Desde el inicio de las protestas populares en Chile en octubre último, cinco mil 558 personas han presentado denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, informó este viernes la Fiscalía Nacional.
Un informe de esa entidad contabiliza en 31 los fallecidos durante las manifestaciones, de los cuales cuatro corresponden a responsabilidad directa de los uniformados, mientras que dos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban bajo custodia en comisarías.
Del total de denuncias mil 938 señalan lesiones con armas de fuego, de las cuales 285 denunciaron daños oculares, una práctica que se ha extendido por el lanzamiento de perdigones e incluso bombas lacrimógenas directamente al rostro de las personas.
Los datos, aportados por la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, indican que cuatro mil 170 víctimas culparon directamente a Carabineros, 244 a miembros del Ejército, mientras que la Policía de Investigaciones suma 96, y otras 27 denuncias apuntan a miembros de la Armada.
El informe añade que los abusos y agresiones policiales se cometieron contra tres mil 798 personas en plena vía pública, 582 en comisarías, brigadas policiales o recintos militares, mientras que 72 personas denunciaron que los hechos ocurrieron en sus propias viviendas y 202 en el interior de vehículos policiales.
Según la Fiscalía hasta el momento 38 agentes del Estado fueron procesados por uno o más delitos, aunque otras entidades como el Instituto Nacional de Derechos Humanos se han quejado de la lentitud en el avance de las causas.
Además, entre el total de víctimas, 21 denunciaron discriminación por pertenecer a diversidades sexuales, mientras que en los casos relacionados con delitos de connotación sexual, 192 personas sufrieron desnudamientos y 67 señalaron hechos constitutivos de violación o abuso sexual.
El informe detalla que del total de casos, cuatro mil 525 son hombres y mil 031, mujeres, pero entre ellos 834 son niños, niñas o adolescentes.
Los datos aportados por la Fiscalía coinciden con la presentación este viernes de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual señala que ‘la respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de la represión y un uso desproporcionado de la fuerza’.
Asimismo señala que las conductas repetitivas de violencia contra manifestantes resultaron en ‘un número elevado de víctimas de graves violaciones de derechos humanos’.
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