Adoptar las medidas para eliminar las ilegalidades en viviendas en lo que resta del año en curso y definir la situación de los barrios y focos ilegales que violan las regulaciones urbanas resulta una prioridad en Sancti Spíritus, en aras de cumplir con lo dispuesto en materia de Ordenamiento Territorial y Urbanístico.
Según Marynelis Jiménez González, al frente de la Dirección Provincial de Planificación Física, a inicios del 2020 se habían erradicado un total de 5 545 ilegalidades de las 6 343 declaradas desde que en el 2012 comenzaron las disposiciones en ese sentido, lo cual representa el 87.4 por ciento del total.
Las transgresiones de personas jurídicas, precisó Marynelis, fueron erradicadas en su totalidad en el año 2016, en tanto las playas del territorio están libres de esas violaciones desde el 2017.
No obstante, aclara Ciro Raúl Rodríguez Rodríguez, subdirector de Inversiones de esa entidad, en estos momentos se trabaja con un inventario de 798 ilegalidades, de ellas 786 corresponden a personas naturales, ocho a los Organismos de la Administración Central del Estado y cuatro a la subordinación provincial.
Además, precisó, al cierre de septiembre se detectaron 2 271 nuevas ilegalidades, la mayoría ya resueltas, pero se han tenido que aplicar 2 271 multas, sobre todo en el municipio de Sancti Spíritus, por cuestiones relacionadas con violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos, incumplimientos de la obligación de hacer (demoliciones), construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida, cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida y ocupaciones ilegales de suelos.
Para evitar ese crecimiento en las violaciones se trabaja en el levantamiento de algunos inmuebles en la Circunvalación Sur y la Boca, en Trinidad y en la periferia de la ciudad del Yayabo, donde han crecido nuevas construcciones ilegales en terrenos estatales, pertenecientes a diferentes entidades.
También se ha trabajado en cumplimiento de los Acuerdos 8574 y 8575 del Consejo de Ministros, del 2019, dirigidos a ordenar y legalizar viviendas que no tienen un estatus legal y al mismo tiempo no violan las regulaciones territoriales y urbanísticas. De ser así, estas personas pueden acceder a una licencia de construcción y al terminar alcanzar la condición de habitable.
Por ese concepto, precisó el directivo, en Sancti Spíritus se han aprobado 8 080 inmuebles de 10 086 expedientes radicados, el resto no clasifica ya que son casas construidas debajo de tendidos eléctricos, cercanas a líneas férreas, industrias contaminantes o zonas costeras y de protección. Ha habido trabajo, acotó, pero continúa sin poder detenerse el surgimiento de nuevas ilegalidades, unas veces por tolerancia y otras por falta de exigencia, control y seguimiento por parte del Grupo de Enfrentamiento de los gobiernos municipales a los inspectores, lo cual da paso a la impunidad y también por la poca previsión antes de que un barrio ilegal empiece a crecer.
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