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Ella aprendió que él controla, manda, mantiene económicamente. A los primeros cuestionamientos, críticas y exigencias no les dio importancia. Luego llegaron sus primeras respuestas y entonces la ira y amenazas aparecieron: “Si no eres mía, no serás de nadie”, se cansó de gritarlo a los cuatro vientos.

Pasadas muchas tormentas, ella logró cerrar la puerta. Mas, en una fría madrugada, él supo encontrar una fisura. Regresó la tempestad por unos instantes. Un chasquido filoso devolvió el silencio, ahogado por el olor a fin de año.

No es una ficción. Resulta apenas uno de los ejemplos que integran la cifra de casos de un problema social: asesinatos de mujeres y niñas por el hecho de serlo, resume Tachi Arriola Iglesias, experta ecuatoriana en el estudio de ese fenómeno con raíces que van desde lo individual hasta lo colectivo.

Su existencia ha llegado más por titulares foráneos que por los hechos ocurridos en el escenario nacional. Sin embargo, tema tabú al fin, durante años en Cuba solo emerge a la luz pública cuando instituciones y organizaciones abogan por asumir políticas con perspectiva de género o la denuncia de un hecho revuelve las redes sociales; una verdadera deuda si hasta en el discurso de clausura del VIII Congreso del Partido el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoce la existencia de ese fenómeno en nuestro país.

Tal contradicción motivó a Escambray a lanzarse a la investigación para auscultar un fenómeno que, en Sancti Spíritus, de forma fría, resume no pocos hechos en los últimos tiempos: dos en el 2020, cuatro en el 2019 y dos en el 2018, según estadísticas del Grupo Provincial de Medicina Legal. Y, aunque en comparación con otros delitos y el número de habitantes esas cifras no marcan tendencia, mucho menos si se cotejan con las del resto del continente, sí mueven el debate y desvelan.

“Con que exista un solo caso ya es preocupante —afirma Marcel Díaz Ramírez, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez—. El sistema social y político tiene que ser capaz de identificarlo para prevenir y así evitar la muerte de una mujer”.

CON NOMBRE PROPIO

“Fueron las feministas anglosajonas quienes introdujeron el concepto de femicide —añade la investigadora ecuatoriana— y en América Latina la mexicana Marcela Lagarde, continuando con Diana Russell, lo tradujo como feminicidio para calificar a los crímenes de Estado y añade un concepto clave: la impunidad. Declara que es el Estado el obligado a garantizar a las mujeres el derecho a la vida, a la no violencia, a la integridad personal, igualdad y la no discriminación”.

A su juicio, es necesario reconocer sus diferencias con el término femicidio: “La propia Lagarde señala que es una voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de mujeres víctimas de cualquier acto delincuencial”.

Intentar calcar con precisión el término feminicidio a la realidad cubana resulta complicado. Con solo leer el Capítulo I del Título V de la Constitución de la República de Cuba: “El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello”, se comprende por qué no se nos ajusta la nomenclatura que se maneja en gran parte del orbe.

Sobre esas particularidades, la socióloga Lisbet Muro García alerta: “Los asesinatos no son impunes porque se juzgan, pero lo mejor sería que no ocurrieran gracias a prácticas y estrategias públicas. Por eso pienso que es necesario categorizarlo como un delito, pues creo que el fenómeno pasa desapercibido”.

Y es que los asesinatos a mujeres y niñas por esa condición no encuentran reconocimiento ni respaldo legal en ningún documento oficial. Fue noticia en el 2019, cuando nuestro país publicó, por vez primera, en el Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030, la incidencia en el 2016 del término femicidio.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) no revela números que permitan conocer el comportamiento de ese problema social, y el Anuario Estadístico de Salud solo incluye las muertes por agresión por sexo (1 305 mujeres entre 2010 y 2019). Si bien dichos datos facilitan un acercamiento a la cantidad de cubanas fallecidas por causa violenta, no posibilitan conocer cómo se produjeron ni si estas muertes son el resultado de alguna forma de violencia de género o de otro hecho delictivo.

