Los trabajadores sociales de la provincia han visitado a más de 84 150 familias vulnerables para interesarse por sus problemas fundamentales y atender sus necesidades más perentorias, con vistas a protegerlos y evitar su contagio con la COVID-19.
En esa cifra se encuentran adultos mayores y discapacitados que viven solos o con algún familiar, así como otros ancianos o núcleos frágiles que reciben la alimentación en los comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF) y algunos casos que presentan dificultades puntuales surgidas en el contexto de esta pandemia, identificados por los Consejos de Defensa en los municipios.
“La mayor dificultad que sale en nuestras visitas es con la alimentación, entonces los vinculamos con los comedores del SAF, que han necesitado crear condiciones porque su servicio ha crecido al aumentar el número de comensales”, comentó a Escambray Anabel Jardón, subdirectora provincial de Prevención y Asistencia Social en la Dirección Provincial de Trabajo.
A la mayoría de estas personas vulnerables les llevan los alimentos a sus viviendas los propios trabajadores sociales o representantes de organizaciones políticas y sociales de los territorios.
Además, con vistas a protegerlas de esta pandemia, en el caso de las alrededor de 3 470 personas beneficiadas con la Asistencia Social, el pago de las pensiones ya no se realiza en los correos, sino a domicilio por los carteros o trabajadores sociales.
Por otra parte, la provincia se han creado dos centros para proteger a los deambulantes—uno en Trinidad y otro en Sancti Spíritus—, donde en algunos casos se les puede compensar para después regresarlos a sus viviendas o trasladarlos a hogares de ancianos.
Además, seis familias declaradas insolventes en el escenario de la pandemia, la mayoría donde el único sustento eran trabajadores contratados de negocios particulares que dejaron de percibir sus ingresos, han recibido ayuda monetaria de la Asistencia Social y otras solicitudes de este tipo se encuentran en tramitación.
“No todo está resuelto porque las necesidades son muchas, pero debemos insistir en la obligación de los hijos y otros familiares con los ancianos. Aunque el Estado no lo puede asumir todo, nadie se va a quedar desamparado en esta situación, el que lo necesite tiene el derecho de acercarse a las direcciones de Trabajo y a los trabajadores sociales en sus municipios”, concluyó la directiva.
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