Definen opciones para tarifas eléctricas del sector no estatal

El pasado 28 de diciembre se dio a conocer la aplicación de nuevas tarifas eléctricas para las formas de gestión no estatal. Con esta medida se pretende equiparar las condiciones de pago del servicio eléctrico de las empresas estatales con las formas no estatales.

Para conocer más detalles sobre este particular, el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, y otros directivos del MINEM comparecieron este jueves en la Mesa Redonda.

¿Cuáles son las opciones que tienen las formas de gestión no estatal?

Luego de la Mesa Redonda del pasado 28 de diciembre las opiniones de la población estuvieron centradas en las modificaciones que se habían hecho al sector residencial, pero a medida que han pasado los días también se escuchan  preocupaciones con respecto a las tarifas implementadas para las formas de gestión no estatal y de los edificios multifamiliares.

Sobre cómo marchan los análisis que se han desarrollado en este campo a propósito de los comentarios de la población, se refirió Tatiana Amarán Bogachova, vicetitular del MINEM.

“Los análisis no se han detenido desde el mismo día que se anunció la tarifa eléctrica para el sector residencial”, aseguró y comentó que recibieron miles de quejas y opiniones al respecto de la tarifa, del sector residencial y desde algunos que desde ahí ejercían alguna actividad de tipo económica dentro de la vivienda. 

Explicó que se realizaron modelaciones y estudios para buscar un equilibrio entre estas formas de gestión, con el objetivo de que al final no se trasladara el precio de la tarifa en el sector residencial hacia el producto o servicio.

Amarán Bogachova abundó que la nueva variante de tarifa será aplicable en las formas de gestión no estatal: bases productivas agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, artistas, creadores y cualquier otra forma de gestión no estatal que se pueda definir en el transcurso de la actualización del modelo económico.

Sobre el motivo de la demora en la modificación de la tarifa, la vicetitular señaló que “los análisis han sido constantes y hasta hace muy pocos días estuvimos trabajando, incluso en modelar, además, a partir de las quejas que recibimos de la población, a los servicios comunes que tienen los edificios multifamiliares, entiéndase el alumbrado de pasillos y escaleras, ascensores y bombeos de agua”.

Anunció que la resolución que aprueba estas nuevas tarifas se emitió este jueves, es por eso que las empresas eléctricas no han empezado la contratación.

Informó que las formas de gestión no estatal, que ejercen la actividad dentro del sector residencial, tienen tres opciones para el pago de la tarifa eléctrica, mientras que aquellas que lo realicen fuera (en un local arrendado, por ejemplo), tienen dos variantes.

La primera variante posibilita que se pueda pagar el 100% del consumo por la tarifa residencial, mientras la segunda permite el pago del consumo por la tarifa aplicada hoy al sector no residencial conectado a la baja tensión. 

La viceministra explicó que la tercera opción es nueva y se aplicará a los servicios comunes de los edificios multifamiliares, e implica una combinación de las dos tarifas anteriores.

Es decir, “las formas de gestión no estatal que ejerzan su actividad dentro del sector residencial podrán pagar los primeros 250 kWh que consuman en el mes, con el mismo precio que tiene este tramo en la tarifa residencial, y en lo adelante pagarían por el precio que tiene el kWh en la tarifa no residencial, que no está subsidiada, es lineal y además no está estructurada en bloques de consumo y tiene un precio el KWh de 3,26 pesos”.

De acuerdo con Amarán Bogachova, esta opción facilita igualar a la forma de gestión no estatal que ejerza la actividad dentro de su vivienda, con el resto de la población, al tener el consumo de los primeros 250 kWh del mes con un subsidio. 

Valoró que esos negocios privados se desarrollan en una vivienda donde convive una familia, con iguales derechos a las demás, y por tanto, “estarían en igualdad de condiciones en cuanto a recibir desde la tarifa , el subsidio que tiene el precio de la electricidad para el sector residencial”.

Hay diferencias en cuanto a las opciones y los precios. Por ejemplo, un cuentapropista que ejerza su actividad dentro de la vivienda y que consuma 250 kWh en el mes, tanto en la tarifa residencial como en esta tercera variante pagarían lo mismo: 281 pesos.

Si en una vivienda se ejerce una actividad de gestión no estatal, por el consumo de 500 kWh se pagaría por la tarifa residencial, 1 531 pesos; por la no residencial pagaría 32 pesos más (1 563), y por la tercera variante (1 062.50).

