Decreto-Ley No. 35, ¿pararrayos o ley mordaza? (+infografía y video)

“Lo asesinaron, coño, lo asesinaron (…) Era solo un niño de 12 años edad y murió luchando por una Cuba libre sin dictadura. Dios mío, no aguanto más este sufrimiento. #SOSCuba #IntervencionHumanitaria”.

La Red Verdad, proyecto antihegemónico contra las falacias informativas, pulverizó esta mentira, aderezada por cubalserosss.com con los ingredientes manipuladores tradicionales; en realidad, no había muerto nadie a manos de la policía en Las Tunas, como pretendían hacer creer con la imagen socializada, y los hechos habían ocurrido en otro barrio de este violento planeta.

Es el bombardeo incesante de fake news; es la mesa que nos sirven repleta de odio para que reventemos de ira y llegue el estallido social que tanto le apetecería a la maquinaria mediática (beneficiada con los más de 500 millones de dólares destinados por la Casa Blanca para la subversión en la isla en los últimos 20 años), que ha abogado casi a gritos por una invasión armada contra el país antillano y ha instigado a vandalizar estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria y unidades comerciales que expenden en dólares.

Frente a circunstancias similares, ¿cómo actuaría cualquier gobierno del mundo, no importa si su tendencia sea más a la derecha que a la izquierda, o si es del más rancio abolengo centrista? ¿Puede el Estado cubano esconder la cabeza como el avestruz e ignorar a quienes incorregiblemente buscan subvertir el orden interior en la nación por llevar el anexionismo en los genes?

Las respuestas, obvias; las preguntas, no tanto, al considerar la operación comunicacional anticubana, diseñada contra el Decreto-Ley No. 35 De las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y del uso del espectro radioeléctrico, y sus normativas complementarias.

Y reconozcámoslo: este marco jurídico se levanta como pararrayos, por un lado, ante los desafueros en menoscabo de la dignidad de las personas y, por otro, frente a la embestida mediática anticubana, variable clave de la denominada guerra de cuarta generación o golpe blando, diseñada milimétricamente por Washington y donde no se verá un marine ni por los centros espirituales.

¿Será un hecho fortuito que la arremetida contra el nuevo Decreto-Ley la conduzca la cuenta guía (@agusantonetti) de Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad de Argentina, una de las que lideró la campaña anticubana los días previos a las protestas del 11 y 12 de julio. Adviértase que este sujeto ha admitido sus vínculos con la Organización de Estados Americanos y ha llegado a manifestar que “Cuba es la cabeza de los males de América Latina”.

La cuenta de Antonetti es seguida por otras, muy activas en la anterior contienda manipuladora y que están recibiendo miles de retuits con una etiqueta contra el Decreto-Ley 35. ¿Los propósitos? Situar la etiqueta artificialmente como tendencia en las redes sociales, simular una protesta masiva y, en resumidas cuentas, promover matrices de opinión contrarias a lo dispuesto jurídicamente; acciones articuladas con otros medios, autotitulados “independientes”, que califican de “ley mordaza” por restringir supuestamente la libertad de expresión.

En ese escenario de manipulación, se ha desatado la polémica en las plataformas virtuales, donde, por las opiniones vertidas por no pocos internautas, puede colegirse que no ha existido una lectura previa del paquete de normas o se ha realizado solo de paso, no concienzudamente. Decisión que respetamos, pero lejos de enriquecer el debate, le echa más leña al fuego de la contienda para desacreditar al sistema político cubano.

Nada impide que usted —si es usuario de las redes sociales— exponga su punto de vista acerca de las luces y sombras de la realidad cubana. Nada prohíbe que filme y suba videos para socializar su opinión. Nada limita que critique lo que estime, ora la gestión del gobierno, ora la de una institución; claro está, hágalo con argumentos consistentes, a partir de sucesos demostrables. Ejerza ese derecho con decencia, con civismo.

¿A quién puede perturbar que el Estado cubano regule que los servicios de telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación se utilicen para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas, o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos, palpable en los disturbios de julio?

¿A quién puede perjudicar que el Estado prohíba el empleo de estos servicios para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad y el respeto al orden público como lo expresa literalmente el Decreto-Ley?

Habrá otras, pero esas constituyen interrogantes esenciales. El marco jurídico no limita la posibilidad de disentir; no prohíbe la libertad de expresión y de pensamiento; criterios que intentan imponer en las plataformas virtuales, en particular en las redes sociales, quienes reciclan su odio ancestral hacia la Revolución.

Ni en sombra usted lo verá expuesto en la referida disposición porque ninguna normativa puede estar por encima de la Constitución de la República, cuyo artículo 54 asegura que “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.

Cada ciudadano tiene derecho a pensar y expresarse en correspondencia con su credo o ideología; sin embargo, no debe eludir que la propia Carta Magna, aprobada por la mayoría de los cubanos, en su artículo 45 consigna que el “ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público”, quebrantados exponencialmente durante las manifestaciones del mes anterior, azuzadas por perfiles en redes como Facebook y Twitter.

Todo estuvo calculado como parte de una operación político-comunicacional, que incluyó ciberataques contra varios sitios web como el de la Presidencia de Cuba, Ministerio de Relaciones Exteriores, del periódico Granma y Cubadebate.

He ahí el valor de la Resolución No. 105 Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, articulada al Decreto-Ley y dirigida a garantizar la prevención, la detección y la respuesta oportuna ante posibles actividades delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el espacio virtual, como el ciberterrorismo, la ciberguerra, la subversión social, la publicación de noticias falsas, el ciberacoso y el engaño pederasta.

Por tanto, este marco regulatorio —nada nuevo en el ámbito de las telecomunicaciones y el ciberespacio en el mundo—, rebasa la publicación de las fake news, y deja por sentado que nuestro Estado es el que gestiona el espectro radioeléctrico en el país, entre otras definiciones. A Cuba le asiste ese derecho; a la ciudadanía, el de vivir en paz, y así enterrar en la memoria —será difícil— la marginalidad de aquel domingo de tiendas vandalizadas y autos policiales bocarriba.