograr el enmarcamiento presupuestario desde un tratamiento racional en el gasto público que, sin afectar los servicios sociales básicos, garantizará la redistribución que estaba previsto en otras actividades y en beneficio del salario del sector presupuestado.

Para el 2020, aseguró, se trabaja con un grupo de indicadores que permitan garantizar y sostener la financiación de esta medida.

A finales de junio, el Consejo de Ministros de Cuba, encabezado por su presidente Miguel Díaz-Canel, aprobó varias medidas, entre ellas el incremento salarial, con el fin de impulsar una estrategia económica basada en el máximo aprovechamiento de las capacidades internas y del potencial humano con que cuenta el país.

Bolaños sostuvo que para preservar el valor real de la remuneración creada para cerca de un millón 400 mil personas, se dispuso el no incremento de precios tanto para el sector estatal como para las otras formas de gestión no estatal existentes en Cuba.

Las medidas referentes a los precios se detallan en las más recientes resoluciones del MFP (301 y 302) y mientras en las primera de ellas se explica la política para las empresas o entidades estatales; la segunda especifica las normas a seguir por trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias, de las de crédito y servicio y las unidades básicas de producción cooperativa.

En relación con los actores no estatales, la normativa reitera la facultad que tienen las autoridades provinciales para regular los precios en correspondencia con las condiciones económicas y sociales de cada uno de los territorios y, por primera vez, se faculta para ello a las instancias municipales.

Además de proteger la capacidad de compra de la población y de evitar el aumento excesivo de algunos precios sin justificación aparente, estas medidas persiguen la preservación del equilibrio financiero del país, aseguró la funcionaria.

Durante el encuentro con la prensa se notificó que hasta la fecha 11 provincias han emitido regulaciones en relación con los precios para las formas de gestión no estatal que, según añadió Bolaños, se realizaron sobre la base de estudios, de revisar los costos y gastos de este sector y de la evaluación de la capacidad económica de los habitantes de la localidad.

La ministra fue enfática cuando sostuvo que no se permitirán violaciones a las regulaciones dispuestas y exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad.