Impacto de medidas coercitivas de EE.UU. pesa en ecuación contra Cuba

A la hora de plantear la ecuación sobre la situación de Cuba, urge tener en cuenta el sistema de medidas coercitivas unilaterales que aplica el Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

El profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Habana Ernesto Moreira, al intervenir en el espacio de reflexión realizado de forma virtual Cuba en la hora actual, reconoció el impacto de las disposiciones mantenidas por Washington, recrudecidas en medio de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el experto, el país norteño influye en el sistema de relaciones a nivel mundial solo para afectar a la isla, y utiliza su posición en el mercado como un arma con ese propósito.

En este sentido, dijo que las decisiones de la Casa Blanca inciden en los vínculos económicos de La Habana, limitan los intercambios, prohíben el uso del dólar estadounidense y cortan el acceso a mecanismos financieros internaciones, todo con la finalidad declarada de provocar un cambio de régimen en la nación caribeña.

Debido a la permanencia de estas imposiciones, Cuba puede comprar a entidades fuera del país norteño, pero artículos que no tengan un 10 por ciento o más de componente norteamericano, y algunos bancos niegan hacer operaciones con La Habana por temor a las sanciones, ejemplificó.

Asimismo, recordó, una vez que el territorio insular logró adquirir un bien, el barco que lo transporte tiene que esperar seis meses antes de poder ir a puerto de la nación norteña, lo cual aumenta los costes de las transacciones.

Enfatizó en que si bien Estados Unidos tiene derecho de comerciar con quien desee, la aplicación de medidas coercitivas con el objetivo de subvertir el orden va contra el principio de no intervención en los asuntos internos de las naciones, al tiempo que viola la inmunidad de jurisdicción de Cuba.

Moreira explicó que muchas de las agresiones son justificadas en el imaginario con el hecho de que supuestamente son para enmendar los daños económicos provocados por la expropiación de propiedades luego del triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.

Sin embargo, rememoró cómo el Memorando Mallory, documento de Washington que fundamenta el bloqueo contra la isla, desde 1960 dejó clara la intención de buscar una crisis económica a lo interno del país, para generar descontento hacia el Gobierno y favorecer la caída del mismo.

También las leyes Torricelli y Helms-Burton combinan las disposiciones de orden económico con las medidas que pretenden estructurar un cambio de régimen.

Por ello, la idea de que estas decisiones coercitivas tienen un propósito de resarcimiento de las afectaciones, es insostenible, y los objetivos van más allá, insistió el experto.

Ante esta situación, Moreira remarcó que determinar sobre el sistema político de Cuba corresponde solo a la sociedad, y no es competencia de ningún otro país.