Sin licencia no se puede pescar

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Desde el Reparto 11 de Diciembre S/N, Camino El Médano, en Tunas de Zaza, escribió a esta sección el pescador Rafael Pelegrín Pérez para dar cuenta de su inconformidad con la multa que le fuera impuesta el 18 de junio pasado como resultado de una inspección por parte de la Oficina Nacional de Inspección (ONIE).

Tras apuntar que lo sucedido ocurrió en la madrugada del citado día, especifica que los inspectores detectaron, en su caso, una infracción y aplicaron, en consecuencia, el artículo No. 32, inc. 1) de la ley 129 “Ley de pesca”, con una multa de 5 000 pesos y una medida accesoria de cinco años sin poder ejercer ninguna licencia de dicha ley.

“Hago mi reclamación dentro del plazo establecido, alegando que soy el sustento de una familia conformada por mujer y dos hijos de dos y ocho años y que en mi comunidad la fuerza de trabajo se basa precisamente en esa forma de empleo. En el momento de la inspección no me encontraba con la referida licencia, ya que no contamos con una sola oficina en la localidad que realice este tipo de trámite, fuera del Contrato de pesca, que por sí solo carece de validez, y por motivos de la pandemia se hace imposible la transportación de forma fluida hacia el municipio de Sancti Spíritus y el puerto de Casilda”, exponía en su misiva.

Y agregaba: “Al parecer no se tomaron en cuenta mis argumentos (demostrados) y procedieron según dicta la Ley. Estoy de acuerdo con la multa, que no deja de ser sustancial para cualquier persona, pero no así con la medida accesoria, ya que la veo arbitraria e inhumana. Vale preguntar: Si los trámites legales están parados por la COVID-19, ¿por qué el motivo de las inspecciones?…”.

Este órgano de prensa entabló diálogo con Iraldo Romero Betancourt, director de la Oficina Nacional de Inspección en Sancti Spíritus, subordinada al Ministerio de la Industria Alimentaria. “Ciertamente, se formuló la reclamación dentro del plazo debido y tras el análisis, el día 21 de julio, la declaramos sin lugar, de lo cual se le notificó en esa fecha al reclamante”, alegó la fuente.

De acuerdo con lo expuesto por Romero Betancourt, el remitente omitió elementos importantes en la decisión que se tomó; por ejemplo, en primer lugar, que él no poseía, al momento de detectarse la infracción, la licencia que se necesita para poder ejercer la pesca comercial privada. Es decir, la practicaba de forma ilegal.

Además de ello, significó que con motivo de la situación de pandemia por COVID-19 no se han detenido todos los trámites legales, como él afirma, y que específicamente en Tunas de Zaza estuvo disponible la solicitud de ese tipo de licencia antes de los hechos, sin embargo el implicado no se personó a realizar dicho trámite.

“Hubo personal nuestro en la UEB Pescazaza en función de dichas gestiones en cinco oportunidades y se les avisó a los 105 pescadores que requieren la licencia; la mayoría acudió y solo no lo hicieron algo más de 10, entre los cuales figura el remitente”, alegó.

“Existe también otra facilidad, y es que hay todos los días laborables, excepto los jueves, un inspector presente en la industria de aquella localidad, Induzaza, que tiene en su poder licencias para otorgar en ese tipo de casos; tampoco a esa variante acudió él”, abundó la fuente.

Añadió, asimismo, que la medida administrativa por violación de la Ley No. 129, Decreto No. 1, artículo No. 32, inc. 1), con su correspondiente medida accesoria, puede ser apelada ante la autoridad que el recurrente decida: Fiscalía General de la República y sus instancias provinciales, Tribunal Popular y Ministerio de la Industria Alimentaria.