El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el extremista de ultraderecha Donald Trump, resultó duramente criticado en la Empresa Militar Industrial Francisco Aguiar Rodríguez, de Sancti Spíritus, por su criminal política de incremento del bloqueo contra Cuba.
Varios jóvenes de la entidad expresaron las razones por las cuales el bloqueo es un acto criminal de una superpotencia contra un país pequeño, con la intención de derrocar su gobierno legítimo e imponerle un vasallaje bajo la tutela de un procónsul yanqui, lo que significaría retrotraer a Cuba, 120 años después de la derrota española, a una inadmisible situación de coloniaje.
En el encuentro se enumeró la larga historia de agresiones de EE. UU. contra Cuba y las últimas medidas de Donald Trump contra nuestra patria, su carácter hostil y criminal en violación de todas las leyes internacionales que rigen las relaciones entre países.
También se informó que los daños acumulados del bloqueo en los 60 años de su existencia suman 138 843 millones de dólares y se adujo que nunca en la historia de la humanidad un país había sido sometido a una guerra económica tan prolongada y criminal como lo ha sido el bloqueo para Cuba.
Se señaló que, al contrario de lo que dicen Trump y compañía, el bloqueo se ensaña sobre todo con los ancianos, las mujeres y los niños, por ser los segmentos poblacionales más vulnerables y que, a pesar del desabastecimiento de algunos productos y la escasez de combustible, el país continuará adelante con su proyecto socialista, solidario e independiente.
“Ese engendro viola la Carta de la ONU y las normas de relación entre naciones civilizadas, por lo que constituye un genocidio que merece la más rotunda condena de los pueblos y gobiernos del mundo”.
Se recordó que Donald Trump ha sido el único mandatario de la superpotencia en activar el Título III de la Ley Helms-Burton, promulgada en marzo de 1996 por el entonces Presidente William Clinton —a raíz del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate sobre aguas cubanas— y que solo en el 2019 activó 85 medidas contra Cuba, 43 de ellas de índole económica, con la manifiesta intención de cambiar el sistema político cubano.
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