El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, rechazó tajantemente acusaciones sobre presuntas propinas recibidas a cambio de emitir una medida cautelar que benefició a empresas del sector automovilístico en 2009.
Lula declaró ante el juez Vallisney de Oliveira, del décimo Circuito del Tribunal de Justicia Federal, en Brasilia, como parte del proceso de la llamada Operación Zelotes.
En el mismo caso figura imputado el exministro Gilberto Carvalho, quien fungió como su jefe de gabinete.
La medida provisoria (MP) 471, de 2009, dictada por el exmandatario, según la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), prorrogó por cinco años los beneficios fiscales a empresas del sector instaladas en las regiones norte, nordeste y centro-oeste del país.
‘Conozco a la Fiscalía. Hay mucha mala fe, hay mucha frivolidad’, dijo en su testimonio Lula, quien salió de la cárcel el 8 de noviembre luego que un juez dictó la orden de libertad, atendiendo a la solicitud de su defensa motivada por la decisión del Supremo Tribunal Federal que derrocó la ejecución de sentencia tras la condena en segunda instancia.
En la audiencia de este miércoles el exlíder metalúrgico manifestó que estaba ‘cansado de tantas mentiras, tanta frivolidad, tantas insinuaciones. Dejen de insinuar cosas sobre mí’, protestó el fundador del Partido de los Trabajadores.
Según el MPF, en total, los fabricantes de automóviles pagaron casi tres millones de dólares a los involucrados en el plan.
El exdirigente obrero negó haber sido favorecido por la disposición, la cual fue aprobada más tarde por los diputados y senadores del Congreso Nacional.
Precisó que ‘no discute medidas provisionales con hombres de negocios. Es el ministro del sector. Mauro Marcondes pudo haber participado en alguna reunión conmigo, pero junto con otros empresarios del área automotriz’, señaló.
Interrogado sobre la parte de la acusación según la cual su gobierno habría puesto a disposición de los empresarios del sector el contenido de la medida un día antes de su publicación, respondió que el acta del asunto pasó por varios funcionarios.
‘Cuando se toma una medida provisional que involucra a tres, cuatro, cinco ministerios estos proyectos pasan por decenas de funcionarios que darán su opinión’, subrayó el exjefe de Estado.
La pasada semana el magistrado federal Ricardo Leite, del décimo Juzgado Federal Penal de Brasilia, reprogramó para este miércoles interrogar al exgobernante en la causa.
Abogados defensores de Lula solicitaron el aplazamiento de la audiencia, prevista inicialmente para el 11 de febrero, y así el expresidente pudo visitar al papa Francisco en el Vaticano entre el 12 y 15 de febrero.
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