Venezuela rechaza decisión de EE.UU. contra directiva del Parlamento

El Gobierno de Venezuela denunció la práctica ilegal de la élite dominante en Estados Unidos de aplicar medidas coercitivas contra servidores públicos del país sudamericano para socavar el buen funcionamiento de sus instituciones democráticas.

A través de un comunicado oficial emitido por la cancillería, el Ejecutivo venezolano aseguró que con la imposición de sanciones arbitrarias en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, su directiva y otros diputados, el gobierno de Donald Trump pretende ocultar su fracaso en el intento por imponer un cambio de gobierno por la fuerza.

De acuerdo con el texto, el Gobierno estadounidense profundiza su intromisión en asuntos internos de Venezuela, al punto de inmiscuirse en temas exclusivos del Parlamento, con la intención de designar desde Washington a las autoridades del poder legislativo venezolano.

En tal sentido, el documento difundido por la cancillería recuerda que las decisiones de la asamblea venezolana son soberanas y autónomas con respecto a los demás poderes públicos del Estado.

Asegura también que la actuación de los parlamentarios se enmarca en lo establecido en el artículo 201 de la Constitución, el cual indica que son representantes del pueblo no sujetos a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia.

‘Estas gravísimas acciones unilaterales son contrarias al Derecho Internacional y atentan contra la estabilidad, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano’, enfatiza el texto.

Al respecto, el Gobierno venezolano rechaza esta nueva agresión estadounidense y reafirma que ninguna presión extranjera la desviará del camino de la independencia y el apego a la voluntad democrática y soberana de sus ciudadanos.

Venezuela insta a la comunidad internacional a proteger los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y a condenar estos nuevos ataques contra su soberanía y sus instituciones democráticas.

Con anterioridad, el Gobierno de Estados Unidos impuso medidas coercitivas a siete diputados opositores de la nación bolivariana, incluido Parra, por ‘bloquear al presidente interino Juan Guaidó y a otros diputados de participar en una elección constitucionalmente requerida de liderazgo’.

Por la medida, quedan congelados los activos que los castigados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con norteamericanos.

Los otros castigados son Franklyn Duarte (primer vicepresidente del Parlamento), José Gregorio Noriega (segundo vicepresidente), Negal Morales (secretario), José Brito -quien propuso la nueva junta directiva-, Adolfo Ramón Superlano y Conrado Pérez, los cuales apoyaron la elección de la propuesta encabezada por Parra