Raúl Rafael Pérez Pérez, residente en la calle Rafael Río Entero No. 10 (Interior), entre Máximo Gómez e Independencia, en la ciudad de Sancti Spíritus, remitió a esta columna una queja contentiva de una denuncia, debido a que la Empresa Municipal de Servicios Comunales no ha procedido en concordancia con la sentencia No. 383 dictada del Tribunal Municipal, el día 30 de diciembre del 2019.
Cuenta el remitente que la demanda presentada por él contra dicha entidad es referente a la obligación de resarcir los daños ocasionados a su vivienda durante la reparación realizada a la Funeraria de la ciudad, ubicada en la calle Independencia, a raíz del aniversario 490 de la fundación de la villa.
“En esencia los daños ocasionados fueron los siguientes: desviaron las tuberías de aguas albañales y las que se utilizaban antiguamente para estos fines las dejaron rotas debajo del piso, con lo que provocaron afectaciones en paredes de dos domicilios, hundimiento del piso y fetidez por causa de las aguas residuales que de ellas brotan”, detalla el lector, y agrega:
“Ya han decursado varios años del problema y al principio no lo relacionábamos con aquellos trabajos, pero al caer en cuenta del origen de las filtraciones mi vecino Eddy Nario Oropesa y yo decidimos demandar a la institución en el pasado 2019. Hoy, a pesar de haber ganado la demanda y haber concluido el término establecido por el Tribunal Municipal para dar cumplimiento a lo dispuesto, la mencionada empresa no se ha proyectado por una solución.
Refiere Raúl Rafael que en ambas casas hay habitaciones inhabitables por cuenta de las pésimas condiciones en que se encuentran, a lo que se suma el olor insoportable que emana de las tuberías soterradas. De acuerdo con su testimonio vía telefónica, el origen de los daños está más que probado y documentado, pues fueron evaluados por un perito contratado por él y por otro que, atendiendo a la indicación del Tribunal, designó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
“El Director de la Empresa Municipal de Servicios Comunales nunca se ha presentado en nuestras casas, pese a las reiteradas ocasiones en que, al menos yo, lo he abordado con ese fin durante los últimos dos años y medio”, finaliza el remitente.
Luego de recordar la misión de los servidores públicos y el carácter obligatorio del cumplimiento de las disposiciones de nuestros Tribunales Populares, Escambray pregunta: ¿Quién hace entrar en razón a quienes dirigen una entidad y no proceden según lo dispuesto por la ley? Esperamos que alguien arroje luz sobre este asunto tan oscuro.
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