En las redes de la ilegalidad

Desde que el barco de reconocimiento salió por el litoral sur de la provincia, los oficiales de la Oficina Nacional de Inspección Pesquera y los miembros de las Tropas Guardafronteras sintieron en el aire el olor a ilegalidad. Comenzaba uno de los operativos que desarrollan para contrarrestar la pesca furtiva en esteros, desembocaduras de ríos, lagunas costeras, canales e, incluso, en el propio mar.

El operativo que abarcó un área de alrededor de 30 kilómetros hasta Playa Bonita y Las Coloradas, requirió de mucha paciencia para revisar, los lugares más propensos a la pesca furtiva; es decir, los manglares y otras partes donde, fácilmente, pueden colocarse trampas o realizar capturas submarinas sin la debida autorización.

POR LA RUTA DE LOS SOLAPADOS

Para el joven Raúl Manuel Cuéllar Martínez, inspector oficial de la Oficina Nacional de Inspección Pesquera en Sancti Spíritus, cada salida es un desafío, pues nunca saben en qué momento encontrarán un chalán cargado de pescado y abandonado a su suerte, ni mucho menos a los autores del hecho.

“Por lo general, salimos de noche —dice Cuéllar— porque el pescador clandestino siempre está a la expectativa y nuestro papel es proteger la flora y la fauna marinas. Recientemente en el sitio conocido como La Rosita, por la desembocadura del Río Zaza, detectamos a dos individuos que operaban en una embarcación arrendada por la UEB Pescazaza, eran cerca de las 6:00 p. m. y realizaban capturas submarinas sin la debida autorización. Además del decomiso de los avíos y otros medios, le impusimos multas por un valor de 500 pesos a cada uno”.

Durante el recorrido, en la desembocadura del estero de Playa Bonita — continúa narrando Cuéllar— encontramos unos 300 metros de red que estaba calada de un extremo a otro y un palangre con 50 anzuelos, pero no pudimos dar con los autores de tal fechoría”.

Rafael Sorí Martín explica las consecuencias negativas que provocan el uso indiscriminado de redes de 37 milímetros en zonas bajas del litoral. “Eso es depredación —alega—, porque en estas mallas quedan atrapadas especies pequeñas que habitan la costa y otras que llegan para efectuar el apareamiento y desove; por lo que, si se capturan, se interrumpe el ciclo biológico del animal y, por ende, la continuidad del desarrollo. En uno de los últimos operativos detectamos alrededor de 10 kilogramos de jaiba cobos y peces que no lograron sobrevivir.

DAÑO A LA ECONOMÍA

El Decreto-Ley No. 164/ 96 es el instrumento legal para contrarrestar las infracciones relacionadas con la depredación de la fauna marina.

Iraldo Romero Betancourt, director de la Oficina Nacional de Inspección Estatal en Sancti Spíritus, asegura que hasta el cierre de octubre acumulaban 139 multas con una cuantía total de 80 150 pesos. Sin embargo, advierte que lo importante no es la cuantía de lo que ingresan, sino la erradicación del problema que causa un daño mucho mayor e irreparable a la biomasa en desarrollo.

“Con respecto al 2018 —aclara romero Betancourt— en el 2019 las multas disminuyeron en 60, no así la cuantía de las mismas. No obstante, aumentó el número de operativos realizados por parte de la oficina y de otras fuerzas: 195 en total, de los cuales 41 fueron en embalses de la acuicultura, 61 en el mar, 23 en tierra y 5 en zonas marinas y otros sitios”.

La Oficina Nacional de Inspección Pesquera aplicó, asimismo, el decomiso de alrededor de 6 toneladas de productos acuícolas, entre los que figuran 992.23 kilogramos de langosta, 2 713.94 de camarón y 2 256.96 de pescado. Igualmente, se confiscaron 1 250 metros de redes, 14 atarrayas, una embarcación y ocho medios de pesca submarina, entre ellos snorkel, patas de rana y escopetas.

Pero también operó en varios paladares de Sancti Spíritus y Trinidad en los que se detectaron productos marinos no autorizados a comercializar y que constituyen rubros exportables, además de la imposición de las multas, a los infractores también les fueron confiscados tres frízeres y un refrigerador.

Sin dudas la tarea del enfrentamiento a dichas ilegalidades continúa siendo indispensable si se quiere evitar o, al menos, contrarrestar su proliferación. El irrespeto a lo que está establecido por la ley exige tomar más cortas las riendas de este asunto si queremos poner freno a la depredación de especies marinas que tanto daño causa al ecosistema y a la economía cubana.