La fiscal general de la República,Yamila Peña Ojeda, actualizó en la Mesa Redonda cómo esta institución mantuvo su vitalidad durante el enfrentamiento a la pandemia, mediante el reajuste de funciones.
Destacó el papel de los fiscales jefes en los territorios, quienes asumieron en su mayoría la dirección de los grupos jurídicos de los consejos de Defensa. Para cumplir esta tarea también fue necesario reorganizar la capacidad de las instituciones, acotó.
Sobre este proceso de reordenamiento laboral, explicó que las fiscalías cuentan con una amplia fuerza de trabajo de mujeres, muchas de ellas son madres de niños pequeños. “En algunos casos solicitaron las garantías laborales, pero la mayoría se mantuvo trabajando”.
Para mantener el control de los procesos y el intercambio con las direcciones territoriales, la fiscal general subrayó la importancia de las videoconferencias, las cuales permitieron evaluar buenas prácticas en el hacer.
“A pesar de las insatisfacciones que tenemos en muchos asuntos, hemos tratado de mantener un control directo y sistemático de todos los temas a los que nos hemos enfrentado”, dijo Peña Ojeda.
Pese a que el 56% de la fuerza laboral se mantuvo en trabajo a distancia, se garantizó el traslado de documentos y el cuidado de la información, entre otras misiones. A la par, “no hemos perdido la labor de control”, lo cual “demuestra que todavía tenemos muchas capacidades para interactuar con los municipios del país”.
En cuanto al control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal y pública, la fiscal general recordó que desde 2016 existe una norma que estableció el modo de actuación de las fiscalías en diferentes eventos climatológicos, pero “ninguno como la actual pandemia”. De ahí que “tuvimos que implementar un grupo de decisiones para revisar modos de actuación ante los nuevos procesos”.
Peña Ojeda aseguró que en los procesos penales ha primado siempre la precisión, la racionalidad y mesura, pues “aunque no estamos en un momento normal, se ha actuado con el debido respeto, a partir de lo establecido en la Constitución”.
Ante la situación generada por la pandemia, fue necesario limitar la intervención de los fiscales en las unidades de la Policía y en los órganos de instrucción, así como en la obligatoriedad de entrevistar a los detenidos cuando se presentan medidas de prisión cautelar y en los controles de la legalidad en los centros de detención, explicó.
“Lo que hicimos fue pensar cómo garantizar la legalidad de esos procesos desde un control diferente”.
La fiscal general dijo que en marzo se revisaron todos los procesos penales que estaban en tramitación. “Hubo un grupo de casos (17) que se archivaron, teniendo en cuenta las características de los hechos, y también un grupo de diligencias que no eran posibles de realizar en determinados territorios”.
El principio, argumentó, fue ir avanzando en la medida que los procesos lo fueran permitiendo, teniendo en cuenta que hay un grupo de prórrogas que están establecidas en la Ley de Procedimiento Penal.
“Este fue un tiempo dinámico para la Fiscalía, hemos aprendido todos. Desde el cumplimiento de la funciones, hemos tenido que trabajar en una armonía que ha sido constante”, enfatizó.
Hechos delictivos que ocurrieron durante estos meses de pandemia
“Hay hechos delictivos que ocurrieron durante estos meses de pandemia, algunos fueron divulgados por los medios de comunicación. Un número importante está en tramitación, y una vez concluido el proceso de investigación y sean celebrados los juicios orales se darán los resultados”, respetando siempre las garantías y derechos de los implicados, aseguró la fiscal general en la Mesa Redonda.
Precisó que por conductas delictivas asociadas a la pandemia fueron atendidos 2 629 procesos penales, de ellos 1 868 se remitieron a los tribunales, con solicitud de sanciones ajustadas a la política penal.
Por delitos sumarios fueron procesados 1 914 casos, en los que resultaron acusados 2 359 individuos. La mayoría de estos casos se registraron en La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba.
Además, en fase preparatoria se encuentran otros 715 expedientes, en los que 1 204 personas están acusadas, el 40% con prisión provisional.
Entre las principales tipicidades delictivas detectadas en los últimos meses, se encuentran:
- Propagación de epidemias.
- Hechos contra agentes de la autoridad: desobediencia, atentado, desacato y resistencia, ocurridos generalmente en la vía pública y en centros de comercialización de alimentos y productos de aseo.
