Tribunales cubanos se alistan para etapa pos COVID-19

Dada la importancia que tiene para la sociedad, la actividad judicial mantuvo su vitalidad en el transcurso de la pandemia, ajustándose a los requerimientos impuestos por la batalla sanitaria que aún libra el Estado, el Gobierno y el pueblo, comentó el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro.

En estos momentos, dijo, el sistema de tribunales se prepara para implementar su propio plan de medidas a tono con la estrategia nacional. “Aunque durante estos tres meses la actividad judicial no se detuvo del todo, experimentó una progresiva reducción de sus niveles”, sostuvo.

El 31 de marzo el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dictó la Instrucción 248, disponiendo la suspensión y detención temporal inmediata de la tramitación e impulso procesal de los asuntos en curso; con excepción de aquellos procesos que, por causas justificadas, resultaba necesario e impostergable continuarlos.

De ahí que 19 577 procesos judiciales quedaron paralizados en todo el país. De ellos, 4 568 en la materia penal y los restantes 15 009 en asuntos civiles, de familia, laborales, administrativos y económicos, precisó Remigio Ferro.

Asimismo, se redimensionaron algunas estructuras y se reorganizó parte del personal que trabaja en los tribunales. Remigio Ferro apuntó que permanecieron laborando regularmente entre el 24 y el 29% del total de la plantilla. En el caso del Tribunal Supremo, por ejemplo, de 256 trabajadores solo asisten con regularidad 55 personas.

De manera general, de una plantilla de 5 322 personas en el Sistema de Tribunales, 3 780 no asisten regularmente a las sedes; 1 952 (37%) realizan trabajo a distancia y 1 290 están protegidos por algunas de las modalidades que garantiza la legislación laboral.

De acuerdo con el presidente del TSP, la actividad judicial no se detuvo. Fueron radicadas hasta el 12 de junio 1 605 causas y se resolvieron 1 529 (95.2%). De ellas, provenientes de hechos delictivos asociados al incumplimiento de las medidas para enfrentar la COVID-19, se juzgaron 1 856 personas y fueron sancionadas 1 839; resultando absueltas 17, informó.

“Los tribunales han aplicado sanciones de rigor en correspondencia con la gravedad que revisten en las actuales circunstancias, aunque tomando en consideración las particularidades de cada caso y las características de los comisores”, enfatizó.

Remigio Ferro dijo que durante este periodo también se concedieron más de 10 000 beneficios de excarcelación anticipada (libertad condicional y licencia extrapenal) y se acordó la modificación de la medida cautelar de prisión provisional a 283 acusados.

Las salas del Tribunal Supremo continuaron tramitando los recursos de casación y procesos revisión de su competencia, esencialmente mediante el trabajo a distancia. Por ejemplo, se confeccionan sentencias, estudian expedientes, realizan trámites para la ejecución de sus resoluciones, tramitan escritos de quejas, se expiden certificaciones de sentencias, entre otras actividades que no implican riesgos a la salud del personal.

Durante esta etapa, prosiguió, se han mantenido sesionando los grupos de trabajo que se ocupan de la elaboración de cinco anteproyectos de leyes.

De igual forma, “no se detuvo la actividad de atención a las quejas, inquietudes y planteamientos de la población”. Aunque para facilitar el acceso de los interesados, señaló, se fortalecieron las vías de comunicación, mediante el uso de líneas telefónicas, el correo electrónico, las redes sociales, el portal web y, desde el 8 de junio, una aplicación para teléfonos móviles que ha recibido 150 planteamientos.

TSP y sus órganos jurisdiccionales: Medidas para las tres fases

Partiendo de lo establecido en el plan de medidas para la primera etapa de recuperación de la COVID-19 en el país, aprobado por el Buró Político del Comité Central del PCC y por el Consejo de Ministros, que establece “la incorporación gradual de la tramitación de los procesos judiciales según su urgencia, naturaleza e impacto social”, el Tribunal Supremo Popular y sus órganos jurisdiccionales implementarán gradualmente las siguientes medidas en cada una de las tres fases:

1. Retomar la tramitación de los asuntos que quedaron pospuestos o detenidos temporalmente, con la gradualidad y racionalidad que permitan las circunstancias, la situación epidemiológica territorial, así como las posibilidades de las personas que deban comparecer en cualquier condición ante los órganos judiciales.
2. En los casos donde el tribunal disponga la reanudación del proceso se informará oportunamente a los involucrados. Los plazos y términos para el cumplimiento de los trámites pendientes se comenzarán a contar nuevamente desde su inicio, como garantía del debido proceso y para evitar afectaciones a los interesados.
3. Los tribunales recibirán las nuevas demandas y reclamaciones que les sean presentadas, al amparo de lo establecido en las disposiciones legales vigentes y procederán a su tramitación en la medida que las circunstancias lo permitan.
4. En la tramitación y juzgamiento de cada caso los jueces velarán porque no se vulneren las garantías y derechos de las partes interesadas, en especial el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
5. Estarán priorizadas la tramitación y solución de los procesos judiciales vinculados con las medidas para la prevención y control de la COVID-19. Del mismo modo a los que tienen acusados en prisión provisional, recursos de apelación y casación, hábeas corpus, los relacionados con la guarda y cuidado de los menores, procesos laborales donde se produjo la desvinculación del trabajador; la concesión de beneficios de excarcelación anticipada (libertad condicional o licencia extrapenal) o su revocación, entre otros.
6. Cuando sea preciso convocar para una misma fecha varios actos procesales, como juicios orales, comparecencias, vistas o prácticas de pruebas; se citarán en horarios escalonados para evitar la aglomeración de personas y se garantizará el adecuado distanciamiento en áreas de espera y salas de justicia.
7. Las citaciones y notificaciones judiciales se realizarán por vía telemática o electrónica, cuando resulte posible y pertinente.
8. En los casos que resulte necesario se podrá realizar la práctica de pruebas testificales y comparecencias mediante videoconferencia, tomando las medidas que aseguren el debido proceso y el respeto a las garantías y derechos.

