Venezuela: ¿Guaidó cuesta abajo?

De acuerdo con la información divulgada este miércoles por Reuters y otras agencias noticiosas, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, aprobó la víspera allanar la inmunidad parlamentaria del autoproclamado “presidente encargado” Juan Guaidó, cuya autoridad real no rebasa la de un simple diputado de un legislativo hace tiempo declarado en desacato por violar la Constitución y las disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

No por esperada, la noticia ha dejado de provocar expectativas, por cuanto este consumado apóstata al servicio de una potencia extranjera —los Estados Unidos— ha venido acumulando fechorías y hechos constitutivos de delito, empezando por el de traidor a su patria, como incitador de una intervención foránea para derrocar el poder legalmente constituido en su país; de manera que la pregunta, si existe, es: ¿cómo ha podido este títere de la derecha hacer y deshacer hasta ahora con toda impunidad, sin comparecer ante la ley?

Siempre celosas de los cauces legales, las autoridades venezolanas no habían procedido contra Guaidó debido a que le reconocían la inmunidad correspondiente a su cargo, pero ahora, y por solicitud expresa del TSJ, basado en el Artículo 200 de la Carta Magna, esa inmunidad ha sido levantada, con lo que se cumple el requisito legal para enjuiciarlo, y para ello, delitos no faltan.

Ante las conocidas amenazas expresadas por funcionarios estadounidenses de alto nivel acerca de que si se tomaban medidas contra su pupilo habría consecuencias, el titular de la ANC, Diosdado Cabello, expresó que “al chavismo no le intimidan los poderosos”, y propuso extender la medida a otros opositores en el exterior, como el también diputado Julio Borges.

En realidad, el TSJ no ha estado con las manos cruzadas, pues el 29 de enero, seis días después de la autoproclamación de Guaidó como “presidente encargado”, dictó contra él varias medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, entre ellas la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto culminara la investigación en su contra y la prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo de cuentas bancarias o instrumentos financieros en el territorio venezolano.

Pero el diputado por el estado Vargas empezó a violar lo dispuesto cuando el 22 de febrero salió de Caracas hacia la ciudad colombiana de Cúcuta, donde se proponía encabezar la megaprovocación prevista para el día siguiente, consistente en introducir por la fuerza ayuda humanitaria en Venezuela, para provocar graves disturbios que justificaran una agresión armada por parte de fuerzas del vecino país, respaldadas por otras de Estados Unidos.

A continuación, Guaidó estuvo en Bogotá, donde se reunió con el  presidente Iván Duque y el vicepresidente yanqui Mike Pence, de quienes recibió las instrucciones correspondientes, para luego emprender un recorrido que lo llevó sucesivamente a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, de cuyos mandatarios recabó apoyo a sus planes golpistas y aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

De provocación en provocación, Guaidó orquestó un proyectado incidente en el aeropuerto de Maiquetía, a donde fue convocada la prensa opositora y parte del cuerpo diplomático para que intervinieran en caso de que fuese detenido a su regreso el 4 de marzo y, de cualquier forma, sirvieran de amplificadores de su pésima obra de teatro bufo. 

Si de causas penales se trata, este bufón de opereta tiene ahora mismo otras dos investigaciones abiertas; la primera de ellas por desacato a la Constitución y a los poderes públicos con su acto de autoproclamación del pasado 23 de enero, y la otra porque existen indicios de su implicación en el sabotaje eléctrico repetido que provocó sucesivos apagones de varios días de duración y que han afectado grandemente la vida del pueblo venezolano y su capacidad productiva.

Por si fuera poco, este señor —aparecido de la nada hace apenas 10 semanas—, ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de 15 años, por la Contraloría General de la República, debido a que, contrario a lo dispuesto, no ha ofrecido información sobre su patrimonio, a pesar de haber viajado mucho en periplos nacionales e internacionales con altos gastos en boletos de pasaje y de alojamiento en hoteles caros, dentro y fuera de su país.

No hay que ser un genio para adivinar de dónde salió ese dinero, posiblemente deducido de forma arbitraria de los 38 000 millones de dólares congelados a Venezuela, precedentes de la inmovilización de activos de la empresa refinadora y distribuidora Citgo, por parte del gobierno de Washington, junto con el embargo de las cuentas de pago por el petróleo enviado a territorio yanqui por la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A.

Ante tanta desfachatez, impunidad y paños tibios, luego de tantos delitos manifiestos, uno no puede menos que establecer un paralelo entre lo ocurrido con el líder del Partido de los Trabajadores y expresidente del Brasil, Luis Inazio Lula da Silva y la también expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirschner, y el caso Guaidó.

Salta a la vista el doble rasero imperante en esos casos, pues en el primero las oligarquías nativas en el poder han llevado a prisión, sin pruebas y con altas sentencias, al mandatario más votado de su historia y han hecho la vida imposible a la segunda mujer en ocupar la Casa Rosada, en Buenos Aires, sin que Washington diga ni pío, mientras amenaza al gobierno de Nicolás Maduro si emprende alguna acción contra un criminal de lesa patria como Juan Guaidó, o Traidó, como ya le dicen algunos.