Multas, decomisos y hasta juicios: el enfrentamiento a las ilegalidades ante la COVID-19 en Sancti Spíritus

La cooperación popular y las denuncias formuladas a través del número telefónico 106, vía por la cual la ciudadanía se comunica con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), han resultado determinantes en la identificación de personas que infringen las leyes en tiempos de enfrentamiento a la COVID-19.

Así lo dio a conocer el mayor Yéster Reyes Marrero, primer oficial de Tránsito en el territorio, durante su comparecencia en la revista especial del programa televisivo de Centrovisión Yayabo, que se transmite cada tarde, donde ofreció detalles de la labor de enfrentamiento al delito y a las ilegalidades que se han ido detectando.

“Hemos estado recibiendo un promedio de entre 40 y 45 llamadas diarias, cuando antes no se sobrepasaba la decena. Se está trabajando en función de hacer cumplir lo dispuesto por el Consejo de Defensa Provincial”, alegó.

También especificó que una de las misiones principales que asumen es procurar que los aseguramientos que se asignan al enfrentamiento a la epidemia lleguen a su destino, por medio de la actividad de custodia al traslado de los recursos, lo mismo por carreteras que por vías férreas, cuando viajan desde las provincias occidentales hacia el Oriente, y viceversa.

Reyes Marrero destacó, como una labor significativa, la presencia de fuerzas de la PNR en todos los centros de aislamiento, en aras de garantizar el orden en esos lugares y de que no accedan a ellos personas ajenas que puedan entorpecer el trabajo allí.

Asimismo, se refirió a la presencia física en las calles de los agentes del orden, con el objetivo de contribuir a que se mantenga el aislamiento social y se dé cumplimiento a las medidas implementadas por el Consejo de Defensa Provincial para evitar la propagación del virus SARS CoV-2, causante de la enfermedad.

No menos importante, aseveró el primer oficial, ha resultado el quehacer en los 18 puntos de control sanitario y vehicular habilitados en la provincia, donde se vela por el orden y se comprueba que la circulación de los vehículos se corresponda con lo estipulado para las actuales circunstancias.

Según la propia fuente, en las violaciones detectadas han estado implicados grupos de personas que no cumplen lo establecido y realizan fiestas en sus viviendas, con la consiguiente aglomeración de personas que, como regla, no usan nasobuco, ingieren bebidas alcohólicas y provocan, en algunos casos, alteraciones del orden.

“Hemos atendido 17 denuncias de ese tipo; en ellas han estado implicadas 140 personas y se aplicaron multas desde 1 000 hasta 3 000 pesos, por el delito de Propagación de epidemia”, amplió.

Otra de las irregularidades a las que se han enfrentado, igualmente gracias a la información ofrecida por la ciudadanía, es la ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública y lugares no autorizados, concepto por el cual se radicaron 47 denuncias y hay más de 90 personas implicadas. “Ello conllevó a la imposición de 2 247 multas”, expresó Yéster.

“En cuanto al no uso del nasobuco como medida para preservar la salud, lo cual implica un delito de Propagación de epidemia, en cumplimiento del Decreto No. 141 se han impuesto multas entre 100 y 150 pesos. Se ha actuado contra 5 250 personas por dicho concepto”, informó.

Irregularidades también detectadas con la ayuda popular, comentó, han sido las aglomeraciones de personas vinculadas a traslados ilegales, peleas de gallos, baños de menores en lugares no autorizados, adolescentes en ríos, presas y playas, menores en la vía pública sin los medios de seguridad ni el acompañamiento legal de sus adultos, deportes y ejercicios físicos en áreas o lugares no autorizados.

VIOLACIONES DE PRECIOS, DECOMISOS, JUICIOS

El incremento de los precios oficiales y otras violaciones de medidas relacionadas con la comercialización de productos en el territorio también han sido denunciados. Hasta el pasado 6 de mayo, de acuerdo con la fuente, se habían atendido por esa razón un total de 69 casos, en 31 de los cuales se produjo infracción de las normas de venta (precios, en específico), y en 38 hubo actividad económica ilícita, al tratarse de vendedores ilegales.

Se ha actuado, asimismo, contra coleros, acaparadores y revendedores, motivos por los que han sido conducidas a las estaciones de la PNR 141 personas. A 74 de ellas, precisó Reyes Marrero, se les ha realizado la denuncia, en tanto al resto se les aplicaron medidas profilácticas y de advertencia.

En cuanto al decomiso de productos resultantes de actos delictivos, enumeró: 1 558 unidades de artículos de aseo personal, 10 555 libras de arroz; 1 367 libras de pasta de tomate y más de 1 000 libras de azúcar. Asimismo, cuatro tanques plásticos con más de 800 litros de ron en una fábrica ilegal detectada en el espirituano reparto de Colón.

“Estos hechos violatorios de la Ley están sujetos a un procedimiento que se canaliza a través de los tribunales populares. Hasta la fecha se han celebrado cinco juicios: tres en Sancti Spíritus y dos en Trinidad; las medidas impuestas todas son privativas de libertad y oscilan entre ocho meses y dos años”, enfatizó.