Presentan a presuntos terroristas ante tribunales de Venezuela

El Ministerio Público de Venezuela presentó ante los tribunales a presuntos criminales detenidos durante la frustrada incursión criminal del 3 de mayo por el estado de La Guaira, informó este 4 de mayo el fiscal general, Tarek William Saab.

A través de la red social Twitter, el titular identificó a los imputados como Enderson Isrrael Ríos, Wilmer Oswaldo Salinas, José Armando Alvarado, José Alberto Socorro y Martin Álvarez, vinculados a la denominada operación Gedeón, que tenía como objetivo perpetrar acciones golpistas contra el Estado venezolano.

Más temprano, Saab subrayó en rueda de prensa que la fallida acción mercenaria constituye un nuevo acto de agresión de factores antidemocráticos, apoyado y financiado desde el exterior, el cual se suma a una serie de hechos relacionados entre sí, que tuvieron como detonante el intento de magnicidio de agosto de 2018 contra Nicolás Maduro.

Precisó que el intento de ingresar un comando paramilitar por las costas venezolanas tiene relación directa con el entrenamiento de grupos mercenarios en territorio colombiano y el tráfico de armas confesado por el desertor venezolano Clíver Alcalá a finales de marzo último.

El fiscal general señaló la existencia de evidencias contundentes que vinculan al cabecilla opositor Juan Guaidó como el autor intelectual de la incursión terrorista desarticulada la víspera, así como las acciones develadas por Clíver Alcalá el 23 de marzo, cuando un lote de armas de guerra resultó incautado en suelo colombiano.

Saab explicó que esas armas iban destinadas a grupos mercenarios entrenados en Colombia por un contratista militar estadounidense identificado como Jordan Goudreau, director ejecutivo de la empresa de seguridad Silvercorp USA, quien se atribuyó la responsabilidad de la frustrada operación terrorista.

De acuerdo con documentos filtrados en redes sociales, Juan Guaidó -reconocido por Washington como presidente interino de Venezuela- habría firmado un contrato con Goudreau por un monto de 212 millones de dólares para financiar la agresión al país sudamericano.

El fiscal general recordó que la figura del contratista militar es un mecanismo empleado por Estados Unidos para tercerizar sus operaciones de desestabilización, «un mecanismo de privatización de la guerra y de encubrimiento de responsabilidades que comenzó a ser implementado tras la derrota en Vietnam», aseveró.

Puntualizó además que las autoridades venezolanas aprehendieron hasta la fecha a 114 personas involucradas en diversas conspiraciones para perpetrar golpes de Estado y asesinatos selectivos contra altos dirigentes del Gobierno bolivariano, entre otras acciones contra la paz de la nación sudamericana.