También es tendencia que la cifra de muertes de hombres supera la de mujeres, según las estadísticas nacionales y provinciales. En su mayoría, los varones pierden la vida en manos de personas de su mismo sexo. En cambio, las cubanas lo hacen, casi siempre, víctimas de sus parejas o exparejas. Fue tal vez por eso que nuestro país declaró en el 2016 al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe que su incidencia fue de 0.8 casos por cada 100 000 cubanas mayores de 15 años.

Ello responde a lo revelado en ese propio año por la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, liderada por el Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la ONEI: el 39.6 por ciento de las pesquisadas y el 43 por ciento de los varones estimaron que la agresión es un problema interno de la pareja y que nadie debe inmiscuirse.

“En Sancti Spíritus ha sido frecuente que las fallecidas han formado parte de una relación de pareja disfuncional y prima la utilización de arma blanca con ensañamiento”, explica Mislady García Hernández, especialista en Medicina Legal desde el 2011.

Mas, el fenómeno puede aparecer en otros contextos como el familiar y público. Por ello, en nuestro país instituciones como la FMC, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y la Campaña Evoluciona lideran acciones diversas para erradicar la llamada “pandemia silenciosa”.

Incluso, varios de los debates han pedido, sin medias tintas, que el término se tipifique en el Código Penal, el cual no tiene hoy una visión diferenciadora para los casos de violencia por motivos de género.

De hecho, ni el profesor Marcel Díaz Ramírez ni María Esmeralda Pérez Pérez, jefa del Departamento de Proceso Penal de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus, consideran necesario realizar cambios al respecto en el sistema jurídico penal.

“Aunque no hay distinción, el tribunal sí valora circunstancias y repercusión del hecho, lo que permite hacer una adecuación de la sanción. La protección a la mujer siempre está presente. Incluso, ha sido tendencia que los comisores no declaren y los testigos rechacen enérgicamente lo ocurrido”, aclara la fiscal.

“Cada caso es único, por tanto, tiene que analizarse como tal. Tenemos que ser más consecuentes con las circunstancias agravantes, las cuales te permiten distinguir, por ejemplo, si se cometió el delito con abuso de poder o después de haber sido objeto de una advertencia oficial”, acota el profesor.

Igualmente coinciden en que la solución del fenómeno no está al dictar sentencia, sino en un trabajo preventivo, de sensibilización y educativo, desde los órganos estatales judiciales, la familia y la sociedad.

“En el Departamento de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía se atiende a aquellas mujeres que reclaman sus derechos vulnerados. Incluso, cuando ocurre un hecho delictivo donde hay una involucrada o sea víctima, la familia es nuestro centro de atención. Desde aquí se proponen acciones a los organismos que tienen que dar seguimiento a cada caso y se controla su cumplimiento. También hemos recibido a víctimas de amenaza —delito tipificado en el Código—, fundamentalmente, por existir discrepancia entre las relaciones interpersonales entre ellas y el victimario. No obstante, muchas veces por la propia presión social, familiar y sentimental, piden que no se continúe con el proceso. Nos enfrascamos, entonces, en buscar elementos probatorios del hecho con otros testigos y solo cuando no se encuentran es que se archiva”, alega María Esmeralda Pérez.

“Hay que ser consecuentes, porque quizá algunos de los sucesos ocurridos tuvieron advertencias previas, pero no se les dio un seguimiento adecuado. La ciudadanía tiene que exigir siempre sus derechos”, insiste Díaz Ramírez.

EN COMUNIÓN SE VIVE MEJOR

Al principio las rosas rojas y mensajes cariñosos al celular adornaron sus días. En la primera llegada pasado el horario de trabajo una mueca de disgusto la recibió. No demoraron en añadir ofensas, manotazos al aire, que luego se posaron en su cuerpo. Cero salidas sola y mucho menos conversaciones sin su presencia.

La alegría poco a poco se ahogó por la tristeza, hasta que una tarde las mismas manos que la hicieron flotar de placer se apretaron alrededor de su cuello.

Este es otro de los hechos que en predios espirituanos revelan el trasfondo del femicidio: la histórica relación de poder social entre hombres y mujeres, donde el rol masculino es superior y, por tanto, su intención es dominar; cánones y roles de la ideología hegemónica patriarcal que subordinan al ser femenino.

