La próxima sesión ordinaria del Parlamento de Cuba continuará la amplia agenda legislativa en su IX Legislatura prevista tras la aprobación de la Constitución del país, aseguró este miércoles el secretario del órgano, Homero Acosta.
Entre el 18 y 19 de diciembre los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular analizarán los proyectos presentados previo a la sesión plenaria como parte del trabajo en comisiones, precisó en declaraciones al programa televisivo Mesa Redonda.
Las propuestas incluyen la Ley de los Tribunales Militares, Ley del Proceso Penal Militar, Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la gestión del Sueño, y el Código de las Familias.
Además, se presentarán el Plan de la economía y el Presupuesto para 2022 para el análisis particular de cada comisión parlamentaria y otros temas propios de estas.
En tanto, detalló Acosta, el día 20 los Ministerios de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Comercio Interior, de Agricultura y de Industria Alimentaria brindarán información sobre su desempeño en el año a los diputados.
Para la jornada del 21, inicio de la sesión plenaria, el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, ofrecerá al Parlamento un resumen de esa actividad en la nación durante el año 2021 y el Plan para 2022, añadió.
Ese mismo día, los diputados analizarán los cuatro proyectos presentados para su aprobación.
El 22 de diciembre, la Asamblea Nacional iniciará la segunda jornada de sesión plenaria con un reconocimiento a los educadores en su día, en coincidencia con el aniversario de la campaña de alfabetización.
Asimismo, rendirá cuentas al órgano el primer ministro Manuel Marrero y las autoridades de Gobierno de la provincia de Sancti Spíritus.
Entre otras actividades, se ratificarán los acuerdos y Decretos-Leyes adoptados por el Consejo de Estado y se actualizará el cronograma legislativo.
El estudio y eventual aprobación de nuevas leyes en el Parlamento constituye un acto de continuidad del proceso legislativo iniciado en 2019 con la nueva Carta Magna cubana, reconoció por su parte el titular del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.
De esta forma, se fortalecen las garantías de las personas y se amplía el acceso a los derechos, acorde con lo establecido por el texto constitucional.
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