Aunque a muchos les puede parecer extraño el cargo, sobre todo tras 43 años de una nomenclatura donde la máxima figura administrativa ha sido el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, lo cierto es que el vocablo se utiliza para designar a una persona escogida para ese puesto en muchas partes del mundo y en realidad viene de la palabra latina gubernare y esta del griego kibernao, el que gobierna, manda, administra, dirige, guía, preside o maneja, que es en definitiva su razón de ser.
Este 18 de enero marcará un hito dentro de estos órganos del poder del Estado cuando se elija a los Gobernadores y Vicegobernadores de todas las provincias cubanas, un reto enorme para quienes lo conforman porque los miembros del Consejo Provincial ya no serán los delegados electos anteriormente, sino los presidentes y vicepresidentes de las Asambleas Municipales y los Intendentes a ese nivel.
Corresponde al Presidente de la República proponer los candidatos para Gobernador y Vicegobernador en cada provincia y serán los delegados a las Asambleas Municipales, que a su vez son nominados y electos por el pueblo, quienes elijan esos nuevos cargos, muestra de la fortaleza de nuestro sistema político y evidente expresión de la democracia cubana.
Entre sus muchas funciones el Gobernador es el máximo responsable ejecutivo administrativo de la provincia y como tal le corresponde ser responsable ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Consejo Provincial, a los que le rinde cuenta e informa de su gestión, organiza y dirige la administración a esa instancia para lo cual se asiste de la entidad administrativa correspondiente; también dirige, coordina y controla la labor de las estructuras organizativasde la Administración Provincial, dicta disposiciones normativas y adopta las decisiones que correspondan.
De igual forma, es de su competencia exigir y controlar el cumplimiento del plan de la economía y la ejecución del presupuesto de la provincia, conforme a la política acordada por los órganos nacionales competentes y, al mismo tiempo, controla el cumplimiento de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y urbano.
Asimismo, puede revocar o modificar las disposiciones que sean adoptadas por las autoridades administrativas provinciales a él subordinadas que contravengan la Constitución, las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país.
Las Asambleas Provinciales cesan y desaparecen de nuestro escenario político-administrativo. Ahora los nuevos miembros del Consejo Provincial ostentan las responsabilidades de dirigir sus órganos en la base. De este modo tendrán que simultanear ambas funciones: las municipales con las provinciales.
Visto así, el Gobierno deberá ser más eficiente en las instancias provinciales y existirá una estructura más compacta y viable a la hora de aglutinar los análisis, criterios y las soluciones a determinados temas, aun cuando no se puede perder de vista que se trabaje para la provincia y también para los municipios.
Como bien ha reiterado Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano y del Consejo de Estado, estos últimos tendrán mayor autonomía, pero no se trata de un vocablo más, hay que demostrarlo en la práctica y de ningún modo el Gobierno provincial puede frenar el desarrollo de los municipios, ni ponerle a uno lo que le quitó a otro. Cada cual debe trabajar para el desarrollo local sin detrimento de los intereses nacionales como dice la Constitución, pero con mucha autogestión para la satisfacción de los pobladores.
Más allá de la génesis de la nueva nomenclatura que denomina a la dirección del Poder Popular en Sancti Spíritus, las expectativas suben de tono entre los más de 360 000 electores espirituanos, quienes esperan que estas nuevas estructuras cambien, para bien, modos de hacer a favor de la economía y de la calidad de vida del pueblo.
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