Cuba investiga la participación de las personas en los disturbios del 11 de julio, y desarrolla los procesos judiciales con transparencia y respeto a los derechos de los involucrados, ratificó este sábado la fiscal general Yamila Peña.
En conferencia de prensa, la voz autorizada señaló que avanzan en la conformación del material probatorio de las causas, con el fin de que lo presentado a los tribunales pueda ser juzgado de manera objetiva.
Las sanciones estarán a tono con lo establecido en la Constitución de la República, las leyes y en cumplimiento del debido proceso, y habrá mayor severidad en aquellos casos más graves, puntualizó.
Entre estos últimos, precisó Peña, están las causas en las cuales haya evidencias de que los ciudadanos organizaron, promovieron o financiaron los sucesos con mayor impacto en la seguridad colectiva y la tranquilidad de la nación.
De acuerdo con la fuente, hay avances en cuanto a las entrevistas de los acusados, lo cual permitió adoptar decisiones procesales.
Según detalló la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ya algunas personas fueron puestas en libertad, en tanto otras recibieron medidas administrativas.
Hay otros hechos de extrema violencia y con mayor connotación, y esas indagaciones necesitan de más tiempo, dijo.
En los acontecimientos del 11 de julio, algunos prolongados al día 12, existieron agresiones contra personas, entidades, bienes, instigación a delinquir y a subvertir el orden constitucional, de ahí la urgencia de, con las pruebas pertinentes y responsabilidad, demostrar la participación de los sujetos, remarcó.
Acotó que ese órgano, desde el cumplimiento de sus funciones, garantiza que todos los ciudadanos sean respetados, lo cual es aplicado en cada proceso, incluso los solucionados en un menor lapso de tiempo.
De igual forma, mencionó la voluntad de la Fiscalía de atender y orientar al pueblo por medio de los diferentes canales (de manera personal, vía telefónica, en el portal web o en las redes digitales), y de tramitar posibles quejas y ofrecer una respuesta.
Los recientes disturbios en distintos puntos de la isla dieron lugar a investigaciones penales en Cuba sobre presuntos hechos delictivos, y la FGR tiene como misión el control de las investigaciones y de lo establecido en la Constitución, leyes y disposiciones, acotó Peña.
Además, reafirmó el compromiso de siempre proteger el orden público y la tranquilidad de las personas.
Autoridades de la nación caribeña acusaron a Estados Unidos por su complicidad en los sucesos del 11 de julio, a partir del uso de herramientas tecnológicas y de la difusión de noticias falsas para estimular a la desestabilización.
Desmienten supuesta avalancha de juicios tras disturbios en Cuba
El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, desmintió este sábado que en Cuba haya existido una avalancha de procesos judiciales tras los disturbios del 11 de julio y condenó la manipulación del tema.
Durante una conferencia de prensa, la voz autorizada denunció que en días recientes fueron difundidas falsas noticias en las redes digitales con el fin de cuestionar la legitimidad y transparencia de los juzgados cubanos.
Recordó que ese órgano funciona con independencia de cualquier otra institución del país y que los jueces solo deben obediencia a las leyes y a lo establecido en la actual Constitución de la República.
Según acotó, hasta ahora los tribunales municipales decidieron sobre 19 procesos judiciales, en causas que involucraron a 59 personas acusadas por acciones durante los disturbios, por lo cual no existe tal ‘avalancha’, dijo.
Remigio Ferro remarcó que esa matriz de opinión presente en redes sociales forma parte de la campaña de subversión y descrédito desplegada contra Cuba, en medio de la guerra no convencional instigada y financiada desde Estados Unidos.
De acuerdo con esa fuente, a los lugares donde se administra la justicia llegaron en los últimos días casos sobre todo vinculados con delitos de menor gravedad, y las penas fueron de multas, de libertad controlada o prisión por corto tiempo.
Enfatizó en que todos los procedimientos cumplen con las leyes vigentes en la nación caribeña y garantías, e insistió en el derecho a la defensa de las personas acusadas.
El presidente recordó cómo prevalece en el sistema del TSP el principio de presunción de inocencia, en el cual hay que demostrar la ocurrencia de los delitos a manos de los sujetos.
En los acontecimientos del 11 de julio en distintos puntos de la isla, algunos prolongados al día 12, existieron agresiones contra personas, entidades, bienes, instigación a delinquir y a subvertir el orden constitucional, y por ello dieron lugar a las investigaciones penales en curso.
Ponderan defensa de acusados por delitos durante disturbios en Cuba
Los abogados en Cuba defendieron con respeto, honor y dignidad a los presuntos acusados de cometer delitos en los recientes disturbios, aseguró la presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Lilia María Hernández.
En un encuentro con la prensa, la funcionaria precisó que los profesionales del sector garantizaron la atención de los familiares que fueron en busca de esa representación legal.
Mencionó que incluso en la propia sede de los tribunales tuvieron lugar consultas y determinadas asesorías.
Según explicó, en estos momentos ocurre el proceso de apelación y hay decenas de contratos fundamentalmente en las provincias de La Habana, Matanzas (ambas en el occidente del país) y Santiago de Cuba (oriente), dijo.
Hernández hizo énfasis en cómo los trabajadores del gremio tienen la aspiración máxima de representar el interés privado de las personas.
En este sentido, señaló el reconocimiento de los familiares de los involucrados en los acontecimientos recientes, quienes mostraron confianza en las defensas durante los juicios penales, aseveró.
La Organización Nacional de Bufetes Colectivos agrupa a abogados con prestigiosa trayectoria en el ejercicio de la profesión, encargados de asesorar, representar y defender a personas naturales y jurídicas, detalló la presidenta.
Las oficinas a lo largo del país siempre están abiertas, e incluso en medio de la pandemia de la COVID-19 la entidad concilió que siempre haya especialistas para garantizar el servicio jurídico, ya sea mediante las consultas gratuitas a todos los ciudadanos o por contrato.
De acuerdo con la Constitución de la República, los cubanos tienen derecho a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso penal, a la presunción de inocencia hasta tanto haya una sentencia firme en su contra, y a ser tratados con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral.
Las instancias competentes avanzan en las investigaciones sobre los hechos vandálicos y ataques a personas, bienes, entidades y autoridades ocurridos el pasado 11 de julio, alentados desde las plataformas digitales y en medio de una feroz guerra mediática contra la isla, de acuerdo con autoridades cubanas.
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