Los actos judiciales se realizarán con limitada presencia de público

Protocolos y medidas sanitarias para garantizar la higiene durante el desarrollo de la actividad judicial en las tres fases de la etapa pos-COVID-19:

1. Los actos judiciales se continuarán realizando con limitada presencia de público y adecuado distanciamiento entre los asistentes, las partes intervinientes y el tribunal.
2. Pesquisa activa diaria a los síntomas de salud del personal.
3. Prohibición de entrada a las sedes de quienes presenten síntomas respiratorios, fiebre o de cualquier enfermedad, tanto al personal externo como a los trabajadores del centro.
4. Uso obligatorio del nasobuco para el personal de contacto y para quienes acuden a actos judiciales o trámites de otra índole.
5. Medidas de desinfección de las manos y el calzado, con hipoclorito o soluciones alcohólicas, a la entrada de las sedes judiciales.
6. Desinfección permanente de todas las superficies, especialmente en locales con afluencia de público o de uso colectivo, como las salas de justicia (una vez concluidos los actos), calabozos, áreas de espera, baños, pantrys, comedores, ascensores; entre otros.
7. Reducción al 50% de las capacidades en el uso de los ascensores por parte de los trabajadores y el público externo.
8. Cumplir rigurosamente con el procedimiento para el control de acceso de las personas que asisten a los locales de los órganos judiciales.

La atención a la población se realizará por vías no presenciales durante la primera fase

El presidente del Tribunal Supremo también informó sobre las medidas que se irán adecuando según cada territorio del país avance a una próxima fase. Por ejemplo, específicamente durante la primera etapa se aplicarán las siguientes medidas judiciales y sanitarias:

1. El Consejo de Gobierno del TSP emitirá una instrucción disponiendo la forma en que se restablecerá gradualmente la actividad judicial.
2. Se tramitarán los procesos judiciales en que las partes o personas a comparecer no estén afectadas por las medidas vigentes en esta fase.
3. No se realizarán actos judiciales en los que deban comparecer personas vulnerables.
4. El control de las personas que cumplen en libertad se realizará, fundamentalmente, por los jueces de ejecución y la PNR, priorizando las que fueron condenadas por delitos con mayor impacto en la sociedad.
5. La atención a la población se realizará por vías no presenciales, ya sean llamadas telefónicas, correo electrónico, la aplicación móvil y el sitio web; excepto en aquellos casos que sea necesario hacerlo directamente con las personas.

¿Qué ocurrirá durante la segunda fase con la actividad judicial?

1. Se amplía la tramitación y celebración de actos judiciales, respecto a aquellos procesos donde las partes y personas interesadas tienen la posibilidad de acudir a las sedes judiciales, en correspondencia con las medidas vigentes.
2. Uso obligatorio del nasobuco en locales de los tribunales donde las personas se encuentren a menos de dos metros.
3. Se amplía la atención a la población de manera presencial en las sedes judiciales.

Durante la tercera fase se restablece la totalidad de la actividad judicial 

1. Se restablece la totalidad de la actividad judicial.
2. Se restablece totalmente la atención a la población de manera presencial, aunque se mantienen las vías telemáticas y electrónicas para el traslado de los planteamientos y quejas.
3. El uso del nasobuco continuará siendo obligatorio para la realización de los actos judiciales, para el personal de contacto y durante las actividades que implican concentración de personas.
4. Se restablecen todas las actividades de dirección y de las áreas de apoyo a la actividad judicial del Sistema de Tribunales.

Remigio Ferro precisó que en el transcurso de las diferentes fases resultará indispensable mantener estrechos vínculos de comunicación entre los presidentes de los tribunales y los jefes y directivos de la fiscalía, bufetes colectivos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, “a los efectos de asegurar la buena marcha de la actividad judicial en estas circunstancias”.

Se mantendrán activados además en todos los tribunales los Grupos Temporales de Trabajo encargados de velar por el cumplimiento de las acciones de prevención y control y se chequeará periódicamente el cumplimiento del plan de medidas, aseguró.

En relación al personal de los órganos judiciales, el presidente del Tribunal Supremo dijo que se aplicarán las medidas que disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Remigio Ferro reconoció el esfuerzo que en estas difíciles circunstancias han hecho todos los trabajadores adscritos al Ministerio de Justicia, “con dedicación, total entrega y cumpliendo cada una de las medidas”.

“Más temprano que tarde, en el transcurso de esta etapa de recuperación, lograremos que la justicia esté a la altura de lo que el pueblo merece y reclama en el cumplimento de nuestras funciones”, concluyó.