Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La defensa del fundador de WikiLeaks Julian Assange presentó este 26 de agosto al Tribunal Superior de Londres nuevos argumentos para fundamentar su apelación contra la decisión de la justicia y el gobierno británicos de extraditarlo a Estados Unidos.
Según la Campaña contra la Extradición de Assange, los “motivos perfeccionados de la apelación” están relacionados con el veredicto de una jueza de primera instancia que en enero de 2021 bloqueó la extradición, y con la orden de entregarlo a los fiscales norteamericanos cursada en junio pasado por la ministra del Interior, Priti Patel.
El texto señala que en el caso del gobierno estadounidense, se argumenta que el periodista australiano, quien está encerrado en una cárcel de máxima seguridad británica desde 2019, está siendo juzgado y castigado por sus opiniones políticas.
También se alega que el pedido presentado por Estados Unidos viola el tratado de bilateral firmado por Londres y Washington y el derecho internacional que prohíbe la extradición por razones políticas.
Desde que se emitió el último veredicto surgieron nuevas evidencias de que la persecución de Estados Unidos contra mi esposo es un abuso criminal, afirmó Stella Assange, esposa del fundador de WikiLeaks, citada en el comunicado.
De acuerdo con Stella, quien ayer se reunió en Ginebra con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, los jueces del Tribunal Superior deberán decidir ahora si le dan a Assange la oportunidad de exponer su recurso de apelación en una audiencia pública.
La semana pasada, un grupo de abogados y periodistas interpusieron una demanda en Nueva York contra la Agencia Central de Inteligencia norteamericana y su entonces director, Mike Pompeo, por espiar sus conversaciones cuando visitaban al ciberactivista durante el tiempo que estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
Estados Unidos pretende enjuiciar al fundador de WikiLeaks por sacar a la luz crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Iraq y Afganistán, y miles de archivos secretos del Departamento de Estado.
De ser juzgado y declarado culpable por un tribunal estadounidense, el ciberactivista podría ser condenado a 175 años de cárcel a partir de 17 cargos relacionados con la ley de espionaje que se le imputan.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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