Venezuela inició hoy los ejercicios militares Soberanía y Paz, mientras el Consejo de Defensa de la Nación asume sus funciones en medio de las exacerbadas tensiones con Colombia.
Acciones
que se suman a la alerta naranja declarada el pasado 3 de septiembre, y el
despliegue de más de tres mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana en la zona fronteriza.
Tras las continuas amenazas y ataques de las últimas semanas por parte del país
vecino, que incluyen intentos de atentados, creación de falsos positivos y
acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos dirigentes
bolivarianos, la nación suramericana reafirma el principio de defenderse ante
cualquier agresión.
‘Llegó el momento de defender la soberanía y la paz nacional, desplegando toda
nuestra capacidad de defensa para desmontar las pretensiones de guerra que se
nos quieren imponer. áQue nuestra Victoria sea la Paz!’, publicó este martes el
mandatario en la red social Twitter.
‘Tenemos las pruebas de cómo desde Colombia se conspira para atacar los Poderes
Públicos y sedes militares en el país’, dijo.
La víspera el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, desmontó las
acusaciones de la revista colombiana Semana sobre presuntos nexos del
presidente venezolano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y
las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Entre otras cuestiones, Rodríguez advirtió que la solicitud de incluir a
Venezuela en el listado de países que contribuyen con acciones terroristas,
hecha en la publicación, no era más que un intento de la oligarquía de esa
nación para emprender una agresión armada.
Horas después, Maduro anunció que ante las amenazas y el peligro real que se
cierne sobre el país, el Consejo de Defensa, máximo órgano de consulta para la
planificación y asesoramiento en esos temas, asumiría sus funciones como
establece la Constitución de la República.
Durante su intervención explicó que el Gobierno colombiano está implicado en la
captación de oficiales y suboficiales venezolanos, ‘quienes cobran por vender
su Patria’, con la intención de atacar el sistema de defensa aéreo y derrocar
la Revolución.
Durante los últimos días, altos funcionarios del Gobierno bolivariano
denunciaron en varias tribunas esas maniobras desestabilizadoras.
Entre ellos, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Julio Chávez, quien en entrevista concedida a Prensa Latina advirtió sobre la
participación directa de Israel y Estados Unidos en esos ataques.
El dirigente partidista reveló cómo la empresa israelí-inglesa Daincorp, que
opera en el Medio Oriente bajo la figura de contratista de guerra, abrió un
centro de preparación en Cúcuta, Colombia, donde se entrenan más de un centenar
de mercenarios venezolanos, financiados con dinero del narcotráfico.
Las tensiones entre ambos países se incrementaron a finales del pasado mes
luego que el presidente Iván Duque acusara a su homólogo venezolano de vínculos
con un grupo de exguerrilleros, quienes anunciaron su retorno a las armas alegando
el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba.
De igual forma, los miembros de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia criticaron la postura de la administración de Duque ante la continua
matanza de líderes sociales y guerrilleros que habían depuesto las armas.
Sin embargo, analistas aseguran que la desenfrenada carrera guerrerista del
país vecino y de Washington contra Venezuela está condicionada por el fracaso
de las acciones de la derecha venezolana, que no han podido derrocar al
presidente constitucional y cada vez pierde más adeptos.
A lo cual se une el desprestigio del autoproclamado presidente Juan Guaidó y
las contradicciones internas e intrigas de una oposición segmentada, signada
solo por las ansias de poder y el entreguismo a Estados Unidos.
En tanto, el Gobierno bolivariano manifiesta y hace valer su derecho
inalienable a defender la soberanía a cualquier precio, mientras aplica
políticas sociales y programas en beneficio de la población y en pos del
mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos.
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