Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El Gobierno Provincial de Sancti Spíritus será el encargado de iniciar la rendición de cuentas de esas estructuras a la Asamblea Nacional del Poder Popular, de acuerdo con lo aprobado este jueves en la conclusión del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura del Parlamento cubano.
La decisión responde a una propuesta del presidente de ese órgano en correspondencia con la Ley No. 131 “Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba”, en su artículo 185.
También en la jornada vespertina de este jueves, los diputados cubanos aprobaron la propuesta para la realización de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción y la rendición de cuenta de este organismo, ejercicio que se realizará por vez primera, y cuyos resultados serán presentados en julio del año próximo.
Finalmente, los diputados reunidos en el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaron denominar al 2021 como “Año 63 de la Revolución”.
Cuba continúa reforzando su institucionalidad
Intensa ha sido la jornada de trabajo de este jueves de los diputados cubanos, reunidos en su mayoría a través de videoconferencia para dar continuidad al Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Como parte de la agenda vespertina, y tras ser sometidos al análisis en varios momentos durante los últimos meses, los parlamentarios aprobaron dos nuevas leyes, referidas a la organización y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular y del Consejo de la Administración Municipal.
Al referirse a la concepción de la primera, la diputada Nancy Acosta Hernández, jefa de la Oficina de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, recordó que en ella se regulan las atribuciones del Gobernador, el Vicegobernador y el Consejo Provincial.
El Gobierno Provincial del Poder Popular –dijo- es una de las instituciones más novedosas que establece la Constitución de la República de Cuba y su concepción no tiene antecedentes en el orden institucional de la nación.
De un total de 285 observaciones y recomendaciones emitidas por los miembros del Consejo de Ministros, los diputados, los gobernadores, los vicegobernadores, los jefes de secretaría, los intendentes, y la población de manera general, puntualizó que se acogió el 65%.
Según recoge el dictamen presentado por el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, el Consejo Provincial resulta una expresión directa de la representación del pueblo, que suple el vacío que dejaba en esa instancia la extinción de las asambleas provinciales.
De los cinco cargos que conforman el Gobierno Provincial, el 80% es resultado de una elección, y ellos son el Gobernador, el Vicegobernador, y los presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales del Poder Popular. El 20% restante, que corresponde a los intendentes, es un cargo designado por las asambleas.
Como un aspecto de especial relevancia contenido en el documento, destacó lo referido a las relaciones del Gobierno Provincial con el pueblo, que se expresa en la Sección Octava del Capítulo XII, donde se establece la obligación de atender y tramitar los reclamos de la población.
Mantener una vinculación estrecha y permanente con el pueblo y sus representantes, destacó Toledo Santander, resulta expresión del principio democrático que signa la gestión del Gobierno Provincial del Poder Popular, de la democracia revolucionaria.
A continuación, la diputada Lilian González Rodríguez, vicejefa de la Oficinade Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, comentó acerca del documento contentivo de la Organización y Funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal, a partir del cual se refuerza la institucionalidad de nuestro Estado Socialista.
Esta Ley, señaló, permitirá a los órganos locales del Poder Popular contar con el ordenamiento jurídico necesario para elevar la eficiencia de su gestión y el pleno cumplimiento del papel a ellos asignados, acorde con las nuevas realidades.
Entre sus principales objetivos destacó el de adecuar la organización y funcionamiento de los consejos de la administración municipal a lo dispuesto en la Constitución de la República de Cuba. Corresponde a los municipios, subrayó, un papel esencial para potenciar el propio desarrollo local.
Tras el amplio proceso de estudio, debates y conciliación que se ha realizado en jornadas previas, fueron emitidas 252 opiniones, las cuales propiciaron una mayor solidez a la concepción del proyecto de Ley.
Según precisó la diputada Miriam Brito Sarroca, presidenta de la Comisión de Atención a los Órganos Locales, al presentar eldictamen elaborado sobre el proyecto, constituye una necesidad establecer la debida capacitación para su conocimiento por las autoridades administrativas y los delegados, como método imprescindible para la puesta en práctica de todo lo normado, y alcanzar una mayor calidad en los métodos y estilos de trabajo de los órganos locales del Poder Popular.
