Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Alejado de las personas que a coro dicen que son las primeras en la cola, Roberto Morales solo observa, detrás de su impotencia, cómo se repiten algunos rostros que vio el pasado jueves, uno de los días de la semana en que se reparten números para algún trámite en las oficinas de distribución de gas en Sancti Spíritus, y se pregunta: “¿Cuántas veces más tendré que venir para arreglar la tarjeta, ya deteriorada por los años de uso? ¿Dónde está el enfrentamiento contra coleros y revendedores?”.
Y lleva razón en sus cuestionamientos, ya que, si bien en medio de la pandemia se fortalecieron esas fuerzas y los grupos actuaban consecuentemente con la escasez y el momento, el problema persiste y resulta escasa la actuación preventiva de esos colectivos que no solo se crearon para cuidar las colas; se organizan también con la misión de combatir las indisciplinas generadas en las afueras de los establecimientos y los actos de reventa o acaparamiento, entre otras conductas delictivas.
No por casualidad, en un análisis sin tapujos acerca de las ilegalidades, el robo y los precios abusivos que se imponen a la población sin basamento económico alguno, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez subrayó: “Nosotros lo que no podemos permitir es que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan”, al tiempo que alertaba: “Ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del Socialismo”.
Se sabe que ningún sistema de distribución y venta de productos es capaz de satisfacer a la población cuando en realidad el gran problema radica en la escasa oferta de productos imprescindibles o de primera necesidad como resultado de la crisis económica que atraviesa el país, pero en ese escenario hay que hacer el máximo para que se reparta lo poco entre muchos de manera equitativa.
Los destacamentos constituidos suman 144 (muy pocos si se tiene en cuenta el nivel de ilegalidades), que agrupan a 836 personas, de ellos, 515 de los CDR, FMC, CTC, y ACRC; 258 de organismos y 63 de otras esferas, y los centros comerciales seleccionados alcanzan la cifra de 213, fundamentalmente unidades de las cadenas de Tiendas Caribe y Cimex, bodegas, farmacias, Mercados Agropecuarios Estatales, panaderías y puntos de venta de gas licuado.
Según trascendió en reciente análisis del tema en el Consejo de Gobierno, al cierre del mes de septiembre en Sancti Spíritus se habían realizado 17 711 acciones contra coleros y revendedores, entre las que destacan más de 2 000 multas, cerca de 5 000 advertencias y una cifra similar de medidas profilácticas, entre otras operaciones.
Se han procesado, además, 987 casos generados por tipicidades delictivas que van desde la actividad económica Ilícita, acaparamiento, especulación, tráfico de monedas, receptación, hasta el atentado y la desobediencia, entre otras.
Sin embargo, también se evidenció el escaso trabajo de esos grupos en municipios ante un escenario de negocios que, en el caso de esta provincia, ha mutado de las tiendas que venden insumos controlados por la libreta (modalidad que ha ganado en organización) hasta las farmacias, la cola del gas, del combustible y de las oficinas de trámites legales, llámese bufete o notaría, por solo poner algunos ejemplos de reventas de turnos al por mayor por parte de coleros que, dicho sea de paso, se organizan en grupos: hoy me toca a mí y mañana a ti y no hay para nadie más.
Y ni hablar de las plataformas digitales en las que, sin saber la procedencia, cualquier usuario te vende una caja de pollo, aunque este esté ausente del mercado, mientras otros lo mismo comercializan neveras, ollas, aseo, perfumes, cajas decodificadoras, cemento y hasta medicamentos, todo un mercado subterráneo con precios de otro planeta y al libre albedrío sin que nadie se pregunte de dónde salen esas mercancías.
Le sobran razones al Presidente cubano cuando decía que pocas personas pueden pagar el precio de lo que se vende de manera ilegal, pero sucede que está vendiendo un grupo de personas, muchas veces sin vínculo laboral. Y ¿quiénes lo pueden pagar? Aquellos que tampoco trabajan y se dedican a lo mismo. Por eso afirmaba: “Se nos ha creado una casta dentro de la cual se produce un intercambio mercantil ilegal y corrupto, con una economía sumergida e ilegal. ¿Y eso es Socialismo, eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que provoca desarrollo? No, no lo es. El concepto de nosotros tiene que ser crecimiento económico con desarrollo social”.
La dirección del país ha establecido un nuevo plan integral y minucioso, que contiene más de 40 directivas generales encaminadas a un mayor enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, va dirigido también al fortalecimiento de las acciones de control para reducir el robo de todo tipo.
Se trata de un programa bien pensado, pero que de nada vale si los responsables siguen ciegos, sordos y mudos ante ilegalidades en la comercialización de productos y servicios, los precios irracionales y abusivos que hasta ahora no tienen la intención de bajar, y de la disparatada red de “negocitos” de cualquier cosa, a cualquier precio, en más de una casa de cualquier cuadra y a la vista de todos, porque “muchas de estas cosas suceden porque no hemos actuado desde las facultades y las responsabilidades que tienen nuestras instituciones”.
Para acabar con el desparpajo público de quienes ni siquiera esconden su dirección en las redes y triplican precios de insumos ausentes en el mercado se tienen que cerrar las grietas que perduran en el enfrentamiento a coleros y revendedores, hay que fortalecer los cuerpos de inspectores, incrementar la efectividad en la imposición de multas y también en la gestión de cobro.
También hace falta voluntad y decisión para poner orden, velar por la licitud de los productos puestos a la venta, así como el control de zonas, áreas o espacios públicos de comercialización. Dicho de otra forma, hay que ponerle carácter al enfrentamiento para frenar la descontrolada venduta que, en río revuelto, es ganancia para unos pocos y un estrago permanente en el bolsillo de los cubanos.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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Tengo que asistir a un postgrado al menos de maestría para saber cuando uno de mis comentarios que cunple con esto no se publica como es el caso del último sobre tu artículo.
Estoy muy, pero muy de acuerdo con su Escrito, Carmen, Pero me pregunto la dirección del Gobierno, el Partido y del Cuerpo de inspectores, porqué no actúan , y en especial estos últimos, que llegan a un puesto de venta, cafeteria, etc, y si ponen multas, mas bien personalizadas, (en especie) y todo sigue igual, Hay que renovar ese cuerpo de inspectores, creo que las FAR, y el Minint, podría apoyar en eso. Con listados de precio acordes a la percapita de un Espírituano piso de tierra.