“El desafío está, para uno y otro sexos, en revaluar las concepciones que hoy sostienen a las instituciones sociales: familia, escuela…, a fin de educar y formar, según los códigos de la igualdad y la equidad”, expresa Muro García.

Y aunque hoy encontramos muchas mujeres empoderadas y hombres que no discriminan —gracias en buena medida a las políticas de la Revolución cubana, la misma que acaba de aprobar el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres—, también están quienes reproducen los estereotipos sin darse cuenta, sin intención de ser víctimas o victimarios.

“Se transversaliza desde el componente cultural. La persona puede entender que tiene derecho a transgredir la intimidad e individualidad de la otra, sobre todo si lo aprendió en las primeras edades —reflexiona Nailé Wert Coello, máster en Sexualidad—. Socialmente estamos condicionados a que la mujer debe ser dócil, buena esposa y madre, mientras que el hombre es fuerte, lleva la voz del mando. Y, en el caso de la violencia, es un patrón que se reproduce”.

Una mirada exhaustiva a este tipo de hechos en Sancti Spíritus alerta sobre algunas coincidencias: predominan autores y víctimas jóvenes y han convivido por largos períodos en relaciones disfuncionales.

“La violencia dentro de la pareja tiene un ciclo que en cada fase se agudiza. Lo que empieza por la violencia psicológica puede terminar en agresión física, violación sexual o en la última fase: el asesinato. Esta no se enfrenta con más violencia. Se precisa buscar ayuda, tanto en los centros de atención de la salud como en los órganos policiales y judiciales. Además, las familias de las víctimas necesitan del acompañamiento de especialistas para superar la etapa de duelo”, refiere Wert Coello.

Igualmente, la especialista alerta sobre otro indicador: los sucesos ocurridos aquí predominan en zonas rurales.

“No podemos olvidar que el contexto interviene en la construcción de los seres sociales a la hora de ser capaces de enfrentar determinada situación. Pero, este fenómeno no se circunscribe a una edad, nivel escolar, contexto, color de la piel”, insiste.

“De ahí la importancia del trabajo comunitario con la participación de los organismos del Estado, organizaciones de masas, familia y escuela para crear espacios de intervención con sus propios actores sociales, así como implementar políticas de género para fomentar servicios de información, sensibilización y educación”, opina Muro García, profesora universitaria.

En ese sentido, desde 1997 la FMC actúa como coordinadora del grupo de trabajo que a nivel nacional enfrenta la violencia contra las mujeres y las niñas. En territorio espirituano ha protagonizado muchas acciones, aunque siempre serán insuficientes, de acuerdo con Belquis Díaz Jiménez, secretaria general de la organización en la provincia.

“Insistimos en el trabajo en los sectores más vulnerables porque aún nuestra Casa de Orientación a la Mujer y la Familia no es reconocida mucho más allá del espacio físico. Por tanto, es ínfima la cifra de personas que buscan la ayuda de nuestros especialistas. También tenemos que capacitar mucho más, desde la base de nuestra organización hasta el recurso humano que labora en las instituciones y órganos responsables de detectar y conducir, sin revictimizar, tanto a las víctimas de violencia como a sus familias. Por ello, no considero que sea necesario crear centros de atención especializados, sino exigir que los organismos competentes denuncien, enfrenten y acompañen”.

Reconoce, además, que los medios de comunicación son imprescindibles en esta batalla. A lo que Lirians Gordillo Piña, periodista de la Editorial de la Mujer, suma que debe ser considerado como un caso de interés para las agendas mediáticas.

Con tales opiniones, algunos datos y los evidentes deseos de hacer, este problema social se coloca en Sancti Spíritus como un asunto público y permite analizar los cambios que se necesitan para despojar del imaginario social la histórica tolerancia hacia las expresiones de desigualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto que requerirá de mucha constancia, sistematicidad y exigencia desde la esfera gubernamental y el seno familiar, con estrategias de sensibilización, educación, prevención y enfrentamiento.

Afortunadamente, a diferencia de otras partes del mundo, tenemos a favor la voluntad de un país para voltear, de una vez y por todas, el rostro a esta pandemia silenciosa.