Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, comenzaron las actividades previas al VII período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura, previsto a efectuarse entre el 27 y 28 de octubre.
Se encuentran presentes también en el Palacio de Convenciones de La Habana, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano; y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República.
Los diputados, en formato semipresencial, estudian este lunes los cuatro proyectos de leyes, presentados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en uso del ejercicio de la iniciativa legislativa y en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República de Cuba.
Los proyectos de leyes que se analizarán serán el de Tribunales de Justicia, el del Proceso Administrativo, el del Código de Procesos y del Proceso Penal.
En la ocasión el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio, dijo ante el plenario de la ANPP que diversos actores emitieron casi cuatro mil criterios en el proceso de discusión de tales proyectos legislativos.
Remigio afirmó que fueron recibidas tres mil propuestas, de las cuales el 63 por ciento resultaron aceptadas y un tercio consideradas improcedentes.
El presidente del TSP explicó que la Ley de los Tribunales de Justicia reemplazará a la Ley Número 82 de 1987. El cambio de denominación obedece a que la Constitución aprobada en 2019 así lo recoge en su articulado.
Apuntó que están contempladas 25 propuestas provenientes de igual número de legisladores.
De las consultas especializadas se aceptaron 65 propuestas de funcionarios de base de los tribunales, y otras 10 sugerencias provienen de la población.
El proyecto de ley llega a la Asamblea Nacional del Poder Popular con 42 artículos modificados, siete de ellos con cambios sustanciales.
Remigio aseguró que queda reforzado el principio de actuación colegiada de los tribunales, con paneles de tres o cinco jueces.
Explicó que el sistema de justicia cubano se caracteriza por la participación popular a partir de los jueces legos, con alrededor de 13 mil 500 electos.
Sin embargo, refirió que la mitad de esa cifra no ejerce por diversos factores, lo cual indica la necesidad de realizar elecciones para reemplazarlos en unos 60 municipios del país.
Por su parte el secretario de la ANPP, Homero Acosta, enfatizó en la estructura vertical del sistema de justicia cubano, que no se subordina a ninguna autoridad local y solo lo hace ante el máximo poder estatal, el Parlamento.
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