El Gobierno de Venezuela presentó un informe con 70 observaciones a la versión divulgada por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, sobre esas garantías en el país.
Caracas calificó como una visión selectiva y abiertamente parcializada la relatoría presentada por el organismo sobre la verdadera situación en la nación, que contradice los principios para el tratamiento de los asuntos de derechos humanos de la Declaración y Programa de Acción de Viena.
Un borrador avanzado no editado del informe final fue enviada el 28 de junio último por el departamento de Bachelet a las autoridades venezolanas, quienes a su vez presentaron consideraciones y errores de hechos, de conformidad con los lineamientos institucionales de esa entidad.
‘En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina’, recalcó el análisis.
De este modo, el Gobierno venezolano consideró la versión de la Oacnudh como resultado de las debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración.
Resulta preocupante que el 82 por ciento de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio venezolano, luego de que la entidad realizara dos visitas al país este año.
No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos, enfatizó la respuesta de Caracas, subrayó.
La valoración abundó en referencia a los sectores críticos y omitió la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia, rechazó el texto.
‘Debe tenerse presente que la Oacnudh está llamada por las normas y principios internacionales a realizar en sus informes una evaluación objetiva e imparcial de la situación de derechos humanos de los países que integran la ONU’, añadió.
En ese sentido, Caracas exhortó a alcanzar dicha objetividad con un justo balance en el manejo de las fuentes de información, así como de los avances y desafíos que presenta un determinado Estado.
Las autoridades venezolanas presentaron además más de 50 errores de hecho al análisis de la alta comisionada, que entre otros aspectos, llamó a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar lo que denominó graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.
Según el borrador, elaborado tras la visita a Bachelet en junio, en el último decenio el Ejecutivo y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia ‘orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno’.
Asimismo destacó la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
A partir de toda la información aportada, el Gobierno de Venezuela solicitó a la Oacnudh adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe antes de su publicación.
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