El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció el rol activo del Gobierno de Colombia en la fallida incursión terrorista del 3 de mayo de 2020, informó este 8 de febrero la prensa local.
En entrevista concedida al diario Últimas Noticias, el titular del Ministerio Público aseveró que testimonios de individuos implicados en la Operación Gedeón, como el desertor Cliver Alcalá, señalan a las autoridades colombianas como cómplices directos en esos planes.
Asimismo, cuestionó la negativa de Bogotá a extraditar a Venezuela a varios detenidos por los organismos de seguridad de Colombia por su participación en la conspiración dirigida a perpetrar magnicidio y golpe de Estado porque, dijo, ‘no lo han hecho porque van a entregar a sus propios cómplices’.
‘Colombia fue partícipe directa de una conspiración de la magnitud gravísima de la Operación Gedeón, (…) fue un Estado parte de esa conspiración junto con los Estados Unidos’, señaló el fiscal general. Revelaciones de la ciudadana venezolana Yacsy Alejandra Álvarez arrojaron recientemente nuevas evidencias sobre las implicaciones de los servicios de inteligencia colombianos en esa fallida agresión paramilitar contra Venezuela.
Álvarez fue detenida en septiembre de 2020 en la ciudad de Barranquilla, por su participación en la fase organizativa de la incursión armada del 3 de mayo de ese año.
En declaraciones a Noticias Caracol desde su lugar de reclusión, reveló detalles sobre el rol de la administración de Iván Duque en los planes para asesinar al mandatario Nicolás Maduro e instaurar un Gobierno de facto.
La procesada señaló que siempre mantuvo contacto con las autoridades colombianas y dijo que ‘la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tenía claro la Operación Gedeón, sabían todo’, indicó al denunciar las pretensiones de las autoridades de usarla para encubrir el intento de golpe de Estado en el vecino país.
De acuerdo con evidencias aportadas por el Gobierno venezolano, incluidos testimonios de mercenarios capturados durante la fracasada incursión paramilitar, esta contó con la organización y ejecución de Silvercorp, propiedad del veterano de las fuerzas especiales estadounidense Jordan Goudreau.
Los términos de la agresión quedaron plasmados en un contrato firmado por Goudreau y personeros del extremismo opositor venezolano, encabezado por el otrora diputado Juan Guaidó, reconocido por la Casa Blanca en enero de 2019 como ‘presidente encargado’.
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