Traspiés imperiales en torno a Venezuela

Desinflado el títere Juan Guaidó en su camino a la legalización internacional por dos grandes razones: no poseer los resortes de poder del Estado, y la corrupción propia y la de sus pupilos que lo han desacreditado y desechado moralmente como futuro gobernante, Estados Unidos y Colombia maniobran febrilmente en busca de una fórmula que permita, de un modo u otro, la destrucción de la Revolución bolivariana.  

En su afán de conceder legalidad al gobierno ficticio de Guaidó, se plantea que Washington negoció con el presidente —saliente— de Argentina, Mauricio Macri, el reconocimiento de la enviada del mandatario virtual venezolano, Elissa Trotta Gamus, como representante oficial de Caracas en Buenos Aires, lo que constituyó un sinsentido que ahora, con la victoria este domingo de la dupla opositora de Alberto y Cristina Fernández, amenaza con derivar en el peor de los ridículos.

Gran ridículo porque la susodicha va a cesar en el cargo antes de haberlo asumido; por cuanto, de acuerdo con el Derecho internacional, el Gobierno argentino no está facultado para desconocer la legitimidad de la representación diplomática de Venezuela en Buenos Aires, porque no ha roto relaciones con ese país ni las ha rebajado al nivel consular.

Además, la Trotta, que posee doble nacionalidad en su condición de hija de un emigrado argentino con una venezolana, quien ha residido además en la patria de Sarmiento durante varios años, debería renunciar primero a su cargo de empleada política del partido de Macri en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para poder asumir como embajadora, cosa que no ha hecho.

¿Tendrá valor para presentarles en diciembre a los Fernández sus cartas credenciales? Lo más probable es que tendrá que salir de la capital argentina en breve plazo.

Pero aquí no terminan las contradicciones y hechos curiosos como el que se ha producido en Estados Unidos en torno a la empresa venezolana Citgo, que el Gobierno de Donald Trump acaba de salvar del default y el paso inmediato a la propiedad de los tenedores de bonos de esa compañía.

¿Y por qué debería Estados Unidos salvar a esa corporación morocha que opera en su país? Ocurre que el 28 de octubre, Citgo debía pagar 913 millones de dólares a sus acreedores por cuanto Venezuela la había puesto como garantía de sus bonos PDVSA 2020 y, de no saldar esas deudas, la entidad pasaría automáticamente a sus prestamistas. 

Siempre según Esther Yañez Illescas, de Sputniknews, en enero pasado, días después de que Guaidó se autoproclamase presidente encargado de Venezuela, EE. UU. impuso sanciones a PDVSA que incluían el bloqueo de fondos de Citgo y el traspaso de poderes al séquito de Guaidó, que no tardó en nombrar una nueva Junta Directiva para controlar la filial. De ahí que, si esa empresa es tomada por los acreedores, los perjudicados inmediatos serán Guaidó y comparsa.

Pero lo más curioso es que, entre los citados acreedores, figura la compañía rusa Rosneft como parte del consorcio, porque PDVSA utilizó una participación del 50.1 por ciento de Citgo como garantía de los 3.400 millones de dólares que emitió en forma de bonos en el 2016.

Parte de los intereses de esos bonos debían cancelarse antes del pasado lunes, de lo contrario, el reparto de la filial iría a parar, en primer lugar, para el Fondo de Inversión de Mercados Emergentes Británico, Ashmore, que tenía la mayor participación en la compra de deuda. A ello se suma que Rosneft sería también directamente beneficiada porque PDVSA colocó las acciones restantes del bono 2020 como garantía de un préstamo de esta petrolera, por lo que parte del reparto del pastel sería para Rusia, algo que EE. UU. no está dispuesto a permitir.

Por eso el Departamento del Tesoro emitió el jueves una licencia que prohíbe a los tenedores del polémico bono ejecutar su garantía para quedarse con Citgo, por un período de tres meses, que vence el 22 de enero del 2020, lo que da a Guaidó y su clan un margen de tiempo para poder negociar, aunque sin garantías de éxito.

Entretanto, el gobierno venezolano ha redoblado sus gestiones en los planos interno y externo, recibiendo apoyo internacional en la recién finalizada cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, donde su canciller, Jorge Arreaza, denunció que su país “vive un experimento de guerra no convencional que va acompañado del robo y saqueo de los bienes y activos de la República”. Allá los presidentes cubano y venezolano, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, destrozaron con argumentos las calumnias y conjuras contra la República bolivariana.

En fecha reciente en Venezuela se hizo un importante aumento de salarios que, si bien no colmó las expectativas de los trabajadores —debido al alto índice de inflación derivado de la guerra económica de EE. UU. y sus títeres contra ese país—, sí ha mejorado el poder adquisitivo de la población. A ello se suman un grupo de atinadas decisiones del ejecutivo, como la de impulsar negociaciones con la oposición moderada y autorizar el regreso de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional dominada por la derecha.

A la implementación de ese acuerdo se sumaron los diputados del Partido Comunista y otras fuerzas aliadas del gobierno, que le dan voz y voto en el parlamento y que, si bien es cierto que no llegan a sumar mayoría, sí pueden trabajar, y trabajan, para lograr consensos que ya se han materializado en torno a algunos puntos básicos, como la defensa del territorio en disputa del Esequivo, y el rechazo a una agresión armada externa.

Se trata ahora de llegar a acuerdos acerca de la composición y ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, lo cual estaría ligado a la designación de una fecha para la realización de elecciones que llevarían a la renovación de ese parlamento, el cual arriba a su término y, por supuesto, a la fijación en tiempo de las próximas elecciones presidenciales, que aunque ya tienen tope en 2025, pudieran ser objeto de negociación bajo ciertas premisas.

Naturalmente, todo ello implica concesiones mutuas bajo la condición oficial de no violar la Carta Magna ni infringir los principios. Entretanto, el gobierno redobla sus gestiones económicas en China, Rusia, Turquía, Irán, Bielorrusia y otras naciones, con el propósito de obtener acuerdos que impliquen créditos e inversiones destinados a aliviar la aguda crisis económica que atraviesa el país, muy parecida a la que sufrimos los cubanos en el primer quinquenio de la década de los años 90 del pasado siglo.