Una ley para el futuro de la vivienda en Cuba

Contaba el abuelo materno de este redactor que en Sancti Spíritus había cierto señor dueño de 99 casas, incluida su propia morada, y que esa persona tenía recursos para contar con muchas más, pero no lo hacía porque existía una ley antimonopolios de 1939 que confiscaba o gravaba con fuerte impuesto las que pasaran de ese límite.

Detalle más o menos, la historia es cierta, aunque no recoge el sufrimiento perenne de decenas de miles de familias en esta jurisdicción y más allá, que vivían con el sobresalto de perder el empleo y no poder pagar el alquiler, lo que implicaba a corto plazo ser desalojado —desahuciado le decían— y verse en la calle con los hijos pequeños y las escasas pertenencias, sin un techo donde cobijarse.

Tan aguda era la situación habitacional, que Fidel Castro expresó en su alegato de autodefensa en el juicio por los sucesos del Moncada: «Tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba doscientos mil bohíos y chozas; cuatrocientas mil familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud (…)

Y añadió el entonces joven líder de aquella epopeya: “Dos millones doscientas mil personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio de sus ingresos, y dos millones de nuestra población rural y suburbana carecen de luz eléctrica”.

Como resultado de aquella sólida argumentación, Fidel incluyó la vivienda entre los seis ejes cardinales del movimiento que encabezaba para enfrentar y solucionar una vez en el poder, junto con el problema de la tierra, la salud, la educación, la industrialización, entre otros temas impostergables.

Triunfó la Revolución y el Gobierno comenzó a legislar emitiendo una serie de leyes y decretos que daban cumplimiento a las promesas enunciadas en el Programa del Moncada, entre ellas una disposición de rebaja de alquileres y de prohibición de desahucios, pero concluyó 1959 y avanzó 1960 hasta que el 14 de octubre de ese año el Consejo de Ministros encabezado por el entonces premier Fidel Castro, promulgó oficialmente la Ley de Reforma Urbana, última de las contempladas en La Historia me absolverá.

GEORGINA ECHA MANO A LOS RECUERDOS

Georgina Antolina Lizano Mirabal llegó un día de mayo de 1968 a la Delegación de la Reforma Urbana en Sancti Spíritus en busca de trabajo. Tenía 23 años y era inquieta y delgada como una espiga. Allí la pusieron a prueba, hasta que en enero de 1969 pasó oficialmente a la plantilla.

Fue un momento arduo porque se puso en práctica que los hombres dejaran a las mujeres sus puestos de trabajo en los centros y entidades para incorporarse a la agricultura y a Georgina le correspondió ocupar la plaza de Carlos González Ariosa, quien fue a laborar al sur de El Jíbaro. Ella recuerda:

“Era una plaza en el Departamento de Control de Fondos que atendía lo que era las finanzas y el archivo. En ese momento quedamos tres trabajadores en la oficina, que éramos el delegado, Tomás Palmero Esponda, y un inspector ya mayor llamado Isaac Pérez Nápoles, y había también un mecanógrafo”.

¿Cómo enfoca usted la importancia de la Reforma Urbana para los ciudadanos de menores recursos?

“Nosotros no podemos olvidar la importancia de las medidas que se tomaron por la Ley de Reforma Urbana. Cuando esa ley llega, se intervienen miles de casas en manos de arrendadores particulares que cobraban distintas cantidades de dinero a sus inquilinos, de acuerdo con el tamaño y condiciones de la vivienda, pero siempre estaba sobre ellos la posibilidad de ser desahuciados y dejados en la calle si no les pagaban a los dueños.

“Cuando llega la Reforma Urbana se le hace a cada propietario una carta de liquidación, que preveía pagar su casa por el Estado en cierta cantidad de meses; en realidad, casi todas se amortizaban en un período de entre cinco y siete años. Entonces se le pagaba al antiguo propietario, si era una persona que continuaba residiendo en el país, mediante la Caja de Resarcimiento.

El Estado le pagaba al dueño original el valor de la casa, que por entonces se tasaban en valores muy modestos y el inquilino continuaba pagando su alquiler, que ahora se trataba de mensualidades pequeñas, más bien simbólicas. Por lo regular, el inquilino amortizaba lo que le faltaba por pagar en 60 plazos; es decir, un promedio de cinco años. Cuando terminaba de pagar, se le entregaba el título de propiedad.

Jubilada a los 58 años y hoy con 74, recuerda con orgullo: “A mí me tocó entregar muchos títulos y aún recuerdo las caras de satisfacción de los beneficiados”.

MOMENTO DE TRANSICIÓN

Como resulta lógico, la Reforma Urbana en Sancti Síritus devino, más que una entidad puramente burocrática, organismo vivo y en continua evolución, como afirma Ileana María Mas Roque, quien comenzó a laborar en la Oficina Municipal de la Reforma Urbana con solo 19 años y vivió el proceso de cambios en esa entidad, derivado de la institucionalización del país, y continúa activa.

“Las disposiciones y resoluciones —acota Ileana— se fueron adaptando a las nuevas realidades, porque se desarrolló un importante movimiento constructivo y las condiciones fueron cambiando, nuevos barrios fueron surgiendo, y para 1976, cuando sobreviene la División Político-Administrativa, ese proceso se aceleró y entró, en lo que corresponde a nuestra actividad, en una etapa de transición.”

Entre los recuerdos de Ileana figuran muchos buenos compañeros, como  Sonia Pérez, ya fallecida, Lourdes Ruiz y otros, que enfrentaron de conjunto un gran volumen de trabajo por el cobro de los alquileres de las casas, establecido por la Ley de Reforma Urbana de 1960, así como otros trámites.

“Entonces, fruto de esa evolución, surgen otras leyes y disposiciones hasta que llegó la Ley de la Vivienda, la cual contemplaba pagar el precio establecido por el Estado para una casa dada. Se sacaba el año de construcción de esa vivienda, su tamaño, su estado constructivo, se hacía el cálculo del valor y entonces esa persona iba al Banco, pagaba lo que le faltaba y se le entregaba la propiedad del inmueble. Si no tenía dinero suficiente, podía obtener un crédito bancario.     

“Recuerdo que íbamos mucho a los trabajos voluntarios, sin descuidar nuestros contenidos de labor en la Reforma Urbana. Luego, en 1985, dio paso a la Dirección Municipal de la Vivienda. Nosotros tramitábamos los expedientes de miles de casas y apartamentos, pues a este municipio pertenecen Banao, Guasimal, Paredes, Tunas de Zaza y otros asentamientos poblacionales.

“Creo que la Dirección Municipal de la Vivienda ha sido una digna heredera de la Delegación Municipal de la Reforma Urbana y marcó una etapa superior, lo que no soslaya las dificultades y errores cometidos, como ocurre con toda obra humana”.