“La tercera variante resultará siempre la más económica y barata para las formas de gestión no estatal que ejerzan su actividad dentro de la vivienda”, acotó e informó que a partir de estas opciones se comenzarán a hacer los contratos.

La viceministra argumentó que para aquellos que desarrollan hoy su actividad fuera de su vivienda, en una barbería por ejemplo, que hasta este momento pagaban su electricidad con la tarifa aplicada al sector no residencial, a partir de ahora tendrán la opción de escoger, o continúan pagando de esa manera o abonar por la tarifa residencial. 

“Si seguimos con el ejemplo de la barbería. En caso de que no tenga climatización, los consumos no son grandes, porque solo se usa la iluminación y las máquinas de pelado no son altas consumidoras, el trabajador por cuenta propia podría decidir optar por la tarifa residencial y esto le permitiría abaratar el costo que tiene dentro de su actividad el gasto de la electricidad”.

El objetivo fundamental, reiteró, es no cargar sobre los precios de los bienes y servicios que ofertan esas formas de gestión no estatal, el incremento de la tarifa eléctrica. 

A partir de este viernes se podrán hacer los nuevos contratos

El director general de la Unión Eléctrica, Jorge Armando Cepero Hernández, informó que a partir de este viernes los clientes podrán acudir a las oficinas comerciales de esta empresa a hacer los nuevos contratos para optar por las tarifas que más le convenga, en función de la actividad que desarrollen. 

Todas las oficinas del país trabajarán todos los días de la semana, incluyendo los sábados y domingos. “El objetivo principal es que logremos hacer la contratación en el menor tiempo posible, antes de la facturación de este mes. De extenderse lo haríamos entonces hasta el día 15 del próximo mes”, señaló.

En cuanto a los requerimientos necesarios para realizar el contrato, Cepero Hernández mencionó que los clientes deben tener “al día el pago de la electricidad”, o sea no deben tener cuentas pendientes.

También deberán llevar los documentos siguientes: el carnet de identidad, documento que lo acredite como trabajador de alguna forma de gestión no estatal y una fotocopia para anexarla al contrato, así como los datos de la cuenta bancaria a la que se le debitará el monto de la facturación.

En caso de que un consumidor no pueda ir a la oficina comercial en el plazo fijado y para los nuevos incorporados, se le hace el contrato y luego se le pondrá en la tarifa que él opte. “Si es una tarifa que reduce el precio en cuanto a la que él tiene hoy puesta, entonces se le hace la devolución del dinero que pudo aportar de más o simplemente se puede dejar ese financiamiento para cubrir la factura de los próximos meses”.

A propósito del fraude eléctrico

Con relación al debate en las redes sociales sobre un posible fraude eléctrico, el directivo opinó que este criterio está asociado a que más del 90% de los consumidores consumen por debajo de los 350 kWh al mes. 

“Evidentemente dentro de este porciento de los consumidores están los que roban electricidad, lo cual distorsiona nuestra estadística y nos afecta de los resultados de la organización de modo general”, reconoció.

La Unión Eléctrica, de conjunto con las empresas de cada territorio, es responsable de identificar estos casos, en los cuales, dijo, “han estado involucrados trabajadores de nuestro sector”. 

Ante estos hechos de robo de electricidad se aplica lo establecido en el Decreto-Ley 260 que implica el cobro de una multa de 500 pesos al infractor y el cobro de energía retroactiva, que ha dejado de pagar, que puede ser hasta un año por ley, en base a lo que se detecte en el registro, que toma en cuenta cuándo el cliente comenzó a infringir en lo establecido.

Cepero Hernández adelantó que en estos momentos está sujeta a valoraciones una propuesta de este Decreto-Ley, para ajustarla a los nuevos salarios y precios de la electricidad.

El Código Penal recoge en el artículo 325 que por este delito de robo de electricidad se puede aplicar la privación de libertad de 3 meses hasta un año o una multa de 100 a 300 cuotas o ambas inclusive.

“Como decía el ministro, hoy la electricidad tiene un alto porcentaje de subsidio y desde luego le hacen mucho daño a la economía estas pérdidas por estos conceptos”.

Cepero Hernández recordó que el pasado año las oficinas comerciales permanecieron cerradas y estas cifras no fueron tan representativas.