Con esta Ley, dijo, estamos cerrando un ciclo en la aprobación de las normas que regulan la organización y funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular.
A partir de este momento uno de los mayores retos radica entonces en aplicar, de manera responsable y objetiva, los preceptos recogidos en ambas leyes.
Aprueban ajustes al Cronograma Legislativo
Cumpliendo el mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular de actualizar anualmente el Cronograma Legislativo del país, los diputados cubanos aprobaron este jueves un reajuste de ese ejercicio intenso y complejo, impactado por la pandemia de la COVID-19.
Según explicó el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, el cumplimiento del Cronograma Legislativo exigía la realización de varias sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de espacios de estudios y debates para la definición de las políticas y los anteproyectos de normas jurídicas.
Las medidas excepcionales de aislamiento social y distanciamiento físico impuestas por la pandemia, provocaron la suspensión de actividades e impidieron que se realizara la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional prevista para julio de 2020.
No obstante, aclaró, los grupos de trabajo encargados de la preparación de las políticas y normas continuaron su labor de forma intensa.
En la sesión del Parlamento del mes de octubre, recordó, se aprobaron las leyes del Servicio Exterior, la de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, la de Revocación, y la del Presidente y el Vicepresidente de la República. En la actual, agregó, deben quedar aprobadas las leyes de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial y del Consejo de la Administración Municipal
De tal manera, de las 14 leyes planificadas para el año 2020, quedan pendientes 8: de los Tribunales Populares; de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales; de Procedimiento Administrativo; de Procedimiento Penal; de Procedimiento Civil, Laboral y Económico; la de Salud Pública, de la Vivienda, y la de Defensa y Seguridad Nacional.
De las leyes que responden a las Disposiciones Transitorias de la Constitución, informó que se venía trabajando en todas, según lo establecido en el Cronograma legislativo aprobado; sin embargo, la imprevista situación sanitaria determinó la necesidad de priorizar aquellas que regulan la organización y el funcionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno cubanos.
Las restantes presentan un significativo adelanto en la elaboración de las políticas y los proyectos, lo que permitirá concluir el proceso el venidero año.
De 33 leyes pendientes del Cronograma Legislativo del 21 de diciembre de 2019, se decidió aprobar 25 en el periodo 2021-2022, que incluye normas jurídicas que se habían previsto como Decretos-Ley.
A partir de esa propuesta, quedarían para la próxima Legislatura 10 leyes del Cronograma inicial: de Tierras; de Arbitraje y Mediación; de Reciclaje; de Migración, de Extranjería, de Ciudadanía; de las Notarías Estatales; del Estado Civil; de Manifestación y Reunión; así como la de Defensa y Seguridad Nacional.
Silvera Martínez apuntó que desde el 2019 se ha trabajado de manera intensa en la elaboración de la Política del Código de las Familias, por un grupo de trabajo integrado por reconocidos especialistas de varios sectores.
Actualmente la Política está aprobada y se avanza en la elaboración del anteproyecto de norma jurídica.
Por otra parte, en relación con los 16 Decretos-Leyes planificados para el presente año, resultaron aprobados 11; al tiempo que también se adoptaron otros 14 que no estaban en el Cronograma. En resumen, el Consejo de Estado, durante el 2020, aprobó 25 Decretos-Leyes, como resultado de una profunda actividad legislativa.
De los cinco Decretos-Leyes que no se aprobaron, a tres se propuso modificar su rango normativo para leyes: sobre ordenamiento territorial, urbanístico y la gestión del suelo; sobre el patrimonio estatal; y sobre derechos de manifestación y reunión.
El Ministro de Justicia precisó que el decreto sobre Bienestar Animal, previsto para noviembre de este año, será sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero del 2021, ante la necesidad de presentar un proyecto con más solidez a partir de los criterios emitidos por la población.
En atención a las sesiones previstas por la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, para el periodo 2021-2022 de la actual Legislatura, se proponen 25 Leyes y 29 Decretos-Leyes, propuestas que serán presentadas al Parlamento y al Consejo de Estado en el término de 60 y 45 días con antelación, respectivamente, a la fecha de su aprobación.
Al respecto, el titular de Justicia reafirmó el compromiso de cumplir con los términos y la calidad que precisa este ejercicio legislativo.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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