- Actividades económicas ilícitas.
- Receptación.
- Malversación.
- Apropiación indebida.
- Infracción de normas de protección a los consumidores.
En La Habana, el Centro Alternativo de Detención y Procesamiento ha revisado y controlado más de 4 000 denuncias, que implican a más de 5 000 acusados.
De acuerdo con Yamila Peña Ojeda, otro tema que contó con una atención prioritaria durante este período fue el control de la legalidad. “En marzo fueron suspendidas 24 acciones, pues no era posible a partir del estado en que estaban, poder interactuar con los objetivos económicos y las entidades”.
Sin embargo, “no se dejaron de hacer acciones de control”, que se garantizaron a través de los consejos de Defensa.
En concordancia con la intención del Estado de proteger los sectores vulnerables, la fiscal aseveró que los esfuerzos se dirigieron hacia los círculos infantiles, hogares de ancianos y centros de aislamiento. Se trata de “centros donde el Estado ha puesto un nivel de recursos que es importante revisar”.
La atención a los ciudadanos: “Permanente y fuerte”
Sobre la atención a los ciudadanos, la fiscal aseguró que el trabajo ha sido permanente y fuerte. En este caso, “involucramos a todos los fiscales, para poder dar respuesta a las ocho vías de atención que tiene la Fiscalía”.
La Fiscalía General de la República cuenta con un sistema organizado y profesional para la atención a la población. Desde el 20 de marzo al 15 de junio, esta institución atendió en el país 24 695 personas, mediante sus ocho vías para la atención de la población, entre ellas el correo electrónico y el Portal del Ciudadano. El 14% fue atendido por la vía personal, precisó.
Igualmente, continuó, se recibieron más de 3 000 reclamaciones, aunque se tuvo que archivar un grupo de asuntos, debido a los tiempos y por las características de los procesos, donde ya no se podían realizar diligencias.
“Se le comunicó a las personas cómo sus procesos fueron archivados; no obstante, hemos mantenido una secuencia que nos permitirá estar en mejor estado cuando vayamos a la primera fase, porque hemos estado revisando esos asuntos”.
Los aspectos no penales, jurisdiccionales, también fueron detenidos, mientras que en el caso de los procesos de revisión, sí se mantuvieron las solicitudes de causas al Tribunal, “por lo que los fiscales fuimos avanzando, lo que nos pone en mejores condiciones”.
Quisiera por este medio y por el medio necesario que sea con lo desesperada que me encuentro por el caso de mi esposo Leonel Antomachin Draguet que ha estado recluido por una sanción de 25 años por el delito de Robo con Violencia desde el año 2005 puesto que ya en estos momentos con sus beneficios y rebajas ya tiene el término de la sanción y la pertenece su libertad condicional y la prisión donde se encuentra recluido desde hace ya tres años después de haber estado en el penitenciario Boniato ha tenido una buena conducta oficios títulos es albañil y se encuentra trabajando en una brigada del ministerio del interior de albañil y sin mirar muchas cosas a su favor más aún si comportamiento le niegan ese derecho, somos seres humanos nos equivocamos y tenemos derecho a cambiar y a él integrarse a la sociedad como todo un hombre de bien y no miran esos motivos no y en ves de dar oportunidades ayudarlos a cambiar para bien lo que lo pueden en más y más años en la prisión destruyéndose poco a poco sin derecho a ser su familia y estar con su familia yo desearía suplico le den una oportunidad a mi esposo a su libertad que yo no sé qué hacer después de haber hecho varios trámites y han sido por gusto les imploro la libertad de mi esposo
Yo ciudadana cubana Yelina María Olmo Hernández natural de Santiago de Cuba espero que por lo menos por esta vía mi súplica haya sido leída y a la ves me respondan pronto estoy desesperada por el caso de mi esposo Leonel Antomachin Draguet cuyo cual yo hice una súplica por aquí y aún no he recibido respuesta mi caso como bien sabemos es penal y esposo mí esposo que le han negado en mi provincia de Santiago de el derecho a la libertad condicional sin motivos algunos y no es justo porque somos humanos y tenemos el derecho a cambiar y a recapacitar y nadie nadie me da una respuesta de que harán lo posible por soltar a mí esposo,