Todo indica que el Gobierno estadounidense implementará el Título III de la Ley Helms-Burton contra compañías extranjeras con presencia en Cuba, consideró el abogado norteamericano Robert Muse, experto en leyes relacionadas con la isla.
En una
entrevista con Prensa Latina, el letrado recordó que el 17 de abril la
administración de Donald Trump debe tomar una decisión con respecto a ese
apartado, el cual fue suspendido por todos los gobiernos previos desde 1996,
pero comenzó a aplicarse parcialmente en marzo último.
A través del Título III, un mecanismo que muestra el carácter extaterritorial
del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra el
país caribeño hace casi 60 años, se permitiría a nacionales de Estados Unidos
llevar a los tribunales a quienes ‘trafiquen’ con ‘propiedades norteamericanas’
en Cuba.
Ello incluye la posibilidad de iniciar una demanda contra aquellas personas de
terceros países que inviertan en el territorio caribeño en propiedades
nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
Incluso, en lo que es visto como una contradicción con el derecho
internacional, ese acápite otorga autoridad de reclamantes a cubanoamericanos
que eran ciudadanos cubanos en el momento en que las propiedades fueron
nacionalizadas.
Dados los perjuicios que implicaría esa parte de la ley aprobada en 1996, no
solo para Cuba, sino para Estados Unidos y aliados de esta nación como la Unión
Europea (UE) y Canadá, los predecesores de Trump desde William Clinton
(1993-2001) evitaron su puesta en práctica con suspensiones que se prorrogaban
cada seis meses.
La actual administración, sin embargo, anunció en enero que solo prolongaría la
suspensión por 45 días, y en marzo hizo lo mismo por un plazo de 30, pero en
ese caso dijo que a partir del 19 de ese mes permitiría la presentación de
demandas judiciales contra más de 200 empresas cubanas incluidas en una lista
unilateral de sanciones.
Muse indicó que hasta el momento no ha habido ninguna acción legal contra esas
entidades y subentidades del país caribeño, y eso puede estar relacionado con
que los litigantes potenciales ven muchas dificultades por tratarse de empresas
sin conexión o presencia en Estados Unidos.
Para él, la principal cuestión a definir este 17 de abril si finalmente el
ejecutivo del presidente republicano decide seguir adelante con el Título III, será
contra quiénes se podrían interponer las reclamaciones.
El abogado, quien señaló que se opuso a la Helms-Burton desde la etapa en que
se comenzó a discutir en el Congreso, agregó que el modo en que está diseñado
el acápite permite las demandas contra el Gobierno de Cuba.
Si Estados Unidos procediera a autorizar ese tipo de acciones, no solo contra
los dos centenares de entidades restringidas, sino contra el Gobierno en
sentido general, ‘creo que veríamos varios cientos de miles de demandas que
inundarían las cortes norteamericanas’.
Tales reclamaciones, reflexionó el experto, terminarían en sentencias por
‘default’, ya que el ejecutivo de la nación antillana no trataría de presentar
una defensa en esas acciones legales.
‘No creo que (Estados Unidos) vaya a hacer eso, no creo que quieran llenar los
tribunales con miles y miles de litigaciones’, dijo el letrado, quien estimó
que si se implementa el Título III, será fundamentalmente contra corporaciones
privadas presentes en la isla, por lo regular empresas que tienen ‘joint
ventures’ (proyectos conjuntos).
Sobre el impacto específico para las compañías estadounidenses, Muse recordó
que estas no tienen exenciones bajo la ley de 1996, y por tanto pueden ser tan
demandas como las europeas, asiáticas o latinoamericanas con negocios en la
mayor de las Antillas.
En el caso de las aerolíneas o empresas estadounidenses de cruceros que tienen
ya una amplia actividad en el territorio vecino, podrían estar libres de los
peligros de una reclamación porque una provisión de la normativa establece que
no constituyen ‘tráfico’ las transacciones relacionadas con viajes legales a
Cuba.
Muse añadió que aplicar el apartado contra el sector corporativo extranjero
tendrá repercusiones negativas en la inversión foránea en la nación antillana.
Cuando una corporación decide realizar negocios en un país, no quieren estar en
un lugar donde es posible un litigio, donde pueden recibir reclamaciones en una
corte de Estados Unidos, las cuales suelen requerir demasiado tiempo y son muy
costosas, afirmó.
Al respecto, el abogado llamó la atención sobre el hecho de que la Ley
Helms-Burton nunca se trató seriamente del tema de las demandas, sino que
estaba ideada para expandir el embargo (bloqueo) contra al territorio vecino,
al poner todas estas propiedades nacionalizadas bajo cuestionamiento.
‘La ley fue aprobada hace 23 años, y después de un tiempo de suspensión del
título las personas comenzaron a pensar que nunca sería implementado, las
compañías fueron a Cuba sin temor a eso’, explicó.
Preguntado sobre qué ha cambiado entonces con el Gobierno de Trump, el experto
sostuvo que, por una parte, este ejecutivo ha tenido la idea de una
implementación parcial, para sortear el problema de las miles y miles de
demandas potenciales.
‘Una pregunta para las cortes es si la administración tiene la autoridad de
realizar una implementación parcial del Título III, creo que se puede
argumentar fuertemente que no la tiene, que debe implementarlo completamente o
mantenerlo suspendido’, estimó.
Muse también hizo referencia al impacto que tuvo el nombramiento de Mike Pompeo
como secretario de Estado y el de John Bolton como consejero de Seguridad
Nacional, por tratarse de figuras que junto al gobernante no han dudado en
apelar a la Doctrina Monroe, una postura del siglo XIX que busca justificar la
injerencia de Washington en América Latina.
A ello se une que el ejecutivo del republicano está menos preocupado que los
anteriores por el efecto que pueda tener la legislación para aliados como la
UE, aun cuando el bloque comunitario, y en particular España, han repetido su
oposición a la puesta en marcha del mecanismo.
Estados Unidos está diciendo que es hora de alinear la política europea sobre
Cuba con la de Washington, no creo que la protesta de esos países vaya a hacer
mucha diferencia, apuntó el abogado.
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