El gobierno de Venezuela y la oposición representada en la Plataforma Unitaria, reanudan este 3 de septiembre en Ciudad de México el diálogo iniciado el mes pasado en esta capital, según lo previsto en el primer encuentro.
Como en aquel momento, el diálogo será privado y no habrá acceso alguno a la prensa en cumplimiento de las reglas del juego establecido en las cuales las partes señalaron que se evitarán declaraciones, ni entrevistas, ni ‘filtraciones’ sino exclusivamente un comunicado aprobado por los negociadores.
La cancillería mexicana, anfitriona pero no parte del diálogo como sí lo es Noruega su mediadora, informó que posiblemente las partes emitan un comunicado al término de las conversaciones igual que en la ronda anterior, sin embargo, dependerá de lo que decidan en esta nueva.
Países Bajos, Rusia, Bolivia y Turquía estarán presentes en su condición de naciones garantes. Jorge Rodríguez, presidente del Congreso venezolano, es el líder del equipo negociador del presidente Nicolás Maduro, y Gerardo Blyde de la Plataforma Unitaria.
En el encuentro inicial firmaron un pliego con el objetivo de emprender negociaciones que conduzcan a acuerdos que lleven a la celebración de elecciones y a levantar sanciones económicas contra el país.
Ambos agradecieron a México y a Noruega su labor para propiciar este diálogo el cual se da a pesar de su complejidad y algunas voces en contra.
En sentido general, el gobierno del presidente Maduro exige el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a funcionarios e instituciones de su país -como la petrolera estatal Pdvsa- señalándolas responsables de la crisis económica que afecta a la nación.
También que le devuelvan el oro secuestrado por el Banco de Inglaterra y levanten todas las sanciones contra Pdvsa, mientras que la oposición pide el ingreso de ayuda humanitaria, excarcelación de partidarios y garantías para las elecciones regionales de noviembre donde participarán.
Fuera del diálogo, la administración del presidente estadounidense Joe Biden se declaró dispuesta a revisar las sanciones que heredó, aunque bajo la condición de ‘un progreso significativo en la negociación’, sin definirlo.
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